Las FARC piden ayuda internacional para el indulto de un jefe subversivo preso en EE UU

Washington, en respuesta a la solicitud del grupo subversivo, dice que Juvenal Ovidio continuará preso en los Estados Unidos. Está condenado a 60 años por su participación en un secuestro.
Las FARC piden ayuda internacional para el indulto de un jefe subversivo preso en EE UU

Las FARC retomaron este jueves las negociaciones con el Gobierno de Juan Manuel Santos en el Palacio de las Convenciones, en La Habana, después de tres días de debates en el II Foro sobre la participación del movimiento dentro de la política colombiana el pasado 28, 29 y 30 de abril en Bogotá.

El primer tema que tocó el grupo guerrillero en la mesa de diálogo es la solicitud de indulto a Juvenal Ovidio, alias “Simón Trinidad”, extraditado a los Estados Unidos en el 2004 y condenado a 60 años de prisión por su participación en el secuestro de tres ciudadanos americanos, que fueron liberados junto con la ex candidata a la presidencia Ingrid Betancourt en la Operación Jaque del 2008; también se le acusó de tráfico de drogas y lavado de activos, sin prosperar estas imputaciones por falta de pruebas.

Las FARC, en un comunicado leído por su portavoz, Iván Márquez, pide apoyo internacional a las organizaciones sociales y de derechos humanos para continuar con la batalla política por la libertad de Trinidad, con el objetivo de que él pueda participar en las negociaciones del proceso de paz colombiano. Washington, en respuesta a la solicitud del grupo subversivo, dice que Juvenal Ovidio continuará preso en los Estados Unidos.

Márquez continúa diciendo que la organización Wikileaks publicó un documento diplomático en donde afirma que el jefe insurgente “no tenía cargos criminales en Estados Unidos que justificaran su extradición”, afirmando que “el ex presidente Álvaro Uribe fue quien intrigó y convenció a las autoridades estadounidenses para que reclamaran su extradición” ordenando a la justicia colombiana y a la inteligencia militar que “fabricaran las pruebas de acusación”. Declaraciones a las que el Gobierno colombiano no ha respondido.

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