La Moncloa tropieza con la dificultad de gobernar España al margen de las autonomías

Palacio de la Moncloa. / laSexta
Palacio de la Moncloa. / laSexta
Ignora que la parte magra del poder político real ya no reside en la Administración central, sino en las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias casi plenas en materias como la sanidad, la educación o los servicios sociales, que constituyen los pilares del Estado del Bienestar.
La Moncloa tropieza con la dificultad de gobernar España al margen de las autonomías

Se habla mucho de la creciente tensión entre las dos almas del Gobierno Sánchez-Iglesias, la socialista y la de Podemos, o de las divergencias que han ido surgiendo entre los ministerios "sociales" en manos de los "podemitas" y la patronal, a propósito del ingreso mínimo vital. No menos atención viene mereciendo la presunta disparidad de criterios entre los responsables económicos y las autoridades sanitarias a propósito de la deshibernación de las denominadas actividades productivas no esenciales, que los unos consideran más urgente que los otros. Sin embargo, la crisis sanitaria del coronavirus está sometiendo a una auténtica prueba de esfuerzo a toda la estructura del sistema político español, cuyo engranaje parece no estar preparado para afrontar situaciones que requieren respuestas ágiles y eficientes. En paralelo se evidencia que el modelo de distribución territorial del poder, el Estado de las Autonomías, presenta serias deficiencias de funcionamiento, disfunciones que arrancan de un diseño improvisado y que se ven especialmente agravadas por la miopía o la ignorancia culposa de los grandes actores de la política "nacional".

Y es que los dos grandes partidos que diseñaron la arquitectura autonómica de España, PSOE y PP, nunca creyeron que aquello del "café para todos" fuera, ni mucho menos, el mejor modo de dar respuesta a la vieja "cuestión nacional", planteada por los nacionalismos vasco y catalán. Los padres de la criatura sabían que no estaban resolviendo sino diluyendo el gran problema político de la España contemporánea. Fue una solución improvisada, para salir del paso. O un mal menor, según se mire. Los principales dirigentes socialistas y populares nunca fueron –ni son– autonomistas, aunque algunos hayan llegado incluso a defender fórmulas federalistas. Se nota mucho que no creen en su propio invento. Además, suelen cometer el error de responder a las tendencias centrífugas con argumentos más propios del centralismo que del auténtico autonomismo, de modo de que en la periferia toma cuerpo el fantasma de la recentralización, envuelto en una capa de rancio españolismo. 

Una vez instalados en La Moncloa, los presidentes del Gobierno creen disponer de una capacidad de decisión de la que en realidad carecen. Ignoran que la parte magra del poder político real, el que los ciudadanos perciben como tal, ya no reside en la Administración central, sino en las comunidades autónomas. Son ellas las que tienen competencias casi plenas en materias tan sustanciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales, que constituyen los pilares del Estado del Bienestar. La gestión sanitaria de la pandemia o la creación de una renta básica son dos botones de muestra de esa incapacidad de asumir la dinámica de un estado compuesto, en el que el poder no se concentra en Madrid, en el "cogollito", sino que está distribuido territorialmente y en distintos niveles administrativos. La Moncloa no está para ordenar, mandar y hacer saber. Tanto en la gestión del día a día como en los grandes desafíos la responsabilidad ha de compartirse, desde la lealtad institucional, para que el modelo funcione.

Está visto que no se tiene la misma idea de España viviendo en Toledo, Sevilla o Valladolid que cuando se vive en Barcelona, San Sebastián, Vigo o incluso Mallorca o Valencia. Demasiadas veces los presidentes del Gobierno, aún sin ser de la capital, ni siquiera de la Meseta, han caído en la tentación del ombliguismo madrileñista, actuando como si las autonomías fuesen un poder de segunda y negando a sus mandatarios la condición de representantes ordinarios del Estado en su territorio. Por eso a este país le vendría muy bien que los futuros primeros ministros hayan asumido previamente altas responsabilidades en alguna comunidad autónoma. De ese modo, aunque no fueran autonomistas convencidos, por experiencia propia y también por proceder directamente de la periferia, tendrían otra perspectiva de cómo funciona el invento. O al menos vendrían con la lección aprendida. @mundiario

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