Las limitaciones institucionales justificarían por sí solas una reforma constitucional

Felipe VI. / Anamaría Tudorica
Felipe VI. / Anamaría Tudorica
El Jefe del Estado español, a diferencia de su homólogo italiano, no puede dirigir él mismo un proceso de negociaciones, ni siquiera de mediación, para formar un Gobierno. Se limita a escuchar lo que todos sabemos y hacer lo único que puede: firmar el Decreto de disolución de las Cortes.
Las limitaciones institucionales justificarían por sí solas una reforma constitucional

En su enésima finta táctica, Pablo Iglesias quiere que el Rey lo incluya en el Gobierno, se entiende que es el significado  de solicitarle que medie con Sánchez para una coalición gubernamental. El personaje, demediado, ha perdido credibilidad. Pero el gesto ofrece una reflexión sobre los límites de nuestras instituciones. El Rey, constitucionalmente, es un mero fedatario. Recibirá a los dirigentes políticos para levantar acta de lo que ya hemos visto todos los ciudadanos a lo largo de dos meses, que no hay posibilidades de formar Gobierno. 

No se trata de una imposibilidad metafísica, sino de la negativa de Sánchez a hacerlo si no es bajo sus restrictivas condiciones. Y de la negativa, conviene no olvidarlo, de Albert Rivera para pactar el único Gobierno estable a la luz de los resultados electorales. El Jefe del Estado español, a diferencia de su homólogo italiano, no puede dirigir él mismo un proceso de negociaciones, ni siquiera de mediación, para formar un Gobierno. Se limita a escuchar lo que todos sabemos y hacer lo único que puede: firmar el Decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones, cuando se cumpla el plazo de dos meses desde la primera votación.

Si dicha limitación cuestiona el valor real de la Jefatura del Estado en España, el proceso en el que nos encontramos desvela las limitaciones de otros poderes. Así, las Comunidades Autónomas no sólo están sufriendo el retraso de la financiación necesaria para cumplir con sus obligaciones sino que no pueden elaborar los Presupuestos del próximo año mientras Hacienda las conmina a mantener el objetivo de déficit. Se trata de una más de las perversiones del sistema de financiación autonómica que ningún Gobierno ha tenido demasiado interés en mejorar.

Paralelamente otras instituciones menos visibles acusan la situación. El Consejo General del Poder Judicial, por tantos motivos cuestionable, se encuentra en precario desde hace meses, como lo están el Defensor del Pueblo o la Comisión Nacional de los Mercados entre otras. De forma que, progresivamente, la parálisis del Gobierno, prácticamente absoluta desde hace meses, se traslada a todas las instituciones. Es probable que los ciudadanos no lo perciban de inmediato pero se traduce en ineficiencia, coste elevado y demora de cualquier proyecto mínimamente relevante, sea de inversiones, de gestión o estructural.

La situación ha llegado al límite, pero no a la solución. Habrá nuevas elecciones, probablemente, y a finales de noviembre se estará repitiendo la situación con los mismos actores. De nuevo será necesaria una coalición y de nuevo asistiremos al diálogo, pobre, entre dirigentes prisioneros de visiones estrechas del país. Con suerte, el acuerdo llegará con el turrón, sólo para anunciar una legislatura inestable, con mucho ruido y pocas nueces.

Las limitaciones institucionales justificarían por sí solas una reforma parcial de la Constitución. Algo totalmente inviable incluso como planteamiento teórico en los momentos actuales. Antes los partidos políticos tendrán que evolucionar mucho, en especial los recién llegados. Unidas Podemos sufrirá electoralmente su carácter errático y su incapacidad para  llegar a acuerdos que no sean el reparto del botín. Y Ciudadanos tendrá que sufrir las consecuencias de su inmadurez. Si habiendo ganado las elecciones catalanas, fue incapaz de tomar iniciativa alguna antes de que sus dirigentes emprendiesen la fuga hacia Madrid, si habiendo tenido en su mano la posibilidad de formar Gobierno e imponer al menos parcialmente sus políticas y la desechó, la pregunta es obvia: ¿Exactamente, para qué sirve?.

Y los dos grandes partidos tendrán que evolucionar hacia la moderación, abandonando el histrionismo que parece ser inherente a la política actual. Sobreactuaciones en asuntos menores, silencio sobre los temas importantes, acusaciones mutuas diarias sobre temas secundarios, catarata de declaraciones virtuales, huida de debates racionales,…El país está demostrando más madurez, prudencia y serenidad que sus dirigentes. No será extraño que la abstención se incremente. @mundiario

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