La mejor situación política respecto a Cataluña no significa la desaparición de las dificultades

Pere Aragonès, presidente de Cataluña. / @perearagones
Pere Aragonès, presidente de Cataluña. / @perearagones
Los efectos de la crisis de 2017 no quedaron reducidos a Cataluña. La fuerte polarización que se manifestaba en el interior de sus instituciones tuvo consecuencias en la dinámica política española.
La mejor situación política respecto a Cataluña no significa la desaparición de las dificultades

En el próximo otoño se cumplirán 5 años de una de las mayores crisis políticas registradas en el Estado español desde la muerte de Franco. Después de un amplio período de gestación, en los meses de septiembre y octubre de 2017 se sucedieron dos acontecimientos inéditos: la declaración de la independencia de Cataluña por el Parlament y la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

La constatación de la existencia de una profunda división en la sociedad catalana respecto a su relación con la arquitectura institucional establecida a partir de la Constitución de 1978 suponía un cambio muy relevante sobre los consensos sociales que presidieron la dinámica política de Cataluña entre los años 1980 y 2010.

Durante esas décadas, CiU y PSC fueron las formaciones dominantes de un tablero partidista mas plural del que había en otras latitudes y, al mismo tiempo, capaces de mantener acuerdos significativos sobre algunos criterios básicos de la gobernanza de Cataluña (entre otros la común defensa del marco constitucional vigente).

A pesar de que, durante mucho tiempo, Jordi Pujol no quiso acometer un proceso de reforma del Estatut, la coalición nacionalista que presidía –CiU– aceptó, finalmente, negociar con el PSC e Iniciativa per Catalunya (IC) la propuesta de cambio estatutario que promovió Pasqual Maragall (y que no contó con el apoyo de ERC ni tampoco del PP). Como es sabido, la posterior decisión del Tribunal Constitucional asumiendo una parte sustancial del recurso presentado por M. Rajoy y su partido dinamitó los consensos anteriores y provocó un punto de inflexión en la vida política catalana.

Consecuencias importantes

Los efectos de la crisis de 2017 no quedaron reducidos al ámbito territorial de Cataluña. La fuerte polarización que se manifestaba en el interior de las instituciones representativas de ese País tuvo consecuencias importantes en la dinámica política del conjunto del Estado: crecimiento notable de un nacionalismo español excluyente, explícito acercamiento entre PSOE y PP en el tratamiento del conflicto (recuérdese el apoyo socialista a la utilización del artículo 155) y pequeño apoyo social a las fuerzas que postulaban canales de diálogo y negociación como manera de alcanzar nuevos acuerdos básicos entre los sectores enfrentados.

La moción de censura de 2018 que posibilitó la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa y, sobre todo, la formación de un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos –apoyado por las principales fuerzas nacionalistas periféricas–  a partir de enero de 2020 modificó los términos de las relaciones entre los gobiernos del Estado y de la Generalitat.

La indiferencia y/o beligerancia exhibida por el equipo de Rajoy fue sustituida por una línea de mayor colaboración que tuvo dos concreciones relevantes: la concesión de un indulto que permitió la salida de la cárcel de los dirigentes independentistas previamente condenados por el TS y la puesta en funcionamiento de una comisión bilateral específica para discutir las propuestas formuladas desde cada gobierno y acordar, en su caso, fórmulas para reconducir la situación de conflicto existente.

Las complicaciones

La mejora evidente de la situación política respecto a Cataluña no significa la desaparición de las dificultades que concurren en este contencioso y que se podrían resumir en esta doble consideración: el apoyo a la independencia no posee la dimensión suficiente en el seno de la sociedad catalana para asegurar la viabilidad de ese proyecto en el actual contexto europeo y no existe –en el ámbito del Estado español– el nivel de consenso necesario para realizar los cambios en el actual ordenamiento jurídico que se requerirían para viabilizar tal opción.

El camino que parecería mas practicable se encontraría en la consecución de un nuevo estatus político para Cataluña que, construido a partir de una voluntad de acercamiento de todas las partes involucradas, exigiría importantes concesiones mutuas (el aplazamiento de la salida independentista y cambios significativos en el contenido del actual autogobierno catalán).

Faltan 18 meses para la cita electoral que definirá la nueva composición del Parlamento estatal. Si el resultado fuera el que hoy se refleja en casi todos los abundantes sondeos publicados, habría, con mucha probabilidad, una nueva mayoría conformada por el PP y por Vox. Eso implicaría, previsiblemente, un retorno a los tiempos de máxima crispación que ya se vivieron en los momentos previos a 2017.

Claves de fondo

Conviene no olvidar que el PP –y el partido de Abascal– han presentado recursos contra los indultos y contra la nueva legislación lingüística aprobada por la Cámara catalana sin que, al mismo tiempo, Feijóo disponga de interlocutores solventes en el espacio del nacionalismo catalán (aquellos tiempos del idilio de Aznar con Pujol, ya no existen). Esta constatación podría ser un incentivo para que las actuales fuerzas integrantes del gobierno de coalición recibieran un nivel de apoyo electoral que permitiese reeditar la fórmula de gobernabilidad plural que hoy conocemos.

Sin embargo, hay síntomas de que la participación del independentismo catalán –y también de Bildu– en las mayorías parlamentarias que vienen aprobando las principales leyes desde 2019 provoca serias dificultades a la hora de asegurar la fidelidad de una parte del electorado socialista. Y también hay evidencias de que el PP sigue instalado en la conocida lógica del "cuanto peor, mejor" y de que todo vale –incluido el deterioro del clima político en Cataluña– para llegar a la Moncloa. @mundiario

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