El nacionalismo hace caja sin concesiones visibles
Financiación, inversiones y competencias son los objetivos inmediatos que no impiden a los Gobiernos vasco y catalán mostrar sus demandas de máximos.
La nueva Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha anunciado el acuerdo con la Generalitat para ampliar el aeropuerto barcelonés con una inversión de mil quinientos millones de euros. Además ha comprometido que la Alta Velocidad ferroviaria llegue a los aeropuertos de Girona y Reus, lo que no se ha hecho en ningún otro lugar. En paralelo se han iniciado conversaciones para el traspaso de 56 competencias varias a dicha Comunidad. El presidente de Cataluña se ha apresurado a ratificar que siguen demandando amnistía y autodeterminación. Pocos días antes el Presidente del País Vasco condicionaba su asistencia a la Conferencia de Presidentes al traspaso de varias competencias sobre recaudación fiscal. Las obtuvo de inmediato pero al día siguiente el Presidente del PNV se quejaba de los modos del Gobierno estatal y recordaba que tienen muchas competencias pendientes.
No es nada nuevo. La lógica del Estado de las Autonomías desde hace muchos años consiste en descubrir nuevos flecos competenciales, hacer de ellos agravio y finalmente lograrlos cuando los votos nacionalistas son imprescindibles para la estabilidad. Como objetivo último, consagrar la relación bilateral con el Estado frente a la multilateral, mantener un estatus diferenciado frente a otras Comunidades y borrar cualquier presencia de la Administración estatal sobre el territorio propio.
Para calmar las revueltas aguas de las demás Autonomías, el Gobierno ha repartido 10.500 millones de euros a cuenta de las transferencias europeas si bien el detalle territorial no se ha publicado. Se va visualizando el nuevo marco conceptual, un sistema multinivel se llama ahora. Concepto, añadamos, que no figura en la Constitución y cuyos riesgos políticos son evidentes.
La tendencia uniformadora y federalizante debe llevar a homogeneizar el techo competencial de todas las Comunidades con los matices oportunos. No existe razón alguna, política, administrativa o jurídica para que ello no ocurra en un plazo más o menos breve. A buen seguro los diferentes Gobiernos territoriales estarán ya cuantificando los traspasos competenciales que les corresponderían y elaborando los argumentarios correspondientes.
Sin embargo subsiste la perplejidad ante un modelo territorial siempre abierto, sujeto a la presión política de quienes no se recatan en cuestionar al tiempo las propias bases constitucionales. Podría decirse que el modelo seguido alimenta las demandas pues las posiciones maximalistas siempre tienen premio. Es lo que ha venido a recordar la Presidenta madrileña al amenazar con boicotear la Conferencia de Presidentes si dicho mecanismo de coordinación multilateral no cumple su función.
La voluntad exclusivista del nacionalismo es constante. Estos días se discute la candidatura para los Juegos Olímpicos de invierno de 2030. El Gobierno catalán pretende organizarlos en los Pirineos, con el respaldo del Gobierno estatal pero minusvalorando las posibles sedes complementarias en el Pirineo aragonés. Lejos de presentarse como la candidatura de España para celebrar en los Pirineos, se presenta como la candidatura de un territorio, en forma que abre un conflicto.
La tensión territorial debilita al Gobierno mientras proporciona argumentos a la oposición. Si los acuerdos bilaterales son percibidos como discriminatorios para otras Comunidades, los discursos victimistas encontrarán eco. Si además no son fruto de acuerdos con contrapartidas, será mucho más difícil justificarlos. Un dilema que el Gobierno debe resolver. @mundiario
