Sin soluciones ante la inmigración ilegal que llega a España… junto con la Covid19

Mientras Argelia está en pleno incremento de personas contagiadas por la Covid19, registrando cada día más de 500 contagios, España sigue recibiendo, en su mayoría, a inmigrantes irregulares de ese país, sumados a personas del África subsahariana.

La situación no puede ser más caótica con los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) cerrados, las comunidades autónomas más afectadas en riña con el gobierno central por ver a quién le corresponde hacerse cargo de estos inmigrantes ilegales y con las fugas de algunos de ellos, contagiados por la Covid19, y en busca y captura por la Policía Nacional.

La última fuga se ha producido ayer mismo en Murcia, una de las comunidades más castigadas por la llegada de inmigrantes en pateras. Ocho argelinos se escaparon por los conductos de ventilación del Pabellón Cabezo Beaza de Cartagena donde los mantienen en cuarentena debido al contacto directo que tuvieron con enfermos de Covid19. La expresión utilizada en los medios al referirse a “contacto directo” es una manera de expresar que viajaban todos en la misma patera.

Estos 8 se suman a los más de 50 que se encuentran en paradero desconocido desde la semana pasada, con el riesgo sanitario que esto supone en la situación de pandemia actual. De hecho, las autoridades avisan de la urgencia de dar con ellos lo antes posible, con el fin de poder evitar una posible propagación del virus.

En los dos últimos fines de semanas han llegado a España más de 1.200 inmigrantes ilegales, principalmente argelinos y, en menor medida, del África subsahariana. Desde el Gobierno admiten la avalancha pero dejan en manos de las comunidades autónomas afectadas la gestión de esta personas, sumado al hecho de que pueden llegar infectadas. Una decisión del Gobierno de Pedro Sánchez que incumple el artículo 149 de la Constitución, el cual indica que el Estado tiene competencia exclusiva en la “nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo”. Unas competencias, a su vez, planteadas en los estatutos de dos de las comunidades más afectadas, Murcia y Andalucía, que recogen como competencias suyas la “integración de los inmigrantes”. A pesar de estas aparentes contradicciones o choques de competencias, el Tribunal Constitucional ya fue claro en el año 2010: “la Inmigración es competencia exclusiva del Estado”. Por tanto la coordinación de las actuaciones en materias de inmigración corren a cargo del Gobierno de España y, en concreto, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con José Luis Escrivá a la cabeza y de la Secretaría de Estado de Migraciones cuya secretaria es Hana Jalloul.

En este sentido, la Secretaría de Estado de Migraciones publicó hace unas semanas un protocolo que establece que en “las primeras fases del control epidemiológico [de los inmigrantes] tanto los casos positivos, incluso asintomáticos, como sus contactos estrechos, son una responsabilidad de las autoridades sanitarias competentes”, es decir de las autonómicas. Estas “deberán tener previstas soluciones habitacionales […]  proporcionarán y financiarán los dispositivos habitacionales”. “De igual modo aportarán el personal imprescindible para garantizar la atención sanitaria (…)”, concluye.

Horas antes de que se diese a conocer el protocolo, el vicepresidente andaluz, Juan Marín, se quejaba durante una visita a Almería. “No es cierto que la asistencia a los inmigrantes que llegan al litoral andaluz sea competencia de la comunidad autónoma, es Sanidad Exterior quien debería atenderlo, pero como no lo hace lo asumimos nosotros”, declaró. “(…) ya ajustaremos cuentas”, concluyó.

Muy probablemente, unos deban coordinar y los otros ejecutar.

Canarias, por su parte, supera ya el balance de todo 2019 con 2.700 inmigrantes llegados por mar. A principios de junio el Gobierno de Canarias comenzó a realizar pruebas de coronavirus a los inmigrantes y se han detectado una veintena de positivos.

Si bien las ONG españolas, quienes ayer han sabido que el Gobierno de España abre una línea de subvenciones para ellas de 25 millones de €, declaraban a finales de junio que "no hay que sorprenderse por los casos positivos (entre los inmigrantes), sino gestionarlos de forma segura, como hacen las autoridades italianas", un mes después declaran estar desbordadas. “La situación es preocupante, muy preocupante”, asegura Juan Carlos Lorenzo, coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias. Además, las islas son una especie de embudo: los inmigrantes entran pero no salen, al menos no legalmente ya que el Ministerio del Interior suspendió los traslados a la península desde que se declaró la emergencia sanitaria y el estado de alarma.

Desde el Gobierno se asegura que “el Estado trabaja de manera intensa para buscar las mejores soluciones y que la estrategia ha de establecerse en el seno de la Unión Europea”, pero, como viene siendo habitual en este ejecutivo de coalición, las palabras no suelen transformarse en acciones concretas. @opinionadas en @mundiario