Legislar en tiempos de pandemia sobre la vida y la educación

Sanitarios contra la Covid-19. Twitter.
Sanitarios contra la Covid-19. / Twitter.

Las circunstancias de restricciones y de libertad condicionada, no son las adecuadas promover leyes de gran trascendencia social como Educación, eutanasia,  Poder Judicial o normas laborales.

Legislar en tiempos de pandemia sobre la vida y la educación

Son todas ellas leyes y decisiones gubernamentales que necesitan una sociedad en pleno ejercicio de las libertades, no confinamientos ni restricciones de movilidad. Son decisiones que necesitan moderación, mente fría, deseo de resolver los problemas del conjunto de los españoles, no de una parte. Es el momento de la centralidad. Es el momento de que los partidos políticos, sobre todo los que están gobernando, traten de unir al país, traten de buscar metas comunes para el conjunto de la sociedad.

Cuando estamos pendientes de una vacunación masiva que pueda permitir a la sociedad volver a la normalidad, no se puede legislar para en enfrentamiento social. Cuando la preocupación de los españoles se centra en cómo seguir adelante económicamente; cuando aumenta el número de personas a la cola de alimentos; cuando el sector hostelero, de ocio, de espectáculo no saben cómo van a sobrevivir, o cuántos van a cerrar, no es el momento adecuado. No puede un Gobierno aprovechar esta crisis social para sacar adelante leyes y normas partidistas.

 Las leyes no pueden ser aprobadas por una parte del arco parlamentario en contra de la otra parte del Congreso. No me refiero a “en contra” por ser de otra opinión, sino por legislar contra una parte de la sociedad, con no pocos visos de venganza, y en una situación social de excepcionalidad.

 Además, las normas y leyes deben tener una coherencia social. Por ejemplo: se están haciendo grandes esfuerzos por sacar adelante enfermos graves de la Covid-19 con mucha edad, con muchos recursos y con la alegría de verlos salir del hospital de alta, y al mismo tiempo se tramita una ley de la eutanasia que permite darle muerte a una persona con enfermedad grave que lo pida, en el mejor de los casos.

Después de los recursos que estamos utilizando para sanar a los enfermos, para que no se quede nadie atrás, para que, sea cual sea su edad, se logre sacar adelante, sin que ellos, en la mayor parte de los casos, puedan decir nada, ni expresar su deseo de vivir o de morir. En medio de este clima humanitario, de todo el personal sanitario volcado, exponiéndose incluso al contagio, cuando los médicos solo piensan en sanar enfermos, quieren que esos mismos sanitarios acaben con la vida de otros enfermos que se quieren suicidar, pero por imperativo legal.

En ambientes sanitarios se afirma que “el suicidio es una realidad de la que se habla poco y mal, pero que es la segunda causa de mortalidad entre los 15 y los 29 años en todo el mundo y la primera causa de muerte violenta y evitable en España, donde 10 personas se suicidan y otras 20 lo intentan cada día. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), “es una prioridad de salud pública”, pero ¿cómo poner freno a estas cifras?”

Pues bien, la ley de eutanasia sería como si se obligara a los médicos a que le dieran el empujón final a los que quieren suicidarse. Ese es el concepto de suicidio asistido, ayudar a alguien que se quiere suicidar. No parece el momento, ni la forma precipitada, ni el ambiente social ni sanitario para tal legislación.

Tampoco es el momento ni la forma de sacar adelante una ley de Educación, precipitadamente, sin consulta a los sectores implicados, sin debate social, sin necesidad, en contra de las políticas educativas de las comunidades autónomas, por lo menos las que están gobernadas por el Partido Popular con Ciudadanos, y el apoyo de Vox, o por el PNV. No existe necesidad, ni está justificado el intento de mermar la educación concertada, ni la especial, ni frenar modelos docentes exitosos, aunque no estén controlados por los sindicatos.

Hay que tener en cuenta que en España toda la Enseñanza es pública, es un servicio público garantizado por la Constitución, aunque la titularidad de los centros sea de instituciones no gubernamentales. Se rigen por las mismas normas, con las mismas asignaturas, aunque cada centro le de su estilo característico. Es más, debería haber más competencia entre centros y que se prime a los de mejores resultados. Las normas educativas deben buscar la excelencia y no la igualación de condiciones para todos, sean buenos estudiantes, superdotados, o malos estudiantes sin ningún interés por la educación.

Creo que son ejemplos suficientes para demostrar que este Gobierno de coalición no está centrado en los problemas tan graves que tiene España en el campos sanitario, económico y social. En lugar de eso promueve debates ideológicos que provocan una división social innecesaria. @mundiario

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