Al mejor cirujano le temblaría el pulso ante el paciente catalán 

Circulan por las redes, por las ondas, por el papel… opiniones de lo más diverso sobre lo ocurrido en Cataluña y lo que puede ocurrir en la próxima semana, durante los meses en los que el Estado se hará cargo de las instituciones autonómicas e, incluso, tras la celebración de unos nuevos e inciertos comicios. Juristas, economistas, catedráticos de Constitucional, ex dirigentes políticos sin nada personal en juego, periodistas de todos los pelajes y figuras del mundo del cine, del teatro o del deporte emiten estos días juicios de valor que, mezclados, propician un clima de confusión social altamente nocivo. Es lógico que así sea.

Salvo los que responden a intereses partidistas o a procesos de degeneración mental, cada uno de ellos tiene su parte de razón, tanto los que fijan el germen del gran conflicto en la política del PP durante estos años, como los que argumentan la imposibilidad de que el PP se prestara a negociar con la Generalitat un más a más de propuestas que entendían inaceptables. Y lo mismo sucede con cualquier aspecto del entramado o con la exasperante y equívoca tardanza de Rajoy para activar el artículo 155, que algunos califican de responsable prudencia. Sea como que fuere, en lo que sí existe casi unánime coincidencia –secesionistas al margen– es en que las autoridades de la Generalitat han superado con creces el límite de la legalidad. Se han rebelado contra la Constitución y han violado su propio Estatut. Y lo han hecho con arrogancia, con inaceptable provocación, con punible falsedad, con actitudes autoritarias y con irritante victimismo. Ese es el hecho cierto y concluyente, que margina de forma rotunda cualquier otra consideración.

En esta columna de MUNDIARIO he expresado cuanto conozco y pienso sobre los vientos que nos han traído estos lodos, pero ahora estamos en el fango, y la única manera racional para intentar salir de él es aplicando la Ley con firmeza. Está en juego el Estado de derecho que, no sin dificultades, nos ha aportado cuarenta años de bonanza, de desarrollo, de libertad y de una convivencia que siempre ha estado expuesta a la beligerancia de los nacionalismos radicales y, caso de ETA, criminales. Por tanto, ya no queda espacio para contemplaciones de ningún tipo con los que han atentado contra el orden constitucional. Puigdemont, Junqueras, Forcadell, Mas y cuantos han encabezado o participado en la asonada, cuantos han podrido las instituciones democráticas, la educación y la coexistencia pacífica no pueden ser nunca más interlocutores con una España, en la está Cataluña, a la que han traicionado.

El PP, como otros partidos, deberá depurar sus culpas por corrupción, que corresponden a otro escenario, pero el Gobierno del PP ha hecho ahora lo que tenía que hacer, lo que debería haber hecho cuando el Parlamento catalán aprobó la llamada ley de transitoriedad, y ha contado con el apoyo, no fácil, del PSOE y de Ciudadanos, una formación que, de principio a fin, ha mantenido el mismo criterio y aguantado críticas a izquierda y derecha. Seis meses de gestión en las soliviantadas instituciones catalanas representa un reto que pone el bello de punta. A corazón abierto, falto de instrumental y de asistencia. Al mejor cirujano le temblaría el pulso, pero no queda otra. No nos queda otra.