Mas presenta un recurso por vulneración de sus derechos constitucionales
El expresidente de la Generalitat apelará junto a Joana Ortega e Irene Rigau la sentencia de dos años de inhabilitación que les fue impuesta la semana pasada.
Artur Mas acudirá a la Consticuión Española para deshacerse de su condena por desobediencia al mismísimo Tribunal Constitucional. El expresidente de la Generalitat alegará que la sentencia de dos años de inhabilitación es una evidente violación a los derechos fundamentales que garantiza el texto supremo. El argumento irá incluido entre otros dentro del recurso de casación que Mas presentará ante el Tribunal Supremo (TS), con el que espera ser absuelto.
Mas fue condenado junto a Joana Ortega, su exvicepresidente, e Irene Rigau, exconsejera de Enseñanza, tras haber organizado una consulta el 9 de noviembre de 2014 con todo y que la misma había sido prohibida por el Tribunal Constitucional apenas cinco días antes. La ley electoral hace que este castigo les impida presentarse como candidatos en cualquier lista electoral. Los defendores ya han anunciado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC, la institución que dictó la condena) que acudirán al Tribunal Supremo. Les seguirá la Fiscalía, que demanda una condena por el delito de prevaricación.
El texto del exmandatario indica 13 motivos de recurso. La mayor parte de aquéllos es por "infracción de ley" y por vulneración de artículos del Código Penal. Mas también indica que el tribunal catalán cometió un serio error "en la valoración de la prueba" documental, según describe El País. Específicamente, el informe publicado por el Consejo Asesor para la Transición Nacional luego de que el Constitucional prohibiera, el 4 de noviembre, el referendo independentista del 9-N. Javier Melero, abogado defensor de Mas, añade que el tribunal rebotó una prueba de forma "indebida".
Los últimos cinco pretextos de Mas están relacionados a la infracción de preceptos constitucionales. La defensa del exmandatario ha apuntado que la sentencia choca con los derechos fundamentales de su cliente, como el derecho a la presunción de inocencia y a un proceso público en el que disfrute de todas las garantías; así como el derecho a la tutela judicial efectiva. El documento también defiende que la resolución se ha saltado otros incisos de la Carta Magna, específicamente el 25, que explica que "nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito"; el 14, en el que se aclara que todos los españoles "son iguales ante la ley" y el 23.1, que defiende que "os ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos".
La exvicepresidenta apunta a Europa
Entretanto, Joana Ortega basa su recurso en cinco razones: infracción de preceptos constitucionales, infracción de ley, error en la apreciación de la prueba y quebrantamiento de forma, citado dos veces, explica El País. Rafael Entrena, abogado defensor de Ortega, apunta que la sentencia del TSJC es una vulneración deliberada de los artículos 14, 23 y 25.1, siguiendo el argumento de Mas, y agrega el 20, que defiende el derecho "a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones".
Pero la defensa de Ortega da otro pasó más y señala que toda esa vulneración de derechos "a la igualdad ante la ley, a la libertad ideológica y de expresión, a la libre participación de los ciudadanos en los asuntos públicos", podría ser válido incluso para presentar un recurso ante los magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si el Supremo no hace caso a sus exigencias, sigue el mismo diario. Por último, Jordi Pina, encargado de la defensa de Irene Rigau, repite los mismos argumentos y comparte la idea de llevar sus peticiones a los tribunales europeos.
