La reforma local del Gobierno de Mariano Rajoy no convence ni a los del PP
Un año después de su lanzamiento, fracasa la singular Reforma del Régimen Local, que, en palabras recientes de la vicepresidenta del Gobierno, reduciría el coste de las Administraciones en 7.000 millones de euros.
Desde el principio, la Reforma de Rajoy sorprendió a los propios, con los alcaldes populares en abierta rebelión, y a los ajenos, con toda la oposición reclamando otra norma, por distintos motivos. Durante un año el Gobierno fue incapaz de conseguir el apoyo del municipalismo, donde tiene la mayoría, ni de la oposición, ni de las comunidades autónomas. De la pretensión inicial de reducir municipios y disminuir el número de concejales electos, nada queda.
Tres son los problemas que lastran ese proyecto que ahora descalifica el Consejo de Estado. En primer lugar, el curioso planteamiento de expropiar a los ayuntamientos de sus competencias en favor de las diputaciones provinciales. Y decimos curioso porque es la primera reivindicación de éstas durante la democracia. Uno de los pocos consensos sociales que hoy tenemos es que sobre diputaciones al igual que sobre el Senado la única expectativa es su disolución. Ni se han acreditado en 34 años de existencia democrática ni han superado la vieja sombra de su origen, el clientelismo. Por otra parte, no son imprescindibles. En 12 provincias no existen, siete por ser autonomías uniprovinciales, dos más por insulares y tres por su carácter foral. Añadamos que cabildos insulares y diputaciones forales son elegidos directamente por los ciudadanos.
No existe ninguna evidencia y si muchas dudas sobre la mayor capacidad gestora de las diputaciones para prestar los servicios de los que serían expropiados los municipios. Ni por sus recursos humanos, ni capacidad financiera ni por experiencia de gestión. Todo apunta a la privatización masiva de los servicios expropiados como objetivo apenas encubierto de la reforma.
El segundo problema es el coste estándar de los servicios que plantea la Reforma. Conociendo la enorme heterogeneidad del mapa municipal es imposible fijar un criterio estandarizado, que además sería elaborado unilateralmente por el Ministerio de Hacienda. Podría pensarse en costes por tamaño de municipio y siempre corregidos por otros factores como la dispersión, la pirámide demográfica, la tipología económica, etc. El Gobierno diseña el coste estandar como excusa para la expropiación apuntada.
Finalmente queda el reparto competencial. Los municipios llevan dos décadas denunciando las llamadas competencias impropias, prestadas por necesidad pero sin amparo legal. Ahora el Gobierno plantea una profunda revisión de las mismas que ni da satisfacción a aquellos ni parte de estudios rigurosos. Es cierto que el discurso municipalista ha adolecido siempre de una cierta vaguedad y que en el dilema competencias o financiación siempre han dado prioridad a ésta pero sin perder aquellas. Una distribución competencial renovada debe considerar el actual marco autonómico en dos sentidos. En primer lugar la asunción por las comunidades de la capacidad normativa sobre la vida local, con una reserva en favor del Estado de los elementos básicos comunes. Pero si esto último no se aborda, debe considerar la negociación paralela con comunidades y municipios sobre el nuevo mapa competencial, para evitar que una Reforma apresurada sirva para liquidar masivamente servicios públicos de proximidad por asfixia financiera.
El Gobierno ha demostrado desde su inicio un notable desconocimiento del mundo local y una improvisación constante. Se ha visto obligado a hacer una concesión tras otra a sus propios alcaldes que conocían el enorme descontento de sus corporaciones. No ha trasladado a la opinión pública ninguna argumentación sólida, ni estudio solvente sobre la necesidad de abordar esa Reforma. El tiempo se agota y las elecciones municipales están a la vista. El Consejo de Estado ha puesto los últimos clavos en el ataúd del proyecto.
