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MUNDIARIO

Masiva discrecionalidad de ceses y nombramientos en el Gobierno 

La politización de nombramientos y ceses es la que ha provocado el malestar en la Guardia Civil, que intenta salvaguardar un mecanismo reglado de ascensos y nombramientos como parte de la carrera profesional.
Masiva discrecionalidad de ceses y nombramientos en el Gobierno 
Guardia Civil.
Guardia Civil.

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José Luis Méndez Romeu

José Luis Méndez Romeu

El autor, JOSÉ LUIS MÉNDEZ ROMEU, es licenciado en Pedagogía y columnista de MUNDIARIO. Exdiputado y exportavoz parlamentario del PSdeG - PSOE, fue conselleiro del Gobierno de Galicia y secretario de Estado del Gobierno de España. @mundiario

El cese de un coronel de la Guardia Civil ha provocado un enconado debate político. Debemos subrayar que el citado Instituto armado, de naturaleza militar, cuenta con más de 200 oficiales del rango citado, sobre los cuales mandan un elevado número de generales. Al margen de los detalles más o menos turbios del caso citado, lo más relevante es que el citado cargo policial fue nombrado por libre designación y así puede ser cesado. Debe su puesto a la libre voluntad de quien lo nombra. Al igual que varias decenas de miles de funcionarios públicos. Un sistema de botín, según Weber, para el partido ganador de las elecciones.

España es una anomalía entre los países de nuestro entorno por ese elevado número de puestos sujetos a la libre voluntad de sus mandos políticos. Carreras profesionales, expectativas personales, equipos de trabajo, pueden ser trastornados de un día para otro sin que medie más que la libre voluntad de quien manda. Que esa voluntad no se conforma con criterios objetivos sino es que voluble y sujeta a todo tipo de influencias, va en la conducta humana. Desde el pasado año, cuando hubo dos elecciones generales, elecciones europeas, locales y en trece Comunidades Autónomas, el sistema de ceses y nombramientos alcanza a todo tipo de puestos: directores de centros de salud u hospitales, de mandos intermedios de la Administración, de instalaciones de todo tipo, empresas y entes variopintos. Es una de las múltiples caras del clientelismo político.

La consecuencia es que la Administración se paraliza desde que se convoca un proceso electoral hasta que la cadena de nuevos nombramientos se detiene. Peor aún, los funcionarios más cualificados que no sean además obedientes o aduladores, tendrán serias dificultades para ocupar puestos directivos. Si los ocupan, quedarán de inmediato adscritos al bando ganador y por tanto sufrirán las consecuencias cuando cambie el Gobierno. Se han explorado varias vías para reducir ese problema pero en 2021 España sigue manteniendo uno de los sistemas más clientelares en la alta Administración.

Si a los citados puestos de funcionario se suman todos los nombramientos de lo que se conoce como Altos Cargos, que incluyen Directores Generales y asimilados, Presidentes o Gerentes de todo tipo de organismos autónomos, que son varios miles, empresas públicas, Consejos de Administración de éstas, Fundaciones y otros entes, más los propios cargos electos, el total, sobre el que no existen estadísticas, se calcula en 77.000 cargos elegidos y unos 370.000 de libre designación. Un botín pues de más de 400.000 puestos de trabajo, muchos de ellos directivos.

Mientras no se deslinde claramente la Alta Administración del nivel político, tendremos poca eficiencia pues pocos funcionarios arriesgarán su promoción defendiendo mejores propuestas que las de sus superiores designados. El sistema es perverso pues desincentiva la innovación mientras fomenta la adulación. Siendo estos datos llamativos aún lo es más que no formen parte del debate político. La razón es transparente: todos los partidos quieren su parte del botín.

Ningún periodista le ha preguntado al Ministro del Interior cuántos funcionarios de libre designación están a sus órdenes. Como no se lo han preguntado a ningún otro Ministro o Presidente de Comunidad Autónoma. Las respuestas a esas hipotéticas preguntas explicarían mejor que cualquier discurso el retraso de las reformas estructurales necesarias o las disfunciones de muchos servicios públicos: cambian de criterio cada vez que cambian de directivos. A falta de esas preguntas, especulaciones sobre un cese concreto.

La politización de nombramientos y ceses es la que ha provocado el malestar en la Guardia Civil, que intenta salvaguardar un mecanismo reglado de ascensos y nombramientos como parte de la carrera profesional. Quieren ser una isla tranquila en el mar proceloso de los nombramientos de libre designación, y por tanto de la lealtad personal. Entienden que siendo leales al Estado, va de suyo que lo serán a sus dirigentes sin necesidad de doblar la espalda. @mundiario