El problema catalán no es un problema de orden público

Quim Torra y Pedro Sánchez en La Moncloa. / Imagen de Archivo
Quim Torra y Pedro Sánchez en La Moncloa. / Archivo

El problema catalán es un problema político y, como tal, requiere de soluciones políticas. Diálogo sí, pero estructurado como mediación europea y orientado a acuerdos constitucionales y estatutarios.

El problema catalán no es un problema de orden público
En Catalunya existe un conflicto político que arranca del proceso del nuevo Estatut entre 2006 y 2010. Después de un pacto en la Comisión Constitucional del Congreso que supuso una reducción sustancial de los máximos aprobados en el Parlament y de la aprobación plebiscitaria del texto por la ciudadanía catalana, el PP recurrió de inconstitucionalidad el Estatut ante el Tribunal Constitucional ( TC). El TC dictó sentencia en junio de 2010 que declaraba inconstitucional casi todas las ampliaciones competenciales, el marco financiero y más la igualdad jurídica entre catalán y castellano. Como dice el constitucionalista Pérez Royo, desde 2010 Catalunya no tiene constitución territorial. Como última tentativa de diálogo dentro del marco autonómico, Artur Màs intentaría pactar con Rajoy en el 2012 un pacto fiscal rechazado por el PP.

Desde entonces el independentismo creció de menos del 15% hasta cerca del 47-48%. Docenas de pacíficas manifestaciones (desde luego hasta el 14 de octubre último; lo que pasó después requería de otro análisis) con cientos de millares de personas en la calle y claras mayorías absolutas soberanistas en los Parlaments elegidos en el fin de 2012, septiembre de 2015 y diciembre de 2017. Encuestas que muestran un 70% de la ciudadanía catalana a favor de poder decidir su futuro y dos consultas ciudadanas (9- N 2014 y 1-O 2017) que, a pesar de sus evidentes carencias en cuanto a la correcta contabilización  de la voluntad popular, sí mostraron la existencia de un importantísimo sector ciudadana que quiere la independencia.

Está claro, entonces, que lo de Catalunya no es un problema de políticos que engañan a ingenuos ciudadanos ni un problema de orden pública, sino un problema político que solo se arregla a medio de soluciones políticas.

Cualquier demócrata de cualquier parte del mundo aconsejaría escuchar a la ciudadanía catalana, como en los dos referéndums sobre la independencia de Quebec respecto de Canadá o el celebrado en Escocia en septiembre de 2014. Por cierto, los tres con resultado negativo a la secesión y decididos de común acuerdo entre sus respectivos Gobiernos estatal y territorial a pesar de la falta de bases constitucionales que permitieran convocar  su respectivo referéndum de independencia, suplidos por la doctrina del TC canadiense y por el acuerdo entre los Gobiernos británico y escocés.

Los problemas políticos no se arreglan con la Guardia Civil. Se arreglan con diálogo. Dialogamos con los otros, con nosotros mismos solo monologamos o-peor aún-, hablamos solos. El diálogo, para ser efectivo, no habría ser limitado  por rígidos límites legales . Por el contrario, habría de star garantizado por mediadores pertenecientes a nuestro espacio político (la Unión Europea). Personas neutrales, de gran prestigio europeo e internacional que puedan ir construyendo pilares sólidos para los necesarios acuerdos políticos, que de seguro  requerirán mutaciones constitucionales y estatutarias y futuros referéndums.

Por tanto, no hay más solución que pedirle a los actores políticos (Gobiernos estatal y catalán, partidos estatales y catalanes, quizás las organizaciones de la sociedad civil en otra Mesa de diálogo) que se sienten y hablen.

Please, sit and talk. @mundiario

 

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