Más propuestas disolventes que integradoras en la política española

Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana. RR SS.
Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana. / RR SS.

La política de gestos simbólicos, de regulaciones arbitrarias y de inseguridad jurídica, no pasa desapercibida fuera de nuestras fronteras. Pedro Sánchez lo ha escuchado en EE UU. 

Más propuestas disolventes que integradoras en la política española

Cuando gracias a una demediada moción de censura en Murcia, Isabel Ayuso logró una aplastante victoria para el PP en Madrid relegando al PSOE a la tercera posición, Pablo Iglesias abandonó la política y Pedro Sánchez remodeló a fondo el Gobierno, pareciera que se había producido una reflexión sobre las causas de la derrota. Entre otros errores recordemos que la izquierda intentó presentar la contienda electoral como una repetición de 1936, todos contra el fascismo. Un delirio que bebía entre otras fuentes, de la tan manoseada Memoria Histórica.

En paralelo y a instancias del nacionalismo catalán se viene desarrollando una campaña para castigar fiscalmente a la Comunidad de Madrid, con argumentos varios: dumping fiscal, efecto capitalidad, nuevo nacionalismo español… Campaña a lo que ahora se ha sumado el Presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, proponiendo un impuesto especial para ciudadanos de Madrid aunque, al parecer, se acotaría a los de mayor renta, sin más especificaciones. No se entienden los motivos que han llevado a una autoridad tan relevante a iniciar un ataque tan directo a los habitantes de otra Comunidad, cuyo único efecto real será reforzar al PP.

Menos se comprende recordando que Valencia, además de ser el puerto comercial y la playa de Madrid, es la Comunidad con mayor número de segundas residencias, unas 600.000, de las que un importante porcentaje corresponde a madrileños. Madrid es también el principal mercado de origen de los turistas españoles que visitan Valencia. Nada gana la Comunidad Valenciana atizando discordias regionales, agravios entre territorios que se suman a la ya larga lista que dificulta el acuerdo sobre financiación autonómica entre otros asuntos.

El Presidente valenciano se ha sumado al interesado discurso de los nacionalistas catalanes, que lo han enarbolado desde que su mala gestión en la Generalitat ha provocado por primera vez en muchos años que pierdan la primera posición en el ranking del PIB territorial. De forma que mientras el PP procura subrayar en todos los territorios la identificación entre identidad territorial y entidad nacional, la izquierda se enreda en crear diferencias y profundizar en ellas, obviando cualquier planteamiento unitario.

La Comunidad Valenciana es la mayor de las que gobierna el socialismo. Está regida por un Gobierno de coalición con la facción más rigurosa de las que componen Unidas Podemos, Compromís. Tiene una característica evidente: la peor financiación autonómica. Y un peso económico y demográfico que debería dar lugar a un cierto liderazgo en políticas e iniciativas. En su lugar, escuchamos ocurrencias potencialmente conflictivas.

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No está solo el Presidente valenciano. La última sesión del Ayuntamiento de Barcelona fue un esperpento. Para cumplir la sentencia judicial que obliga a respetar la ley, en este caso que el retrato del Jefe del Estado presida el salón de sesiones de los consistorios, la Alcaldesa Ada Colau, ordenó colocar un retrato minúsculo, además de comparecer con los colores republicanos en el tapabocas y hacer un estrafalario discurso en todo ajeno a lo único real: que la ley mientras esté vigente se debe cumplir. El PSC en la misma sesión se cubrió con la bandera del arco iris para eludir el debate de fondo mientras JxCat demandaba no cumplir la ley.

El minúsculo retrato del Rey en el Ayuntamiento de Barcelona. Twitter @La_SER

El minúsculo retrato del rey Felipe VI en el Ayuntamiento de Barcelona. / Twitter @La_SER

Que la política se haya vuelto tan estrafalaria en algunos territorios, no pasa desapercibido en lugares insospechados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de road-show por Estados Unidos acompañado de media docena de pequeños empresarios, ha cosechado muchas fotos interesantes mientras intentaba eludir que no ha tenido ningún contacto con el presidente Joe Biden. Pero sus interlocutores le han preguntado por la inseguridad jurídica que generan proyectos y decisiones sobre la vivienda. Allí saben que solamente en España el Partido Comunista se sienta en el Gobierno y eso además de exótico les parece preocupante. La vicepresidenta segunda ha acusado el recado con una respuesta desabrida. Pero la alcaldesa de Barcelona y el Gobierno catalán porfían en una legislación que lejos de resolver problemas, conseguirá que el ya débil mercado de alquiler en España no termine de consolidarse.

En la Conferencia de Presidentes convocada para final de mes, esos asuntos no serán discutidos. El PP está amagando con boicotearla en el futuro, como ya hacen los presidentes de Cataluña y del País Vasco. Los vínculos entre las Comunidades, ya muy débiles, perderán así un elemento de cohesión. En realidad el PP siempre estuvo en contra. La primera Conferencia, en 2005, sólo pudo celebrarse tras una batalla frontal de los conservadores contra el Gobierno socialista. No había voluntad alguna en los populares para crear ese instrumento por lo que no sorprende que ahora, tras la estela de los nacionalistas, se apresten a liquidarlo. @mundiario 

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