La mesa de diálogo acuerda avanzar en la “desjudicialización” del conflicto catalán
La tercera reunión entre el Gobierno y la Generalitat deja sus primeros, como el respaldo expreso del Ejecutivo a la ley que convierte el catalán en lengua curricular en escuelas.
La presión sobre la tercera reunión entre el Gobierno central y la Generalitat ha rendido sus primeros frutos, desde que este órgano de negociaciones se formó en 2020. ERC mantendrá a raya cualquiera de sus reivindicaciones de autodeterminación al comprometerse a jugar bajo el marco jurídico del Estado, mientras que el Ejecutivo concede su voluntad para “superar la judicialización del conflicto” y a “proteger e impulsar” la lengua catalana.
Tras la reunión de hace dos semanas entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Pere Aragonès, llegó el turno del encuentro entre las dos delegaciones de ambos gobiernos. Después de firmar el documento de los acuerdos, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, concedió una rueda de prensa en la que dejó claro que, esta vez, la mesa de diálogos sí ha dado avances.
Las principales propuestas que siempre ha traído ERC consigo, desde que ayudó a articular el pacto de investidura de Pedro Sánchez, ha sido la amnistía para los dirigentes del procés catalán que tengan causas penales y administrativas, así como la voluntad para celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Dado que el Gobierno central ha rechazado, de momento, conceder ambas peticiones, los republicanos se han acercado a demandas más probables.
Ambas partes han acordado que toda actividad política debe “llevarse a cabo dentro del ordenamiento democrático vigente” y que se comprometen a renunciar a “acciones que saquen la política fuera de las reglas del juego democrático”. Esto hace parte del asunto de la “desjudicialización” del conflicto catalán, de la que cualquier “solución política” deberá contar con el respaldo de una “mayoría social amplia y transversal”.
La reforma del delito de sedición en espera
La consejera de Presidencia catalana, Laura Vilagrà, ha anunciado por su parte los “primeros acuerdos, aunque parciales” para avanzar en la desescalada del conflicto, pero que aún se quedan en el horizonte las intenciones de ERC por reformar el concepto del delito de sedición del Código Penal, mismo por el cual fueron imputados varios dirigentes soberanistas por el procés.
Fuentes citadas por El País sugieren que ERC pretende suprimir este delito, pero el propio Bolaños ha advertido de que el Ejecutivo no estaría dispuesto más allá de “armonizarlo con las leyes europeas más avanzadas” y que solo abordaría la modificación cuando goce de una “mayoría parlamentaria suficiente” como para que eso suceda.
El Gobierno apoya el blindaje del catalán
El blindaje al catalán fue otro de los acuerdos logrados en La Moncloa. El documento firmado este miércoles ha dejado expreso que el Gobierno apoyará fortalecer la reciente normativa del Govern, apoyada por ERC, Junts, el PSC y los comunes, la ley de idiomas que establece la lengua catalana como la “vehicular” en la enseñanza y relega el castellano a un plano “curricular”.
Se trata de aquella que ha rechazado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por considerar que ignora completamente su anterior sentencia en la que fijaba un mínimo de 25 % de las clases que debían ser impartidas en castellano. Por el contrario, esta nueva ley, entendida por el Gobierno de coalición como uno de estos acuerdos “transversales” de la sociedad catalana que persigue, deja plena autonomía a los centros educativos para “reforzar” una u otra lengua según sea su realidad social y lingüística.
El acuerdo sobre la lengua catalana parte de 2 premisas:
— PSOE (@PSOE) July 27, 2022
➤ Reconocer la diversidad lingüística de España como una riqueza de nuestro país.
➤ Que esa diversidad lingüística sea una fuente de riqueza, oportunidades y derechos de los ciudadanos.
🗣️ Félix Bolaños pic.twitter.com/FRg8G1Uq4Z
Pero el pacto no queda allí, también se habla de revisar el reglamento del Senado para que así pueda resolverse el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Alta, para “ampliar el derecho de los representantes de la ciudadanía a realizar su labor en todas las lenguas”. De hecho, lo mismo sucedería en el Parlamento Europeo para pedir que el catalán se use en el pleno.
También facilitará la presencia de representantes de la Generalitat en encuentros internacionales donde se aborden temáticas lingüísticas, un trato que puede expandirse para el gallego, el euskera y otras lenguas “si así lo solicitan los gobiernos de las comunidades donde se hablen”. @mundiario
