Empresarios y políticos son arrestados en Guatemala por cooptación de Estado

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) han llevado a cabo una maratónica jornada de arrestos y órdenes de captura contra políticos, empresarios y hasta particulares por diversos delitos. Más de 20 personas han sido capturadas en este día, todos involucrados en delitos relacionados a la cooptación de Estado.

Y es que las más de dos docenas de aprehendidos estarían acusados de haber lavado dinero y de haber financiado ilegalmente a partidos políticos en la última contienda electoral del país, la cual se celebró el año pasado a dos rondas en septiembre y octubre. Sin brindar mayor información al respecto, Iván Velásquez, jefe de la CICIG, y Thelma Aldana, fiscal general del MP, aseguraron que todos los allanamientos y posteriores capturas se realizaron en la ciudad capital y en el departamento de Izabal, en la costa atlántica del país. Cohecho activo, financiamiento electoral ilícito, asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho pasivo son algunos de los delitos que figuran en el palmarés de los involucrados.

Esta captura supone algo así como la parte práctica de un proyecto que la propia CICIG había iniciado el año pasado. En julio de 2015, la comisión, creada por la ONU en la década pasada, presentó un informe titulado "El financiamiento de la política en Guatemala”. En el documento se exponía a la luz pública los oscuros patrocinadores que abastecen de capital a las organizaciones políticas. Se trata de cabecillas del crimen organizado, narcotraficantes y demás personajes, quienes ven en el Estado el motivo perfecto para enriquecerse a la carrera, aun si eso significa hacerlo a costas de la población. 

Para tener una idea del alcance en materia de dinero que tenían estas redes criminales, el Partido Patriota (PP), en el poder desde enero de 2012 a septiembre de 2015, recibió de manos de estas estructuras criminales hasta un total de USD 70 millones (el equivalente a la moneda local son Q 500 millones) en calidad de sobornos. "Esta actividad que a nuestro juicio es ilícita se diseñó en el 2007 en la primera participación electoral del PP y siguió funciones entre el 2012 y el 2015, esta estructura había cooptado instituciones del estado y cuyos dirigentes son el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti", refirió Aldana ante los medios.

Así, la comisión y la fiscalía de Guatemala asestan un nuevo golpe a la corrupción. Cabe recordar que esta misma coalición fue la que inició, desarrolló y finalizó una investigación que hizo rodar la cabeza de Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina, vicepresidenta y presidente de Guatemala de enero de 2012 hasta mayo de 2015, en el caso de Baldetti, y septiembre de 2016, en el caso de Pérez Molina. Aparte de eso, también a estas fuerzas combinadas se debe la caída libre de Manuel Baldizón, candidato presidencial que pretendía convertirse en el Hugo Chávez de Guatemala, luego de que se encontrara que su candidato a la vicepresidencia Manuel Barquín haya influido en tráfico de influencias y asociación ilícita con contrabandistas, narcotraficantes y miembros del crimen organizado. Esos dos casos, los de los extitulares del Ejecutivo y del excandidato presidencial, por lejos el más odiado en la historia del país, son tan sólo dos de los principales incisos del currículum de ambas instituciones desde que trabajan juntos.