La minusvaloración ideológica de lo público

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Nadie nos urge a realizar una “cerebroscopia”, que sin duda sería útil para detectar posibles irregularidades cerebrales.

La minusvaloración ideológica de lo público

No hay día en que no se nos aconseje a los mortales de cierta edad que nos sometamos a una colonoscopia, operación por demás desagradable. Nadie en cambio nos urge a realizar una “cerebroscopia”, que sin duda sería útil para detectar posibles irregularidades cerebrales.

Si lo hiciésemos, nos mirarían los ojos y los expertos sabrían mucho de nosotros y nos podrían aleccionar. Una de las tendencias más comunes, ya casi cronificada, es la que nos lleva a la creencia de que la llevanza privada de los asuntos públicos es más lógica, más eficaz y eficiente que la gestión pública. Al parecer, en la práctica del método cerebroscópico del Dr. Lefebure, se detectaron con cierta frecuencia oscilaciones de los fosfenos dobles. Mediante este procedimiento se estudia el cerebro en pleno trabajo rítmico y, si observando el dichoso cubo del experimento, no hemos visto cambiar su posición, o si la alternativa es muy lenta o irregular, ello supone la manifestación de un desequilibrio cerebral, que puede ser o no interesado.

Nuestra ya no tan reciente historia muestra unos insoportables niveles de patrimonialización de lo público. El caso de los contratos del sector público es paradigmático. La reforma de los procedimientos de adjudicación de tales contratos es una reforma siempre anunciada por los partidos políticos en la oposición; llegados al Gobierno, actúan los “fosfenos dobles”, y el cubo se ve perfecto, “redondito”, como la tortilla de la canción de Efecto pasillo”. Y nada se reforma, pues.

Con esto, sin embargo, no es suficiente. La congelación legislativa ha de ir acompañada de otros elementos “facilitadores” del comportamiento activo: reducción de la función pública profesional, sustituida por el clientelismo de partido cuando no por el amiguismo de clase o el nepotismo, la externalización de servicios, incluso los más íntimamente ligados a la “puissance publique” como la seguridad en los cuarteles o los arcos de los aeropuertos, o la creación de sociedades “ad hoc” emboscadas en una difusa personalidad jurídica de interesada condición semipública o semiprivada, que permite hacer mangas y capirotes con el derecho administrativo.

No es necesario insistir en las consecuencias de esta visión del cubo de Lefebure y la plaga de corrupción que invade nuestro ámbito público. Frente a ello, ni los ciudadanos sancionamos electoralmente todo eso (¿irregularidad cerebral?) ni los poderes llamados “públicos” hacen otra cosa que incluir en la parte final de las leyes extensos capítulos de infracciones y sanciones llamados a no ser aplicados nunca, salvo insoportable urgencia de tesorería del ministro Montoro. @mundiario

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