Las leyes de Memoria Histórica y Democrática: ¿sesgadas o necesarias?

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El mito de la Cruzada de Franco.
Se duda de que ambas leyes provoquen la vuelta atrás en un proceso que se creyó cerrado con la amnistía de 1977.
Las leyes de Memoria Histórica y Democrática: ¿sesgadas o necesarias?

Existen poderosas razones personales para que desde muy joven me documentara sobre la guerra civil y el franquismo, procurara leer todo lo escrito posible, entrevistar a sus protagonistas y a alguno de los historiadores más solventes que se ocuparon del asunto y, en suma, contrastar, todo ese caudal de información. Pero hay otras influencias personales como fueron mi propia peripecia vivida en mi familia y mi propio procesamiento por investigar y publicar cómo eran los consejos de guerra del franquismo de los ciudadanos que, tras el alzamiento, permanecieron leales a la República. Y desde esta posición ha sentido la misma aprensión que expresó Stanley Payne sobre la Ley de la Memoria histórica y ahora sobre el proyecto de Ley de la Memoria Democrática. Y sé de lo que hablo.

La gran virtud que tuvo la amnistía que enmarcó la transición fue que sentó las bases, o eso creíamos, para la reconciliación de los españoles. Y de aquella medida de gracia se beneficiaron desde terroristas de ETA que, por cierto, volverían a matar, a policías torturadores, del franquismo, cierto, pero también se trató de cerrar todas las heridas y borrar para siempre las secuelas de la guerra civil y del franquismo. Y en ese sentido, nunca vi a nadie que alabara tanto aquella medida que el comunista Marcelino Camacho, quien pasara gran parte de su vida en la cárcel por su actividad sindical, tras ser uno de los perdedores de la contienda.

Pero llegó Zapatero y con él un izquierdismo de salón, del que es continuador Sánchez, dispuesto a revisar la historia y volver a colocar a los españoles en uno u otro bando de lo que creíamos haber dejado ya en los libros de la historia. Es del todo justo y necesario que los familiares de los republicanos que pueblan las cunetas de España recuperen a sus deudos y que se les honre, reivindique y recuerde dignamente. Y eso estaba pendiente. Sin la menor duda. Pero el objetivo de tales leyes, aunque se pregone, no parece ser ese, precisamente.

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Con Enrique Lister en 1980.

Es cierto que Franco persiguió a los republicanos durante décadas y hasta inicios de los años sesenta se solventaron responsabilidades por su actuación durante la guerra civil, alguna conocida en todo el mundo. Don Manuel Azaña decía que matar a una persona es lo mismo que matar a cien, “matar es”. En este caso, se han echado muchas veces las cuentas de los asesinatos y ejecuciones que cometieron unos y otros, establecer gradaciones entre el terror anárquico y los procesos judiciales, ya fueran tribunales populares o consejos de guerra

El terrible balance de aquel drama

Sólo antes de la guerra civil, fueron muertas entre asesinatos y enfrentamientos de pistoleros de los dos bandos 2.500 personas, como macabro preludio de lo que se avecinaba. Si nos horroriza el terror de las chekas, ¿qué decir de las ejecuciones masivas de republicanos llevadas a cabo por tras la conquista italiana de Málaga o de la de Badajoz? Según Palacios y Stanley G. Payne, las estimaciones actuales permiten aventurar que en el banco republicano se cometieron 56.000 asesinatos, cifra que casi se dobla en el bando de Franco, al sumarse las ejecuciones judiciales, derivadas de los consejos de guerra que se prolongaron durante muchos años tras la guerra civil. Pero ya no es una cuestión de cifras, “matar es”. Tras el no aclarado del todo intento de golpe de Estado del 23-F de 1981, pregunté al teniente general Gutiérrez Mellado en qué pensaba cuando a cuerpo limpio se enfrentó al golpista Tejero e intentó reducirlo y me dijo “Que nunca más en España volviera a producirse una guerra civil”.

Pero, ¿por qué desde muy joven siempre quise fijar en mi conciencia una postura nada maniquea sobre aquella tragedia y sus consecuencias?  Todavía no se había desarrollado la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la Libertad de Expresión y de Investigación, cuando fui procesado por un reportaje en “Hoja del Lunes de Vigo” y el semanario “Sábado Gráfico” sobre el consejo de guerra contra una serie de vecinos de Tui, entre ellos varios médicos y un empresario, que permanecieron leales a la II República, dado que esta ciudad fue la última de Galicia en caer en manos de los militares alzados. Gracias al hijo de uno de los fusilados que había conseguido una copia del proceso que se archivaba en la Capitanía General de A Coruña, pude reconstruir aquella triste historia que llevó ante el paradón a una serie de pacíficos ciudadanos que mantuvieron el orden en la pacífica ciudad que mira al Miño. De mi caso salí absuelto, gracias a la pericia de mi abogado, y del testimonio a mi favor de la maestra Josefina García Segret, condenada a muerte, junto a su esposo, también maestro, pero que pudo salvar su vida fingiendo hallarse embarazada gracias a que un médico del lugar, hijo de uno de los fusilados, arriesgó su vida para urdir el engaño.

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Marcelino Camacho creía en el efecto de la amnistía.

Aparte de esta peripecia, hay otro hecho que me atañe especialmente: mi abuelo materno, Francisco Fernández Alcántara, que era de UGT, fue uno de los dos ferroviarios que condujo el último tren que circuló entre A Coruña y Monforte de Lemos el 19 de julio de 1936, en el que escaparon los milicianos que en vano intentaron enfrentarse a la asonada en la plaza de Lugo. Al llegar a Monforte, mi abuelo y su compañero fueron detenidos, acusados de auxilio a la rebelión y salvaron la vida de milagro, pero pasaron largo tiempo en la cárcel. El librero Antón Patiño en su libro de memorias alude al caso. No recuerdo que nunca en mi familia se hablara de ello.

Entrevista a los personajes que lo vivieron

A lo largo de mi vida como periodista, tendría ocasión de conocer y entrevistar a personajes de aquellos días de los dos lados de aquella España: desde el falangista Dionisio Ridruejo al dirigente de la CEDA Gil Robles, desde Carrillo al general Líster o el comisario Santiago Álvarez, desde el general Muinelo a los también generales Gutiérrez Mellado o Diez Alegría. También conocí y entrevisté a historiadores que lo trataron como al autor del famoso libro “El mito de la cruzada de Franco” Herbert R. Southworth. Y he tratado de hacerme una visión objetiva de aquellos hechos. Un día cayó en mis manos  el libro  “La dominación roja en España. Causa General instruida por el Ministerio Fiscal”. La versión que poseo es la cuarta edición, de 1961, editada por la Dirección General de Información en 1961. Me dirán que es un informe fascista, parcial, interesado, un recuento desde el bando franquista de los crímenes atribuidos a la República. Pero los crímenes, asesinatos, sacas y ejecuciones que allí aparecen, muy ilustrados con las fotos de aquellas desdichadas personas ocurrieron. Y ya sé que la memoria de estas víctimas ya fue reivindicada y honrada. Y por supuesto que en el banco franquista se cometieron igualmente el mismo o parecido tipo de asesinatos, tropelías y salvajadas impunes que ahora se tratan de reparar a través de la Ley de la Memoria Histórica y la Ley de la Memoria Democrática. La “Causa general” a la que me refiero reconstruye el asesinato de Calvo Sotelo, la ejecución de José Antonio Primo de Rivera (sobre el que hay un interesante libro de José María Zavala, sobre sus últimas horas y los responsables de su muerte), y se extiende por el llamado “terror anárquico” y las terribles “Chekas” del Madrid republicano, alguna tristemente famosa, dirigida por un conocido miembro del PSOE de la época, García Atadell, que era gallego.

Ahora, hasta van a remover a José Antonio, quien en todo caso fue una de las víctimas de aquella hecatombe, pues no intervino personalmente en ella. Por cierto, que sus hermanos pidieron a Franco que permitiera volver a España al juez que lo había condenado a muerte, cuya familia le pidió ese favor, a lo que accedieron. Siempre me ha impresionado la impotencia del Gobierno republicano, sin fuerza y sin medios para atajar el terror o evitar la muerte violenta de tantas personas, como está probado que lo intentaron el propio Indalecio Prieto o el mismo Azaña. Pero estos hechos son una realidad histórica que hemos de asumir.

En resumen, tal y como se han concebido, la Ley de la Memoria Histórica y el proyecto de Ley de la Memoria Democrática y lo que se anuncia me parecen un grave error por el modo en que se plantea y los confusos objetivos que dicen que se persigue. Podríamos llegar al absurdo de que hasta la investigación histórica roce el delito o que se considere apología del franquismo citar las presas que construyó Franco en ejecución de los planes hidrológico que no pudo ejecutar la República. @mundiario

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