El Ministerio de Justicia prepara una ley urgente frente al colapso de los tribunales

Mazo de la justicia. / Unsplash
Mazo de la justicia. / Unsplash
La Ley, que  se presume estaría lista antes del verano, permitirá acoplar la Administración de Justicia a las nuevas tecnologías.
El Ministerio de Justicia prepara una ley urgente frente al colapso de los tribunales

Los tribunales no escapan a la crisis sanitaria generada por la Covid-19. El Ministerio de Justicia evalúa la aprobación de una ley urgente que les permita paliar los efectos de la pandemia.

La Ley, que  se presume estaría lista antes del verano, contempla agilización y eficiencia que intentará exprimir al máximo el uso de las nuevas tecnologías, en las que los juzgados y tribunales van muy por detrás de la Administración General del Estado, con el fin de dar celeridad a los trámites en el retorno de la actividad judicial, suspendida desde que se decretó el estado de alarma. El instrumento legal forma parte del plan que llevará a los tribunales a su rutina una vez que el Gobierno levante el confinamiento y contempla reformas normativas, organizativas y tecnológicas.

El Ministerio toma como referencia la Agencia Tributaria y el objetivo es disponer de una especie de código procesal electrónico para adaptar a la tecnología la mayoría de los procesos judiciales. Por ejemplo, algo tan extendido en otros ámbitos como poder hacer notificaciones inmediatas con servicios de mensajería.

En esa línea, la actividad judicial no urgente lleva un mes suspendida, lo que ha obligado a posponer trámites y a aplazar miles de vistas que estaban programadas para estas semanas. Ahora bien, a las consecuencias del parón se unirán todos los asuntos derivados del estado de alarma, desde temas laborales y societarios como ERE, ERTE y concursos, a recursos contra las sanciones impuestas por saltarse el confinamiento.

Sin embargo, la Administración de Justicia, con las competencias divididas entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial, desde que se inició la crisis, ha  mantenido reuniones para determinar qué servicios eran esenciales y debían seguir pese al estado de alarma, cómo garantizar las medidas sanitarias en las sedes judiciales o quiénes debían acudir a su puesto de trabajo y quiénes y cómo podían teletrabajar. Lo más engorroso es la toma de decisiones consensuadas, que intentan resolver en cada encuentro telemático. 

Ya este jueves sostuvieron otro encuentro el ministro, Juan Carlos Campo; el secretario de Estado, Pablo Zapatero; y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público, Borja Vargues, con las cuatro asociaciones judiciales y todos coincidieron en que para abordar la justicia post-pandemia hacen falta reformas a corto, medio y largo plazo. Se contemplan reformas procesales urgentes vía decreto ley, tal y como ha propuesto el Consejo en un primer documento de plan de choque presentado hace dos semanas Este viernes el ministro se  reúne con las comunidades y al encuentro se sumará el Consejo General del Poder Judicial. @mundiario

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