La Moncloa se da la autorización de intervenir las comunicaciones digitales
El Ministerio de Economía ha sido autorizado a intervenir y asumir la "gestión directa" de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Esta autorización, no obstante, aplicará solamente "en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”. La idea del Consejo de Ministros es extinguir el proyecto de república digital que ha emprendido el Govern de Cataluña y los partidos independentistas de esta comunidad con la idea de crear un Estado paralelo en Internet. "No va a haber independencia off line ni on line, el Estado va a ser igual de contundente en el mundo digital que lo es en el mundo real”, explicó Pedro Sánchez.
Con esto, el Ejecutivo podrá bloquear las vías para que los separatistas usen el proceso de transformación digital de la Administración con fines que violenten el orden constitucional. El decreto, que será difundido este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pretende evitar el robo de datos personales o el hackeo de dispositivos móviles, los ciberataques contra infraestructuras críticas y hasta el uso inapropiado del censo o los datos fiscales de los ciudadanos. De igual forma, pretende defenderse de forma más eficaz contra los ataques informáticos contra los procesos electorales o las actividades que busquen desinformar a la población, como la difusión de noticias falsas.
Para este propósito, el Consejo de Ministros ha modificado hasta cinco leyes, incluyendo la de telecomunicaciones o la de seguridad ciudadana, pero en ningún momento hacen alusión alguna a Cataluña, aunque en su exposición de motivos sí se refiere a “los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español”. En Barcelona se ha calificado esta maniobra como el "155 digital", una alusión al artículo constitucional que permite a Madrid intervenir a cualquier autonomía.
Esta normativa permite al Consejo de Ministros ordenar "sin audiencia previa" al interesado el cese de la actividad de las redes de comunicación "cuando exista una amenaza inmediata y grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional". De igual forma cuando esta actividad violente el funcionamiento de servicios de seguridad pública, protección civil y emergencias, e incluso cuando "cree graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones". Los sistemas de comunicación por Internet han sido esenciales para el colectivo denominado Tsunami Democrátic, el cual ha convocado y controlado las manifestaciones en Cataluá contra la sentencia del procés.
Con esta "facultad excepcional y transitoria", Sánchez y su Gobierno podrán afectar "a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional". El cambio, no obstante, no llega a los medios de comunicación ni tampoco a los contenidos audiovisuales que sean enviados a través de las redes y servicios de comunicaciones, los cuales no forman parte de la Ley de Telecomunicaciones.
El País cita a sus fuentes en La Moncloa para asegurar que la intención detrás de esta norma no es ni la interrupción ni la paralización de los servicios de telecomunicaciones si llegan a haber problemas graves de orden público o seguridad nacional, sino "garantizar su prestación" y "evitar o frenar que se den casos de mal uso o de abuso" de las infraestructuras por parte de particulares e incluso administraciones, tal como el Govern, que se encarga de manejar las redes.
El mismo medio insiste en que la norma no ampara actuaciones que violenten los derechos fundamentales, entiéndase la libre expresión o el secreto de las comunicaciones, que son materia de ley orgánica. Así las cosas, si se quiere clausurar alguna página como la de Tsunami Democrátic, se requerirá siempre de la autorización de un juez.
Esta norma tampoco autoriza el cierre gubernativo de servicios como Facebook o Telegram, puesto que operan "por encima de las redes" y no se pueden intervenir por la normativa europea.
El decreto también incluye medidas para impedir el uso de datos personales con fines ilegítimos, o en su defecto que sea más difícil usarlos. Y para eso se refuerza el control del Gobierno central sobre las acciones de otras Administraciones públicas y del sector privado, forzando así a las empresas que quieran contratar con el Estado a que pasen por la normativa nacional y de la UE para la protección de datos, con lo que las compañías deben dejar constancia de en qué país están los servidores en donde se hospedarán estos datos y a difundir todo cambio realizado. Si no se hace, en contrato público quedará anulado.
El Gobierno ya había adelantado que el decreto reza también la obligatoriedad de que los servidores de los Ejecutivos comunitarios se hospeden en la UE, y para una serie de datos sensibles, en España. "En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes”, reza esta norma.
Dentro de las medidas más controversiales está que se convertirá el DNI en "el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular”. Así, se espera que las autoridades catalanas no puedan autorizar ningún tipo de cédula que de lugar a la identificación de los ciudadanos de la autonomía. El Estado refuerza de igual forma su control sobre los procedimientos de firma electrónica de otras Administraciones, las cuales deberán someterse a un régimen de autorización previa del Ejecutivo a fin de "garantizar la seguridad pública", que es algo que corresponde solamente al Estado. A la vez, bloquea que las Adminsitraciones puedan implantar sistemas de identificación basados en lo que ha bautizado como "tecnologías de registro distribuido". @mundiario
