España está dejando de financiar su ley de dependencia, aprobada con Zapatero

Cuando nacemos no elegimos nuestras capacidades físicas o intelectuales. Cuando nacemos tampoco escogemos cuántos millones de euros nos ayudarán a vivir sin dificultades el resto de nuestra existencia o cuántos accidentes o enfermedades podremos evitar. Cuando nacemos, solo sabemos una cosa; que nos han hecho una putada porque hace frío... Pero si con un poquito de suerte nacemos en una ejemplar democracia como la española no se debería tener problemas de integración si alguno de los enunciados anteriores falla… ¿o si se tienen?

La ley de Dependencia aprobada el 30 de noviembre de 2006 por una amplia mayoría de diputados durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, es más que necesaria; sin embargo esta ley no se está financiando y no está funcionando como en un principio se buscaba.

El Sistema de atención a la Dependencia se está cebando con los más vulnerables.

Según el artículo 4 de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, las personas que se encuentren en esta situación tendrán derecho, con independencia del lugar del territorio del Estado español donde residan, a acceder, en condiciones de igualdad, a las prestaciones y servicios previstos en esta Ley, en los términos establecidos en la misma.

Los dependientes son ciudadanos con derechos; sin embargo parece ser que la única solución que tienen, con la “excusa” de la crisis, son las siguientes:

> La búsqueda de caridad

> Esperar a que se den puntuales acuerdos de favoritismo político en ciertas comunidades autónomas

> En los casos más sangrantes de soledad, la indigencia.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que esta ley esté abocada a su fin, únicamente por ser impulsada en su día por un gobierno de izquierdas. 

“El sistema se destruye por inanición y tiene fecha de cierre: cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido”, aseguran desde este colectivo.

El Gobierno de Rajoy recortará 1.000 millones de euros en 2014, lo que supondrá un tijeretazo en atención a los más vulnerables de un 46,7%. Esto, junto a los recortes de los dos años anteriores supone la inexistencia de financiación para una ley que se encuentra en el limbo, con más de un millón afectados, entre dependientes y sus cuidadores familiares que verán reducidas a cifras irrisorias sus ayudas o en los casos más dramáticos, se las cancelen. Muchos aún no han recibido las ayudas mientras la muerte ya se ha llevado por delante a quiénes cuidaban y amaban. Además de haber dejado sin cotización a cuidadores (8 de cada 10 son mujeres de más de más de 45 años) que desde este mismo año, ya deben pagan su adhesión al convenio para seguir dadas de alta.

Estos recortes inhumanos afectan además a pequeñas pero enormemente necesarias pequeñas cosas; desde el ámbito de la ortopedia o el material básico en cuidados paliativos como son vías, sondas, sueros, etc. Además los dependientes se han visto afectados por la medida de la "tocada" ministra Ana Mato, que supone la retirada de 400  medicamentos crónicos de la financiación de la seguridad social, que son básicos y insustituibles para este tipo de personas (laxantes, protectores de estómago, analgésicos o antiinflamatorios).

Con la excusa del déficit público han dado vía libre para la eliminación fulminante de los derechos básicos y constitucionales de las personas dependientes. Dejarles caer en la soledad de su vulnerabilidad, es ser cómplice de sus deteriores y en el peor de los casos, sus muertes.

¿Tener que dejar de trabajar para cuidar a quiénes están en situación más débil, porque no se tiene dinero para pagar una asistencia continuada de calidad, no es digno para ser reconocido por un gobierno democrático? ¿Sabe la señora ministra de sanidad, Ana Mato, o el señor presidente del gobierno, Mariano Rajoy, lo que supone ser un cuidador 24 horas de un gran dependiente? No, no lo saben, pero es que tampoco les interesa saberlo. Este gobierno está centrado en dos asuntos: el déficit público y el beneplácito de la Sra. Merkel. Mientras, están siendo cómplices de dejar morir a quiénes les  están gritando auxilio por unas ayudas que no les llegan (o se les retiran) y que si les corresponden por derecho.

¿Qué pasaría si todos los cuidadores sociales, familiares y voluntarios dejasen de cuidar las 24 horas de los dependientes? Entonces Sr. Rajoy, sí que tendría un serio y terrorífico problema en su consejo de ministros…

Un gobierno que no cuida de los más vulnerables y necesitados de la sociedad, a costa de salvar bancos, está abocado a fenecer ética y moralmente con terribles consecuencias para las generaciones presentes y  futuras.  

“Todo indica que decenas de miles de personas con un derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo, morirán sin ser atendidos”, subraya José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Se ha reducido los niveles de dependencia en las valoraciones con el fin de “racionalizar” el gasto. Otra vez, las personas más vulnerables se convierten en meras cifras para hacer encuadrar un balance. Nos dicen desde el gobierno de Mariano rajoy que no hay dinero para la dependencia. Será que el dinero que había y hay para servicios sociales ya se lo han llevado otros para otros fines menos solidarios y más lucrativos. Pero la realidad es que con recortes de este tipo, se roban los derechos de una importante y representativa parte de la sociedad, que incluye a todos el rango de edades.

Vistos los presupuestos para el 2014, se confirma que seguirán metiendo la tijera sin piedad en servicios sociales y en sanidad; y con la coartada del déficit quieren justificar unos recortes que hace muy poco eran impensables, ya que el bienestar social básico era infranqueable (alimentación, acceso a una vivienda, asistencia social y sanidad básica). Este gobierno ha sobrepasado la línea de la roja de la ayuda social, porque buscar la riqueza de unos pocos solo hace aumentar la pobreza del resto de ciudadanos.