Masacre en Jacarezinho: la polémica operación policial bajo investigación en Brasil
El pasado 6 de mayo fue llevada a cabo una acción policial que, de acuerdo con organizaciones defensoras de Derechos Humanos, se puede catalogar como la mayor masacre que se ha tenido en Río de Janeiro por parte de policías. Se trató de una operación que tuvo lugar en la favela de Jacarezinho y en ella fallecieron 28 personas, motivo por el cual la organización Human Right Watch (HRW) se dirigió al Ministerio Público de Brasil, mediante una solicitud en la cual exhortaba a las autoridades competentes a investigar, civil y penalmente, a funcionarios de la Policía de Río de Janeiro que hayan estado involucrados en este operativo.
Fueron 27 los civiles que resultaron muertos, de los cuales solamente 3 habían sido buscados por agentes policiales y otros 22, tenían registro criminal. Otras dos víctimas no tenían antecedentes penales. Es por esta razón por la cual la HRW ha solicitado una investigación que contemple tanto a los funcionarios que ejecutaron la operación, así como a los comandantes, que se encargaron de planificar y ordenar la ejecución de la misma y al Secretario de la Policía Civil, siendo que formando parte de los altos mandos policiales, permitieron que la misma se llevara a cabo con todas las irregularidades que contempló.
Es importante destacar que desde el mes de junio del 2020 ya se habían prohibido los operativos policiales, producto de una sentencia dictada por la Corte Suprema, esto después de abusos cometidos por agentes policiales que desembocaron en la muerte de más de 60 personas en apenas, los meses de abril y mayo de dicho año en Río de Janeiro. Si bien están permitidos estos operativos en caso de se esté ante “hipótesis absolutamente excepcionales”, deben ser suficientemente planeados y se requiere de que medie una “comunicación inmediata” al Ministerio Público, instancia a través de la cual deben otorgarse los permisos correspondientes y la justificación en que conste la necesidad de la operación.
En este caso, si bien se hizo llegar la comunicación inmediata al Ministerio Público, el permiso que se otorgó era para capturar a 21 personas que habían sido denunciadas, en el transcurso del mes de abril por delitos relacionados con el narcotráfico, pesando, como prueba de esos presuntos delitos, unas imágenes en las cuales algunos sospechosos portan armas y aparentemente, traficaban con droga.
Cabe destacar que entre los meses de enero hasta abril de 2021, al menos 595 personas han muerto como producto de operaciones policiales y por ende, es perentorio, de acuerdo con José Miguel Vivanco, Director para las Américas de HRW, evaluar si se ha tenido “mala conducta administrativa” por funcionarios policiales, si se han tenido ejecuciones extrajudiciales, abusos contra personas que han sido detenidas o si hay algún otro delito que haya obstruido la aplicación de justicia en todos los ámbitos de la sociedad. @mundiario
