Macron busca el apoyo del Constitucional para evitar una rebelión interna
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha decidido apelar al Constitucional para asegurar la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales de la recientemente aprobada ley de inmigración. Aunque la norma fue respaldada por la derecha tradicional y una mayoría de los diputados afines a Macron, aproximadamente una cuarta parte de los macronistas votaron en contra o se abstuvieron, generando una agitación que el presidente intenta controlar.
La crisis se ha profundizado con la dimisión del ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau, contrario a la ley. Otros miembros del ala socialdemócrata del Gobierno también han amenazado con renunciar, aumentando la tensión en el ejecutivo francés.
Críticas provenientes de la izquierda y de algunos macronistas sostienen que la nueva ley socava el principio de igualdad para los residentes en Francia y, de manera más alarmante, adopta de manera no explícita la llamada "preferencia nacional", una prioridad para los franceses frente a los extranjeros, incluso teniendo los permisos necesarios de residencia y trabajo. Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa, considera la aprobación de la ley como una "victoria ideológica" para su partido, el Reagrupamiento Nacional.
Élisabeth Borne, primera ministra de Macron, admitió en una entrevista que hay elementos inconstitucionales en la ley. Aunque confirmó esta afirmación, expresó su "sentimiento del deber cumplido" respecto a la votación del martes. La versión adoptada no refleja la posición original de Borne y Macron, quienes buscaban un equilibrio entre medidas represivas y progresistas. Sin embargo, al carecer de mayoría absoluta, negociaron una versión más dura del texto con la derecha de Los Republicanos, mayoritaria en el Senado. El Consejo Constitucional podría anular algunos artículos y suavizar la ley.
Los críticos denuncian que la normativa cuestiona principios fundamentales de la República, como el derecho del suelo, que otorga la nacionalidad en función del lugar de nacimiento en lugar de los orígenes. La obligación para estudiantes extranjeros de depositar una paga y señal al estudiar en Francia también ha generado polémica, al considerarse una medida represiva.
La disposición más controvertida endurece las condiciones para que los extranjeros, incluso con permisos de trabajo y residencia, reciban ayudas familiares o a la vivienda, generando críticas sobre la adopción de la "preferencia nacional". Medios progresistas lamentan el compromiso del Gobierno con fuerzas que utilizan la inmigración como chivo expiatorio, mientras que diarios conservadores atribuyen la crisis política a la negación de Macron sobre su falta de mayoría absoluta y su intento de complacer a la izquierda y la derecha simultáneamente.
Macron planea abordar la situación en una entrevista para dar explicaciones, reconociendo que su objetivo al adoptar la ley era defender el interés general de los franceses. La crisis política ha dejado heridas profundas en el movimiento macronista, que aspiraba a ser transversal y reunir a moderados de izquierda y derecha, y se espera que las tensiones persistan en el futuro cercano. @mundiario