¿Mejor un PP débil en el Gobierno que uno fuerte en la Oposición?

Consejo de Ministros del Gobierno en funciones. / MR
Consejo de Ministros del Gobierno en funciones. / MR

La operatividad del próximo Gobierno en España dependerá esencialmente de la posición relativa que alcance el Partido Popular, ya sea en el Gobierno o en la Oposición.

¿Mejor un PP débil en el Gobierno que uno fuerte en la Oposición?

Con datos empíricos en la mano, se puede afirmar que el Partido Popular se constituye en responsable principal de los problemas más graves que golpean al país en estos momentos. En el marco institucional, la crisis que llega desde Cataluña fue creada por el PP cuando decidió impugnar el Estatut de 2006, un texto aprobado por el Parlamento catalán, el Congreso de los Diputados y, en referéndum, por el conjunto de los catalanes.

El recurso contra el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña fue presentado con la única intención de erosionar el gobierno de Zapatero en estado de gracia por aquel entonces. La mala conciencia de los populares al respecto se demuestra en la consigna asimilada en el seno del partido: cada vez que se les acusa de haber multiplicado el número de independentistas, responden apelando al Estatut y a Zapatero.

En materia económica y social, el encogimiento de la economía en general, el aumento de la deuda pública hasta cifras desconocidas, el retroceso de la clase media, el deterioro insólito de las condiciones laborales, la falta de oportunidades profesionales para los jóvenes, y el aumento crítico de la desigualdad, son consecuencia, en buena medida, de la política económica restrictiva del PP, de su obsesión por la reducción del gasto público –no por el aumento de los ingresos–  y de los postulados originarios de su reforma laboral.

Combinatoria política

Puede sorprender lo que parece una contradicción entre la cabecera de este artículo y sus primeros párrafos. Pero es que la coyuntura económica y política en España se muestra perversa. En mi opinión, el bloque de decisiones transcendentes que precisa el país solo puede adoptarse desde un gobierno del Partido Popular monitorizado e, incluso, intimado por una alternativa vigilante. Me apresuro a explicarme:

¿Cuáles son las opciones de gobierno que se manejan con independencia de las declaraciones o tomas de posición de cada uno? Quizás la apelada con una mayor contundencia, y con seguridad la más sencilla desde un punto de vista matemático, sea la alianza -gran coalición la llaman algunos- entre PP y PSOE. Salvo sorpresa monumental, no semeja una opción genuina dado su efecto previsiblemente nefasto sobre el futuro de los socialistas.

Una opción de alcance similar sería un gobierno del Partido Popular apoyado por Ciudadanos –163 escaños conjuntamente– que necesitaría para la investidura de 25 abstenciones, las cuales solo podrían llegar desde el PSOE. Algo más digerible para Sánchez y los suyos pero aun así de consecuencias imprevisibles. Si Ciudadanos persiste en su postura abstencionista, la investidura del candidato popular –Rajoy u otro/otra– precisaría de 65 votos neutrales de la bancada socialista.

Veamos la alternativa de la izquierda, la que en número de votos cuenta con un mayor apoyo de los electores. Sumen siglas indiscutibles (evitamos decantar a PNV y CC): para la izquierda el 51% de los votos, el 46% para la derecha (populares, ciudadanos, convergentes, upyd más vox). Supongo que a esto se refiere Sánchez cuando afirma que la gente ha votado cambio. La “provincialización” del sistema electoral complica, no obstante, la alternativa. La suma PSOE más Podemos más Unidad Popular (IU), ya de por sí peliaguda, requeriría el apoyo de otros 15 escaños. ERC más DiL (exconvergentes) suman 17, ERC más PNV 15, DiL más PNV más CC 15 también. Bildu, con 2, podría tener su hueco. Se admiten apuestas de todo signo. Incluso valdría con la alianza PSOE – Podemos y la abstención, improbable aunque no imposible, del grupo de Rivera.

De la necesidad, virtud

El ramillete de opciones se podría simplificar en las dos básicas siguientes: gobierno del PP con apoyo, explícito o implícito, de Ciudadanos (el PSOE brindaría, en todo caso, una abstención válida a efectos de investidura) o gobierno del PSOE con el apoyo, explícito o implícito, de las que Sánchez llamaría “otras fuerzas del cambio”. Veamos cómo quedarían ambas opciones ante los retos transcendentes a abordar.

En primer lugar, el país precisa un giro de la política económica que paralice e incluso retroceda algunos recortes, derogue la reforma laboral, modifique la estrategia fiscal para el aumento de los ingresos públicos, retome las políticas industrial y de innovación y acometa un programa dirigido a la reestructuración de la economía productiva que aliente una mayor competitividad en los sectores de superior potencial de desarrollo.  

En segundo lugar, España necesita como el agua una profunda regeneración democrática y la reforma de su Constitución a través de lo cual se terminen de derretir los elementos que hoy en día lastran su democracia y convivencia. Es imprescindible cambiar el sistema electoral, garantizar la independencia del estamento judicial, reforzar los derechos sociales, integrar Europa en el texto constitucional, afinar un sistema de financiación autonómica equitativo y perdurable, eliminar el Senado, darle carpetazo a la provincia como unidad de organización territorial e instaurar un Estado federal donde, entre otros cambios sustanciales, se implante la administración única en Cataluña, Galicia y País Vasco.

Un Partido Socialista Obrero Español en la situación de debilidad que ostentaría en el Parlamento, incluso frente a sus socios de legislatura, y ante las fuertes disparidades internas que padece, sería incapaz de plantear un plan de acción económico y social en la línea de lo que se apunta. Más factible sería que el propio Partido Popular, apremiado por su ansia de permanecer en el gobierno y por la amenaza permanente de posible moción de censura, se plegase a debatir la necesidad de un giro en la política económica.

El nuevo proyecto de Constitución que se revela como eje capital de un nuevo equilibrio territorial, representaría para el PSOE un escollo aún de mayor consideración. Basta con apuntar que la reforma constitucional requiere la mayoría de dos tercios de Congreso y Senado. En consecuencia, cualquier propuesta que no cuente con la anuencia del Partido Popular está condenada al fracaso. No así si el PP está en el gobierno y se ve forzado a presentar un texto renovado que resulte satisfactorio para el conjunto de fuerzas parlamentarias.

Llegados a este punto, mejor será buscar una solución de compromiso que convocar nuevas elecciones, lo cual, por desgracia, parece en estos momentos la conclusión más probable. Y digo “por desgracia” pues lo que ganaríamos sería, seguramente, repetir las mismas cábalas de hace un momento pero unos tres meses más tarde. Claro que siempre podemos mirar a Bélgica, que estuvo sin gobierno año y medio tiempo durante el cual mejoró su PIB, déficit, paro y hasta salario mínimo.

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