López Obrador impulsa una reforma integral de la justicia en México
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decidido realizar una reforma integral del sistema judicial en México. Ayer presentó un paquete de nueve reformas que tiene cambios relevantes relacionados a los jueces y los magistrados. Así se puede mencionar que implica una modificación de la Constitución, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, la Ley orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Ley orgánica del Poder Judicial, así como de otras cuatro leyes centrales en la procuración e impartición de justicia.
La Administración de López Obrador apunta, además, a la creación de un Código Penal único porque México tiene 32 códigos distintos, uno por cada Estado, lo que daba definiciones y castigos diferentes para delitos como el feminicidio. En esa línea, El nuevo ordenamiento estaría apuntalado por un Código de Procedimientos Penales, que ha sido criticado por quitar restricciones con una reforma constitucional al arraigo.
El presidente mexicano propone una reorganización de la FGR, que delimite su papel ante las nuevas disposiciones sobre extinción de dominio y la Guardia Nacional, creada el año pasado, analiza El País. La Fiscalía podrá solicitar su propio presupuesto a la Secretaría de Hacienda, ya no según lo que estime el Ejecutivo. También se menciona los supuestos para intervenir llamadas telefónicas y para que las compañías de telecomunicaciones entreguen información sobre sus clientes.
El paquete de reformas en el sistema judicial no cayó bien en la oposición. De hecho, López Obrador ha mostrado otra vez su tensa relación con el Poder Judicial desde que asumió el poder en diciembre de 2018. El entorno más cercano al líder izquierdista quiere realizar una limpia de la corrupción tras la salida del exministro de la Suprema, Eduardo Medina Mora, quien, según El País, una treintena de depósitos sospechosos en sus cuentas bancarias cuando era embajador de México en el Reino Unido entre el 2009 al 2013.
El paquete legislativo ha sido presentado por el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; la secretaria de Gobernación (Interior), Olga Sánchez Cordero, y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, también nombrado durante este Gobierno. "El modelo actual ha fracasado y nos ha llevado a un récord nada envidiable del 99% de impunidad", ha dicho Scherer, el brazo legal del presidente.
Como sea, el paquete de reformas deberá pasar por comisiones y la discusión en el pleno, la nueva legislación debe aprobarse en el Senado y después pasar por la Cámara de Diputados, ambos con mayoría de Morena, el partido de López Obrador. Se tiene previsto de que se allane el camino para su aprobación en el Parlamento y, después, al menos 17 de 32 Congresos estatales en el caso de las reformas constitucionales. @mundiario
