Lo que hay que resolver no es la sostenibilidad de las pensiones sino la del sistema
El peor método para resolver un problema es el de tratar de solventar los efectos sin afrontar las causas. Eso es lo que se intenta con el llamado comité de “sabios” sobre las pensiones. No es la sostenibilidad de las pensiones sino la sostenibilidad del sistema lo que hay que resolver.
A fuer de liberales olvidamos las premisas del Estado Social de Derecho a las que obliga la Constitución. Y repetimos un axioma cojo: “son las empresas las que crean empleo”, eximiendo al Estado de protagonismo. Pero en su artículo 40 la Constitución impone a los poderes públicos “promover las condiciones favorables al progreso social y económico y una distribución más equitativa de la renta regional y personal, en el marco de una política de estabilidad económica”. Y les ordena realizar “una política orientada al pleno empleo”. Una obligación a la vez un reto incesante, que nos estimula de forma permanente a mejorar, a superar los escollos, a avanzar y progresar: es como un programa de país, que marca la actividad y el comportamiento de gobernantes y ciudadanos.
El Gobierno de Rajoy incumple el mandato y el reto de hacer progresivamente sostenible nuestra economía y nuestra sociedad: elude su obligación de promover condiciones favorables al progreso social y económico, y delega en unos asesores para que nos digan cómo repartimos las habas contadas de su renuncia al progreso. En definitiva, para que especulen sobre la sostenibilidad de la crisis.
Y ese grupo de expertos, dócil al designio del Gobierno, y dócil –según dicen- a su propia concepción sobre los sistemas no precisamente públicos de las pensiones, diseña esa sostenibilidad, que en este caso se enfoca sin remilgos hacia una auténtica perpetuación de la crisis. Abordan el problema del sector más frágil de nuestra sociedad (el de los pensionistas), no con ánimo de buscar soluciones, sino de estancarlo en los estrictos límites que imponte la crisis. Y llegan a la aberración de señalar el hecho de que se alargue nuestra expectativa de vida, más como un problema que como un logro a sostener, y al que hay que aplicar el mandato del artículo 50 de la Constitución: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.
Un íntimo amigo se atrevía a calificar al famoso “grupo de expertos” como un grupo antisistema. Porque no hay mandato –ni el del propio gobierno, ni el de posibles intereses o “experiencias” privados- que pueda estar por encima del constitucional. No dudo de la coherencia “interna” del documento de los expertos. Lo que pongo en cuestión es su congruencia con la Constitución y con nuestro reto de progreso.
Sobran los profetas de la crisis. Sobra un gobierno que tira la toalla del cumplimiento de la Constitución y se acomoda a administrar la miseria para la sociedad, dejando a la vez que se abran huecos para los intereses privados. Porque lo mismo que ya se está promoviendo la gestión privada de la Sanidad, no tardarán en surgir, como a finales de los 90, los cantos de sirena de los planes privados de pensiones.
Que no traten de escudar la pretensión del Gobierno en una exigencia de Europa. Hay, es cierto, exigencias de funcionarios de Bruselas: Claro que Olli Rehn no merece un premio Nobel de Economía; y el propio Almunia se acomoda peligrosamente a esa cultura burocrática en nombre de la “realpolitik” que proviene de una Europa incompleta y sesgada. Una Europa que ha vuelto sobre sus propios pasos y objetivos: una Europa no social, que prioriza un sistema financiero al que, por otro lado, no controla.
Por encima de las exigencias comunitarias están las de nuestra propia razón de ser como Estado y como Sociedad. Las de los artículos 40 y 50 de nuestra Constitución: promover el progreso social y económico, y la suficiencia económica de los ciudadanos en la tercera edad. Los auténticos retos a los que el gobierno se niega a hacer frente, poniéndose con ello al margen de la Constitución y de los intereses del país.
