López Obrador encuentra su primer gran problema: el Poder Judicial
El nuevo presidente de México trae consigo una agenda donde promete cambiar las reglas en una país azotado por una gran división social, corrupción, narcotráfico y problemas migratorios. Muchas de sus propuestas son polémicas, y una de ellas se ha encontrado con la oposición de más de 600 jueces y magistrados.
México tiene distintos problemas, que el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido resolver. Sin embargo, para poder hacerlo necesita de un pacto entre los distintos poderes que gobiernan a todo país democrático, entre los que destaca el Poder Judicial, que recientemente se ha opuesto a una de las recientes propuestas del mandatario. El líder de Morena, mayoría en el Congreso, ha prometido más austeridad, dejando saber que desde ahora ningún empleado público ganará más que él, ante esto, más de 2.000 empleados de la judicatura, donde figuran 600 jueces, han promovido juicios de amparo, mediante los cuales impugnan las normas generales que se consideran violatoria de los derechos humanos.
Los funcionarios se sienten inconformes por la primera reforma del Gobierno, específicamente por los cambios de dos artículos de la Constitución -75 y 127- mediante los cuales López Obrador ha decretado la reducción del 40% de su sueldo, fijándolo en unos 108.000 pesos mensuales, que serían unos 5.300 dólares, y por ende, todas las personas de la Administración Pública pasarán a ganar menos que él. Ahora, los empleados fijan una demanda donde expresan que el mandato del presidente “es contrario al orden constitucional”. Según ellos, el “Poder Judicial goza de autonomía para disponer de sus recursos, por lo cual no tiene obligación de someter al escrutinio del Poder Legislativo las remuneraciones que asigne a jueces y magistrados federales”.
Los demandantes afirman que el efecto que busca Lópes Obrador al rebajar sus sueldos es el contrario, pues habrán muchos que se sientan atraídos por la corrupción debido a que sentirán que no ganan lo suficiente en sus respectivos empleos, y en el caso de los jueces, las cosas se vuelven más complicadas porque muchos de sus casos son contra criminales peligrosos, siendo ellos quienes –al juzgar- se convierten en un blanco fácil para la criminalidad, y en pocas palabras, nadie quiere arriesgar el cuello por ganar ‘cuatro lochas’.
Este es el primer choque contra el nuevo Gobierno de México. Solo hubo un caso similar en el país, cuando en 1994, el entonces presidente Ernesto Zedillo redujo el pleno de la Corte Suprema de 26 a 11 ministros. Los juicios contabilizados hasta ahora, ascienden a 440, donde se incluyen a unas 2.194 personas, que se dividen en 291 jueces y 323 magistrados. Es probable que esto siga escalando hasta alcanzar otros 1.429 puestos, entre los que destacan ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces de distrito, consejeros de la judicatura y magistrados electorales.
No todo es malo
El actual problema entre el Ejecutivo y el Judicial, tiene que ver principalmente con la imposición que López Obrador pretende ejercer, cuando deberían ser dos poderes que van de la mano. Por lo tanto, se ha llegado a un acuerdo general de parte de los jueces que reconocen que la sociedad mexicana está muy atada a ciertos vicios, por lo que es necesario encontrar una solución rápida a sus problemas. En el acuerdo pactan que no nombrarán o promoverán a concubinos, parientes o cónyuges. De igual forma, evitarán realizar acuerdos, promociones o influir en nombramientos. Y por último, ningún magistrado o juez podrá ser adscritos a un lugar donde haya un servidor público con el que tengan ningún parentesco; y si un juez llega a casarse con un servidor público, este será reasignado. @mundiario
