MUNDIARIO publica las propuestas presentadas en el seminario contra la corrupción

Este 22 de mayo se ha celebrado el segundo de los tres Seminarios-debates contra la corrupción, organizados por Transparencia Internacional España. En este Seminario se ha abordado el tema: Investigación penal y prevención de la corrupción, y en el mismo han  intervenido los ponentes: José Antonio Martín Pallín (Magistrado emérito Tribunal Supremo), Alejandro Luzón (Fiscal Anticorrupción), Silvina Bacigalupo (Catedrática de la UAM), Fernando Jiménez (Profesor Titular de la Universidad de Murcia), José Antonio  Gómez Yañez (Profesor de la Universidad Carlos III), José Luis Olivera (Comisario Principal Cuerpo Nacional de Policía), y Manuel Villoria (Moderador).

MUNDIARIO  recoge los aspectos básicos abordados y las propuestas realizadas por cada uno de los ponentes del Seminario:

JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN (Magistrado emérito Tribunal Supremo) 

- La mejor política criminal es la preventiva, y aquí tiene un papel fundamental la transparencia como método esencial de prevención.

- Es muy importante y necesario en la lucha contra la corrupción el papel de la Agencia Tributaria y el Banco de España.

- Es necesario despiezar o desglosar los procesos judiciales para evitar el delito masa (como, por ejemplo, el Caso Malaya, con 200 acusados)

- Un gran problema actual a combatir son los Paraísos fiscales, y sería necesario en este terreno luchar contra el secreto bancario, utilizando para ello el Código Penal, y considerar el propio secreto bancario como un caso de obstrucción a la justicia, y poder así tramitar la correspondiente orden de búsqueda y captura.

- Se deberían considerar las grandes Estafas financieras como Crímenes contra la humanidad.

- Libre circulación de capitales: Es necesario un Impuesto sobre aquellas transacciones financieras al margen de los países de la UE, con el fin, por una parte, de disminuir los paraísos fiscales, y por otra parte, generar importantes recursos para fines sociales.

ALEJANDRO LUZÓN (Fiscal Anticorrupción)

- Es necesario crear Tribunales especializados en la lucha contra la corrupción y la delincuencia económica.

- La Audencia Nacional no es un órgano especializado en delitos contra la corrupción.

- Un tema importante a abordar es la quiebra de la especialización en la fase decisiva del enjuiciamiento.

- No es posible abordar eficazmente los procesos judiciales masificados contra la corrupción.

- Es necesario delimitar el papel del Ministerio Fiscal, y sería conveniente suprimir las acusaciones particulares y la acusación popular en muchos procedimientos contra la corrupción.

- En España no existe el Principio de oportunidad, como en otros muchos países, aunque en la práctica se aplican adecuadamente ciertas dosis de este principio.

- Es necesario atribuir al Ministerio Fiscal el papel decisivo que le corresponde en la aplicación de las penas.

SILVINA BACIGALUPO (Catedrática de la UAM)

- La cooperación y responsabilidad de la empresa es necesaria y constituye un elemento esencial en la eficacia de la prevención y detección de la corrupción. Es importante enfocar la problemática desde la perspectiva “prevención de la corrupción” y no desde la idea de una “lucha contra la corrupción”, pues ello permite tratar al destinatario de las normas de cumplimiento, en este caso a la empresa y al sector empresarial, como un interlocutor y cooperador en la evitación de prácticas de corrupción y no como un “enemigo”. Este punto de partida, debería permitir un mayor acercamiento con el destinatario y permitir una convicción de conveniencia para la propia empresa en defensa

de su actividad en el marco de una competencia leal en el mercado que, en última instancia, está enfocada a favorecer e impulsar toda actividad empresarial.

- Prevenir la corrupción en la actividad empresarial tiene por finalidad no solo reducir los índices de corrupción en el sector público, sino que resulta clave fundamentalmente para contribuir a una competencia leal en condiciones de igualdad entre los concurrentes. Los actos de corrupción lesionan la administración pública, por un lado, pero suponen a la vez una disminución de la capacidad competitiva de las empresas, por otro. En este sentido, el perjuicio que dicha distorsión de las reglas de competencia supone para la actividad empresarial es incalculable.

- Importancia de instituir canales de denuncia en la actividad empresarial: Whistleblowing. Es necesario establecer una armonización en la legislación europea de protección de datos y de canales de denuncias internas de las empresas. Dado los derechos fundamentales que se encuentran en juego en el marco de una investigación es necesario establecer estándares mínimos legales de los sistemas de denuncias internas en las empresas para detectar eventuales actos de corrupción. Las leyes de protección de datos de los EEMM no se encuentran actualmente armonizadas en la UE por lo que en unos países la denuncia puede hacerse de forma absolutamente anónima, mientras que otras –como la española- sólo admiten la posibilidad de denuncias confidenciales. En este mismo contexto, es necesario que se contemple un canal de denuncias externo para permitir que consumidores y proveedores también puedan hacer denuncias confidenciales en relación a la empresa o a sus directivos/empleados. Por último, habrá que instituir adecuados mecanismos adecuados e equilibrados de protección del denunciante.

- Información pública de la contratación con las Administraciones públicas y de las políticas de Responsabilidad social corporativa (RSC). Con la finalidad de lograr un sistema de transparencia e información para la prevención

de la corrupción sería, sin duda, importante la exigencia legal de publicidad, por ejemplo a través de la página web corporativa, de los contratos con las Administraciones públicas, organismos públicos, etc., con los que las empresas tengan relaciones mercantiles. La publicación de los contratos con las Administraciones públicas, así como las ayudas y subvenciones públicas que tiene una empresa no sería solo un mecanismo esencial para la transparencia y la prevención de la corrupción especialmente enfocada a la prevención de la corrupción en las Administraciones públicas, sino que añadiría además valor a la actividad empresarial toda vez que la obtención de ayudas y subvenciones y los contratos públicos constituyen un valor esencial para determinadas actividades empresariales permitiendo así obtener una posición competitiva leal y relevante en el mercado.

- Revisar las Recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno Corporativo Sería importante que entre las Recomendaciones de Buen Gobierno Corporativo el

Código Unificado de Buen Gobierno (CUBG) incluyera disposiciones específicas que permitieran el conocimiento de las contrataciones con las Administraciones públicas. En

este sentido, sería deseable que el CUBG introdujera la obligación de informar sobre las Administraciones Públicas con las que se mantienen relaciones comerciales, así como la

información relativa a las ayudas y subvenciones públicas que se hayan recibido. Los Informes de Buen Gobierno Corporativo (art. 116 LM) deberían contemplar que dicha

información sea también un aspecto esencial de la información obligatoria.

FERNANDO JIMÉNEZ (Profesor Titular de la Universidad de Murcia)

- Nueva ley del proceso penal:

· Reforzamiento de la investigación de causas complejas como las de corrupción y reforzamiento de los instructores de estas causas (concentración en la causa y apoyo para

el resto del trabajo cotidiano;

· Garantías reforzadas de independencia y protección reforzada ante injerencias políticas)…

· Instrucción en manos de los fiscales, pero más garantías evitación injerencias políticas (ver siguiente)

- Reforma de la Fiscalía:

· Reforzamiento independencia Fiscal General: nombramiento parlamentario y mandatos no coincidentes con las legislaturas.

· Conflictos entre fiscales y sus superiores arbitrados por órganos colegiados: decisiones motivadas para la resolución de estos conflictos.

- Reforma de la elección del Consejo General del Poder Judicial y del sistema de nombramiento de jueces de los puestos superiores: Reforzar su independencia e imparcialidad. Mayores límites al reparto partidista. Extensión de los mandatos y no coincidencia con los mandatos legislativos.

- Reforzar sanciones por delitos de corrupción y disposición de medidas cautelares en la instrucción: Cualquier condena por delitos asociados a la corrupción debe llevar aparejada

la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

- Protección de whistle-blowers: El instructor debe contar con incentivos para estimular las delaciones mutuas entre quienes componen tramas de corrupción (y crimen organizado).

- Reforma de la Ley del indulto: Necesidad motivación, cupo anual y delitos excluidos (corrupción).

- Reforzamiento mecanismo internos de transparencia y rendición de cuentas:

Incompatibilidades con períodos de enfriamiento más claros…

- Son necesarios más medios materiales y humanos para jueces, fiscales y policía judicial.

- Se necesita un mayor reconocimiento social para quienes llevan a cabo esta tarea.

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ YAÑEZ (Profesor de la Universidad Carlos III)

- Casi todos los delitos de corrupción posibles están tipificados en el Código Penal y leyes anexas, y por ello, no parece que la corrupción sea principalmente un problema de

legislación insuficiente.

- La complejidad de los casos de corrupción sí hace que haya una manifiesta precariedad de medios en la Justicia para perseguir estos temas.

- Debemos reconocer que en España han fallado casi todos los controles, menos, precisamente, los jueces de primera instancia.

- Podemos observar algo llamativo, en el caso de los políticos: son condenados cuando pierden el paraguas de un partido: caso Marbella, Pacheco en Jerez, etc.

- El fiscal Horrach, ante la Audiencia de Baleares, puso de manifiesto un serio problema: la obstaculización sistemática de los partidos a las investigaciones judiciales sobre corrupción

política. Ahí si empieza a aparecer el problema

- La Justicia, la fiscalía, la policía, sólo pueden perseguir la corrupción a posteriori, cuando se ha cometido el delito. Entonces se va por detrás de los acontecimientos.

- En lo que se refiere a la política, el problema de la corrupción radica en la organización de los partidos. En los partidos españoles la carrera de los políticos, su acceso a cargos

públicos o internos, depende de la “cooptación”, de oscuros procedimientos internos que llevan a que las listas las decidan muy pocas personas, que imponen su criterio al partido a

través de su control sobre los “incentivos selectivos”, denominación académica de cargos públicos, sueldos, retribuciones de variada especie, etc.

- La única vía para “prevenir” la corrupción es conseguir que los partidos adopten modelos  organizativos que garanticen “pesos y contrapesos” internos. Es decir, que las ejecutivas

sean controladas por los “parlamentos internos”, que los cargos internos y públicos sean elegidos por los afiliados mediante votaciones personales, etc. Es decir, que el puesto de

cada uno dependa de sus votos, no de la voluntad de quien hace la lista.

- Avanzar en esta línea obliga a plantear una Ley de Partidos que regule la actividad interna de los partidos (periodicidad de los Congresos cada uno o dos años, composición de los

órganos de control de las ejecutivas y periodicidad de sus reuniones, elección mediante votación personal de los cargos internos, elección de los candidatos a cargos públicos por

los afiliados del distrito, etc. Es decir, impedir que los procedimientos de cooptación sigan rigiendo las vías de acceso, ascenso y salida de la política.

- Pesos y contrapesos significan no sólo controles, también intereses contrapuestos a la hora de acceder a puestos, con lo cual, los políticos se controlarán entre los políticos. Esta es la

esencia de un sistema de pesos y contrapesos. El problema es regular el funcionamiento de la política.

JOSÉ LUIS OLIVERA (Comisario Principal Cuerpo Nacional de Policía)

- En la actualidad se registra una clara disminución de la impunidad en la corrupción.

- Donde hay corrupción hay un alto riesgo de establecimiento de criminalidad organizada.

- En la corrupción urbanística suele haber un cierto número de funcionarios municipales implicados, que a veces han sido apoyados o ayudados por ciudadanos y entidades del

municipio.

- Ha sido demasiado frecuente y poco transparente la firma por Alcaldes de Convenios y de modificaciones de los Planes urbanísticos municipales.

- Se han creado incluso Partidos políticos en diversos municipios con la finalidad de intervenir en las decisiones urbanísticas municipales.

- Un grave problema es que muchas investigaciones se inician más de dos años después respecto al delito principal.

- Cada vez hay menos detenciones preventivas y prisión provisional, que son normalmente vías de ejemplaridad social, sobre todo en los delitos económicos.

- Hay una enorme proporción de recursos contra las decisiones judiciales, lo cual genera una importante complejidad y retraso en la justicia.

- Hay demasiados relevos y sustituciones de los jueces en los procedimientos judiciales.

- No existe protección para testigos y denunciantes, y en muchos casos incluso acaban ellos mismos imputados.

- Hay un verdadero espacio de impunidad para los aforados, existiendo grandes trabas para las actuaciones de los jueces en estos supuestos.