Maduro ya tomó las armas hace tiempo y los muertos en las manifestaciones lo confirman

Protesta pacífica de estudiante venezolanos contra Nicolás Maduro. / / Twitter
Protesta pacífica de estudiante venezolanos contra Nicolás Maduro. / Twitter

Desde dentro de Venezuela y desde fuera estamos asistiendo atónitos a lo que es el mayor enroque de la historia política del país, el de un gobernante para el que no valen las reglas democráticas donde a veces se pierde y a veces se gana.

Maduro ya tomó las armas hace tiempo y los muertos en las manifestaciones lo confirman

Nicolás Maduro continúa su carrera hacia la dictadura venezolana desde que el pasado 2 de mayo anunciara la creación de una Asamblea Constituyente. La convocatoria de esta Constituyente tiene como objetivo transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. La Constitución que actualmente rige en Venezuela es la que llevó a cabo Chávez y que fue aprobada en 1999.

La raíz de esta decisión del presidente venezolano viene dada de su perdida de poder en el Parlamento, donde ya no contaba con mayoría. Un traspiés que no aceptó democráticamente y se valió de todas las artimañas para desligitimarla, incluso intentó un golpe de estado valiéndose de su brazo judicial, el Tribunal Supremo de Justicia (olvídense de la separación de poderes), tomando por unas horas la Asamblea Nacional (el Parlamento), pero su ridículo fue narrado globalmente cuando tuvo que dar marcha atrás a esta decisión que fue calificada de inconstitucional incluso por la Fiscal General del Estado.

Desde primero de mayo la ciudadanía venezolana se manifiesta en las calles en contra de lo que la MUD - partido político opositor con mayoría en el Parlamente pero que ha sido desalojado del mismo por parte del Partido Socialista de Nicolás Maduro - ha calificado de “autogolpe de Estado”.

88 días de protestas que no cesan y que ya se han cobrado la vida de 76 personas y más de un millar de heridos, además de los 376 periodistas agredidos mientras ejercían su profesión. Ellos, que están en las calles cubriendo el día a día de las protestas relatan que “entre el 31 de marzo y el 24 de junio, 376 trabajadores de prensa han sido agredidos en 238 casos documentados, de los que las fuerzas de seguridad son responsables de 170”.

Justamente el 27 de junio se celebró el Día del Periodista en Venezuela.

 

Nicolás Maduro solo ve en la Constituyente la salida a la escalda de violencia del país, así lo expresa machaconamente en sus medios de comunicación día tras día, pero la realidad es que esa violencia en las calles viene dada tras su anuncio de la Constituyente y su negativa a aceptar las reglas de la democracia y a aceptar que el pueblo venezolano no votó a su partido masivamente en las pasadas elecciones de 2015 para el Parlamento. En democracia a veces se gana y a veces se pierde, pero para un dictador, la palabra perder no tiene sentido alguno, solo cabe ganar como sea, así de claro lo ha dejado al anunciar hace menos de 24 horas que tomará las armas para lograr la paz, menudo oxímoron.

 

¿Qué puede hacer el pueblo venezolano a parte de manifestarse?

Desde dentro de Venezuela y desde fuera estamos asistiendo atónitos a lo que es el mayor enroque de la historia política del país, el de un gobernante que pareciera que solo muerto aceptará las reglas democráticas actuales. Pero el pueblo venezolano no es un pueblo violento como así lo demuestra su historia.

La ciudadanía venezolana lleva 88 días de protestas infructíferas. Políticamente nada se ha conseguido. Socialmente: 76 muertos y una crispación en aumento. Internacionalmente: el absoluto y casi unánime rechazo a la actitud de Nicolás Maduro y su partido.

Estas protestas a los que la MUD se afana en calificar de pacíficas, pero que, en algunos puntos del país, se han vuelto incontrolablemente violentas, ha derivado en que un inspector de policía adscrito a la división de transporte aéreo de la policía científica, Oscar Pérez, sobrevolara el Tribunal Supremo de Venezuela con un helicóptero pegando tiros y una pancarta que decía “350 libertad”, en referencial a ese artículo de la Constitución venezolana que dice así: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

El helicóptero pilotado por Óscar Perez. / Twitter

El helicóptero pilotado por Óscar Pérez. / Twitter

 

Rápidamente la maquinaria propagandística de Nicolás Maduro y el propio presidente ha salido en su cadena de televisión calificando el sucedo de “ataque terrorista armado”. Según Maduro desde el helicóptero se lanzaron granadas pero no hay heridos.

Mientras sucedía el sobrevuelo del helicóptero, en otra parte de Caracas, miembros de la oposición dijeron que estaban siendo asediados por partidarios armados del gobierno en la sede de la Asamblea Nacional.

 

Y además, casi a la misma hora del incidente del helicóptero se conoció una sentencia del TSJ que da a la Defensoría del Pueblo el mismo poder que a la Fiscalía para acusar e investigar. Algunos constitucionalistas lo interpretan como una forma de minar el poder del Ministerio Público, ahora crítico con el Ejecutivo y el poder Judicial, según analiza la BBC.

Los antecedentes para entender el presente

Cuando en diciembre de 2015 el chavismo liderado por Nicolás Maduro perdió las elecciones parlamentarias se quedó también uno de los poderes públicos del país, pasando a controlar cuatro en vez de cinco. La oposición ganó 112 escaños de los 167 de la unicameral Asamblea Nacional. Desde entonces el chavismo representado por el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), que lidera Maduro tras la muerte de Chávez, ha intentado poner trabas a la labor legislativa de la Asamblea.

Primero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, suspendió de manera cautelar a Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, diputados opositores y electos por la región de Amazonas, por una supuesta “compra de votos” a raíz de una conversación grabada a Victoria Franchi, secretaria de Gobernación del Estado de Amazonas.

Una suspensión que quedó en el limbo, sin darse resolución a la misma. Estos diputados, miembros de la MUD, la opositora Mesa de la Unidad Democrática, tomaron su cargo 6 meses después de esta sentencia del TSJ. En sesión ordinaria de un día del mes de julio de 2016, la Asamblea Nacional (AN) aprobó la incorporación de los diputados del estado Amazonas.

Esta decisión tomada por la AN, en mayoría opositora, derivó en que desde entonces Nicolás Maduro se ampara en el desacato al que está incurriendo la AN al permitir la incorporación de estos 3 diputados, suspendidos de manera cautelar, para tomar y llevar a acabo cualquier acto: su decisión de saltarse el poder legislativo para aprobar los presupuestos de 2017, la toma de la AN por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumiendo las "competencias parlamentarias" de la Asamblea, escudándose en la situación de desacato que el mismo TSJ decretó, o la última: la convocatoria de una Asamblea Constituyente por parte de Maduro.

MUNDIARIO te ofrece suscribirte a otros análisis de Política

 

Maduro ya tomó las armas hace tiempo y los muertos en las manifestaciones lo confirman
Comentarios