Mazón se distancia del proceso judicial de la dana: sin declaraciones, solo colaboración
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha descartado, por el momento, personarse en la causa judicial que investiga la gestión de la alerta ciudadana durante la dana del pasado 29 de octubre, que dejó 225 víctimas mortales y tres desaparecidos. Mazón ha expresado su respeto por el proceso judicial, pero ha señalado que ni él ni los servicios jurídicos de su gobierno han valorado su comparecencia voluntaria, a pesar de que la magistrada instructora le ha ofrecido la posibilidad de declarar.
El auto de la jueza Nuria Ruiz Tobarra ha supuesto un golpe a la administración autonómica, al responsabilizar a la Generalitat del envío tardío y defectuoso del mensaje de emergencia, que se remitió a las 20:11 horas, cuando la mayoría de las víctimas ya había fallecido o se encontraba en situación crítica. A raíz de estas conclusiones, la jueza ha citado como imputados a la exconsejera de Interior y Emergencias, Salomé Pradas, y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüello.
Mazón ha evitado valorar el contenido del auto y ha insistido en que su gobierno ha actuado con diligencia en todo momento. En sus declaraciones previas al pleno del Consell, el presidente valenciano ha reiterado su compromiso con la colaboración judicial y ha señalado que el auto aún no es firme, por lo que analizará su contenido cuando reciba la notificación oficial.
Uno de los puntos clave del auto es la afirmación de que la Generalitat tenía la responsabilidad de alertar a la población, descartando cualquier imputación contra representantes de organismos estatales, como la Confederación Hidrográfica del Júcar. La administración autonómica había argumentado que la falta de información de este organismo contribuyó al retraso en la emisión de la alerta.
A pesar de la presión política y judicial, Mazón ha asegurado que su prioridad sigue siendo la recuperación de las zonas afectadas por la catástrofe. No obstante, su decisión de no comparecer voluntariamente en este momento podría interpretarse como una estrategia para evitar una mayor exposición en un caso que aún está en fase de instrucción y que podría derivar en consecuencias políticas y judiciales para su administración.
La investigación sigue abierta y el desarrollo del proceso determinará si la gestión del gobierno valenciano durante la tragedia fue adecuada o si existieron fallos que pudieron haber agravado las consecuencias del desastre. Mientras tanto, la Generalitat mantiene su postura de cooperación con la justicia, aunque sin asumir, por ahora, un papel más activo en la causa. @mundiario