La crisis en Colombia se agrava tras el suicidio de una menor detenida

Un policía dispara contra los ciudadanos en Colombia.
Un policía dispara contra los ciudadanos en Colombia.

En la ciudad de Popayán, una manifestante se quitó la vida tras denunciar que sufrió abuso sexual de la policía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado el ingreso al país. 

La crisis en Colombia se agrava tras el suicidio de una menor detenida

La crisis social en Colombia no tiene cuando acabar. Un nuevo estallido de ira se ha desatado en la ciudad de Popayán, donde una menor manifestante se suicidó tras denunciar un abuso sexual por parte de cuatro agentes de la policía dentro de una comisaria. Esto provocó un enfrentamiento con las fuerzas del orden, quienes utilizaron gases lacrimógenos, tanques con chorros y cohetes aturdidores para dispersar a la masa. 

La situación se agravo a tal punto que el presidente Iván Duque envió a sus ministros del Interior y Defensa a resolver el conflicto entre la policía y los manifestantes. “Para que lideren el restablecimiento del orden público en la ciudad. Frente a lamentables hechos relacionados con joven fallecida, de 17 años, es imperativo adelantar investigación exhaustiva”, escribió. 

Según la prensa local, la joven fue detenida el miércoles por cuatro policías. Fue llevada a la comisaria en medio de forcejeos con los agentes. Después, su abuela la recogió sin -aparentemente- nada raro. Incluso, el jefe de la policía colombiana señaló que fue entregada a su familia en optimas condiciones. Sin embargo, la abogada de la joven indicó que su patrocinada estaba nerviosa, amoratada y sufría una crisis de ansiedad.

Antes de quitarse la vida, la joven reveló el abuso sexual del que fue víctima en sus redes sociales. Tras ello, la ola de indignación se instaló en Popayán. Organizaciones feministas y manifestantes se dirigieron a la dependencia policial, donde estuvo la menor, y la Fiscalía para exigir explicaciones y sanciones a los responsables. 

La identidad de la víctima fue confirmada por la oficina en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos. “Condenamos el ataque a Medicina Legal en Popayán. Urge proteger evidencias forenses que allí se encuentran y que son fundamentales para búsqueda de desaparecidos, verdad, justicia y reparación para las víctimas. Los funcionarios que se encuentran a salvo, les expresamos nuestra solidaridad”, alertó en sus redes sociales Juliette de Rivero, la representante en Colombia de la alta comisionada. 

Esto, sin duda, agrava el clima social en el país sudamericano. Los reportes que llegan a Temblores ONG y a Indepaz muestran que hay, al menos, 40 fallecidos, 362 víctimas de violencia física, 1055 detenciones arbitrarias, 30 víctimas de agresiones oculares, 16 víctimas de violencia sexual y 3 víctimas de violencia basada en género. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya solicitó al Gobierno de Iván Duque una autorización para ingresar al país el próximo 14 de mayo. Esto con el objetivo de investigar la actuación de la Policía en las protestas ciudadanas que ya cumplen más de dos semanas. 

“Confiamos en el compromiso de salvaguarda de los más altos estándares de derechos humanos por parte del Estado, espera la respuesta de esta solicitud a la mayor brevedad posible”, aseguraron. @mundiario

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