Laberinto de confusión política y ciudadana en España

Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. / C. Segundo
Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. / C. Segundo

Los procesos penales no concluyen el 21-D, pero la alta política brilla por sus graves carencias y en el ánimo de la calle ese día no marcará el principio del fin, aunque vencieran los constitucionalistas.

Laberinto de confusión política y ciudadana en España

Desde que en la madrugada del pasado día 8 de septiembre el Parlament iniciara el golpe contra el sistema constitucional con la aprobación torticera de la ley de transitoriedad, el Estado de derecho desnudó sus frágiles defensas y la ciudadanía entró en un proceso de confusión que, dos meses después, no ha dejado de crecer. En una maniobra insólita, pero no por eso imprevista, las autoridades políticas de Cataluña violaron la Carta Magna y su propio Estatut e invadieron como bárbaros el espacio del poder judicial, la fiscalidad e, incluso, se arrogaron hasta la posible amnistía de presos políticos. Fue entonces cuando el artículo 155 debió cobrar la fama que cosechó después, pero el Gobierno de Rajoy no valoró la gravedad del caso, o se sintió incapacitado para abordarlo, perdido en un laberinto de extrema cautela, soledad y verdades a medias. El presidente no empuñó el timón para la defensa del Estado hasta que las contundentes palabras del Rey Felipe VI tronaron en el apabullado firmamento que se cernía sobre una España otra vez sobrecogida. Pero los rebeldes secesionistas se mantuvieron firmes en sus trincheras, escoltados por una legión de seguidores amamantados en las negras urbes del independentismo. Llevaban años preparando el día cero, trucando de calumnias y falaces pasiones la conciencia ciudadana para la reconquista de una Cataluña que nunca existió. 

La rebelión estaba patrocinada y abastecida. Las subvenciones al nacionalismo campante arrojaban su más dramática rentabilidad. El acoso judicial a los ‘pastores’ Pujol y Artur Mas aceleró el ‘procés’. La situación en el frente constitucionalista también parecía propicia: El Gobierno del PP, debilitado en las urnas por los casos de corrupción que se dirimen en los tribunales, sobrevive en una tregua constante, sin músculo para responder con prontitud por sí solo, mientras que el PSOE desnortado que encabeza Pedro Sánchez flirteaba -y flirtea- con los más arriesgadas e impropias compañías. La decisión estaba tomada desde que el nacionalismo conservador cedió a los intereses espurios de ERC y al cortejo de los grupos antisistema cuyo único objetivo es erosionar hasta su derribo el régimen de 1978. La suma de oligarquía y anarquía era tan contranatural como aprovechable para un proceso de piernas largas y sin escrúpulos. ¡Qué prejuicio puede tener quien primero aniquila la Ley! 

No obstante, a pesar de tamaña afrenta, la aplicación del 155 se hizo con fórceps y con el cepo añadido de convocar comicios autonómicos en Cataluña en el menor plazo posible, el 21 de diciembre, pasados 54 días, con el tempo justo para decir “ahí queda eso” y la endeble esperanza de que Dios reparta suerte. Rajoy obtuvo el aplauso que buscaba, pero no la aprobación de cuantos creen, como decía Wiston Churchill, que el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. El cortoplacismo del Gobierno y el nunca ágil procedimiento judicial han oxigenado al soberanismo en su estrategia desestabilizadora. Cunde el desconcierto. La normativa democrática es tan nítida como generosa, los juristas se explican con ortodoxia, pero la mayor parte de la ciudadanía entiende a las malas la charlotada del ex presidente Puigdemont en Bruselas y, mucho menos, asume que los hoy encarcelados por causa de rebelión, sedición y malversación puedan comparecer en la casi inmediata cita electoral. 

Los procesos penales no concluyen el 21-D, pero la alta política brilla por sus graves carencias y en el ánimo de la calle ese día no marcará el principio del fin, aunque vencieran los constitucionalistas. No existen razones objetivas para confiar, sin más, en un tiempo nuevo y duradero de convivencia. Los engordados nidos del nacionalismo radical no se exterminan a golpes de Flix, ese antiguo insecticida del que se decía que más que matar a los insectos, solo los atontaba. Cataluña es parte del Estado y el Estado tiene que estar presente en Cataluña, al igual que en el resto de las comunidades autónomas. Proporcionalmente activo en todo cuanto tenga que ver con los intereses generales de un país descentralizado y diverso, pero no dividido en reinos de taifas. Los resultados saltan a la vista. La culpa está repartida.  

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