Meirás, un caso de pura justicia material

Pocos habrán caído aún en la cuenta, pero si al final la Justicia da la razón al Estado en su litigio contra los Franco, el Pazo de Meirás podría ser utilizado en el futuro por los presidentes del Gobierno para su veraneo. Por qué no. Así la que fuera casa señorial de la Condesa de Pardo Bazán entraría en competencia con La Mareta en Lanzarote, la finca de Quintos de Mora en Toledo o el palacio de las Marismillas en Doñana. Todas ellas son excelentes opciones residenciales para el asueto estival de nuestros primeros ministros, por muy exigentes que puedan ser ellos y sus familias. Ahora bien, Meirás ofrece además el encanto de unos muros cargados de historia, al estar erigida sobre las ruinas de una fortificación medieval derruida por las tropas francesas durante la guerra de la Independencia, junto al morbo de haber sido la residencia estival del dictador y su familia.   

Hace tiempo que muchos españoles de a pie, sobre todo los más jóvenes, dejaron de entender la prerrogativa que permite a los inquilinos de La Moncloa usar como residencia vacacional algún palacete, una edificación más o menos noble o determinados bienes inmuebles singulares, de titularidad pública, adscritos al patrimonio del Estado. Ciertamente no parece tener mucho sentido, cuando la actividad que allí se desarrolla no es institucional, sino que pertenece al ámbito de lo estrictamente privado.  Pero ahí sigue ese privilegio. Presidentes de todos los colores políticos han sucumbido a la tentación de disfrutarlo, aunque algunos de ellos dispusieran de una segunda vivienda, propia o puesta a su disposición por familiares o amigos. 

En el caso más que probable de que los jueces fallen contra los intereses de los Franco, el Pazo de Meirás se incorporará al patrimonio estatal. Por eso quien pleitea contra los herederos del "Generalísmo" no es el gobierno de turno, por más que así pretenda verlo su abogado (por cierto, hijo del exministro franquista Utrera Molina). Es el Estado el que actúa en defensa del interés general, el de todos los españoles, incluidos los gallegos y, sobre todo, los coruñeses. Entre éstos últimos seguro que hay descendientes directos de los funcionarios públicos y personas que a título particular aportaron el dinero necesario para adquirir Meirás a los herederos de la Pardo Bazán. Aquella gente -aunque que la mayoría fueran afectos al régimen- no actuó "motu proprio", sino obligada por las circunstancias personales y un contexto político en el que negarse a entregar los "donativos forzosos" les habría convertidos automáticamente en sospechosos de desafección. 

La iniciativa para recuperar la titularidad pública de las Torres de Meirás ha concitado un amplísimo consenso político que se echa en falta en la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Tal vez sea porque en el primer caso se trata de revertir una especie de apropiación indebida –el pazo se lo "regalaron" al jefe del Estado, no a la persona que lo era en aquel momento– y, en consecuencia,  devolver la condición de público a un bien que nunca debió ser propiedad privada. Pura justicia material. En cambio, lo de trasladar el cadáver del dictador desde el mausoleo de Cuelgamuros a un simple nicho en un cementerio cualquiera, vieja reivindicación de los colectivos de memoria histórica, tiene un mucho de reparación moral a las víctimas del franquismo... y un algo de justicia poética. @mundiario