La existencia de la Escuela Judicial no aminora los “males” de las oposiciones en España

¿Debe dotarse a los jueces de leyes más duras contra los violadores?
El cambio en la selección de los jueces es la reforma más necesaria, pero también la más desplazada en los programas de actuaciones del Ministerio de Justicia.
La existencia de la Escuela Judicial no aminora los “males” de las oposiciones en España

Belgique - Bruxelles - Palais de JusticeLa Justicia requiere reformas en España / Antonio Ponte via Compfight

En los años transcurridos desde la Constitución de 1978, las políticas de progreso no se han desenvuelto en el ámbito judicial con el mismo éxito alcanzado en otros sectores como, por ejemplo, la reforma y modernización de las Fuerzas Armadas llevada a cabo desde los gobiernos de Felipe González. A ello ha contribuido la singularidad de la "política” judicial que, como ya precisó el ministro Fernando Ledesma, solo puede estar al servicio de la independencia de jueces y magistrados. La insoportable deficiencia estructural que sigue obstaculizando la eficacia de la administración de justicia española y el funcionamiento en general de la administración judicial es percibida muy críticamente por los ciudadanos, y asuntos como todo lo sucedido a propósito del expresidente del CGPJ, Carlos Divar, en nada han ayudado a superar esta extendida opinión ciudadana. Son muchos los días que los periódicos anuncian algún "escándalo" por cierta resolución judicial "descabellada" o por un determinado comportamiento de la maquinaria judicial que rechina el sentido común. Sin embargo, así son las cosas: la noticia no puede ser que nuestros juzgados y tribunales resuelven cada año millones de asuntos de los ciudadanos y que del servicio que presta nuestra denostada administración judicial vivan miles de profesionales.

No se puede negar que llevemos décadas de retraso en la introducción de las tecnologías en las oficinas judiciales y que, especialmente, el sistema para el acceso a la judicatura está absolutamente desfasado, constituyendo así, a mi juicio, uno de los aspectos más determinantes que singularizan el problema judicial español. Un sistema de acceso a la judicatura que sigue estando basado exclusivamente en pruebas memorísticas consistentes en la exposición oral, en un estricto y tasado espacio de tiempo, de unas lecciones de Derecho que el aspirante a juez ha ido engullendo durante años bajo la dirección de un “preparador” que es miembro, a su vez, de la misma carrera judicial a la que se aspira ingresar. El aspirante llega así al temido examen que se celebra tras los muros del muy noble edifico del Palacio de Justicia de Madrid, sede del Tribunal Supremo, para "cantar" algunos de los 360 temas que le toquen en suerte, en un periodo tasado de 15 minutos para cada uno, ante un tribunal examinador, que está integrado mayoritariamente por magistrados. Así está un sistema muy español de acceso a la función judicial “por oposición”, establecido en la Constitución de 1869 y la Ley del Poder Judicial de 1870 -¡hace más de 140 años!-; y que, naturalmente, pide a gritos una reforma sustancial, congruente con los tiempos que vivimos y con la necesidad de reclutar para esta irrenunciable función pública a quienes cuenten con los conocimientos y habilidades precisos para encarnar el poder judicial que, como los otros poderes del Estado, "emana del pueblo" (artículo 1.2 de la Constitución).

Sometimiento estricto de los jueces a la Ley

Pero una cosa es no desconocer la lamentable realidad de nuestro modelo judicial a partir de tan disparatado método de acceso a la judicatura y otra confundir las cosas para poner en cuestión la legitimidad misma de los jueces en el propio Estado democrático. El principio informador de la actividad del poder judicial en una democracia avanzada no es otro que el del sometimiento estricto de los jueces a la Ley: "La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley", dice literalmente el artículo 117 de la Constitución. Por consiguiente, en esta sujeción al imperio de la ley elaborada por las Cortes Generales en nuestro caso es lo que asegura la legitimidad democrática del poder judicial en nuestro ordenamiento constitucional. De tal manera que los jueces quedan siempre sometidos a esa decisión de la voluntad general que se expresa en forma de ley y sobre la que jueces no pueden actuar con el mismo criterio de oportunidad que lo hacen los diputados y senadores que la aprueban: los jueces actúan en cambio solo a partir del criterio de legalidad. Cuando el juez, en particular por el anacronismo que aun supone la figura del juez de instrucción, se aparta de esa estrecha vinculación a la legalidad para adentrarse en el terreno de la especulación bien por impericia o por venalidad, no solo puede incurrir en una conducta prevaricadora, o al menos gravemente equivocada, sino que también pierde su legitimidad democrática.

La Constitución reconoce como único poder unitario al judicial, puesto que cumple dos funciones esenciales en un sistema descentralizado y federalizante. Por un lado, esa descentralización legislativa y político-administrativa queda embridada por el poder judicial, compuesto en su expresión por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley y que se integran en un solo cuerpo. Lo cual es lógico porque es el único poder, al margen de ideologías partidistas, que vértebra realmente a la Nación española. Y, por otro lado, la relevancia practica del Poder Judicial se debe también a que se le puede considerar, jurídicamente, como el guardián efectivo del artículo 14 de la Constitución, que dice que todos los españoles son iguales ante la ley. Por supuesto, ese precepto obliga tanto al Gobierno como a las Cortes, pero es el Poder Judicial el que debe aplicar en sus resoluciones que en todo el territorio nacional no haya ningún tipo de discriminación ante la ley entre los ciudadanos españoles.

División de poderes

Los jueces ejercemos un poder acorde con la división de poderes propia de la democracia que debería implicar un cuidadoso sistema de selección de sus titulares que alejara el riesgo de que pudiera prevalecer la conciencia de pertenecer a una casta intocable. es un procedimiento absurdo para seleccionar unos titulares de un poder del Estado que van a tener que resolver, con imparcialidad e independencia, complicados conflictos interpersonales, ejercer la coerción penal, arbitrar entre la Administración y los particulares, aplicar la Constitución y las leyes. Hace unos años participé en la elaboración de un estudio en la Fundación “Alternativas” sobre algunas propuestas para la reforma del acceso a la carrera judicial en España. Un texto crítico con el "modelo decimonónico de oposición memorística", recordando que la Constitución de 1978 no lo impone y que ya era además "insostenible".

La existencia de la Escuela Judicial no aminora los “males” de las oposiciones, porque los 18 meses de estancia en ella no sirven para seleccionar a los mejores -en los últimos 10 años, sólo uno de los más de 1.500 alumnos quedó excluido-, sino, más bien, para acrisolar precisamente la conciencia de casta y crear entre los futuros jueces "vínculos firmes de solidaridad corporativa". Algo similar ocurre con la “industria de los preparadores”, pilar del sistema de oposición. Son entre 300 y 500 magistrados y ayudan a los varios miles de opositores para que canten bien los temas.

No todos tributan a Hacienda

La relación preparador/opositor genera una curiosa empatía, por encima de diferencia de edades, trayectorias e ideologías; las cantidades que perciben de sus pupilos, por lo general, no tributan a Hacienda, de igual modo que la dedicación que requiere esta actividad no es tenida en cuenta a efecto de incompatibilidades. El cambio en la selección de los jueces es la reforma más necesaria, pero también la más desplazada en los programas de actuaciones del Ministerio de Justicia.

Una reforma que exigiría establecer las bases para contar con buenos jueces capaces de tomar decisiones y de razonarlas, argumentarlas en conexión con la realidad social, explicarlas a los ciudadanos, motivarlas a las partes, en suma. El derecho comparado muestra que son frecuentes en muchos países los exámenes psicotécnicos, la valoración de la experiencia profesional y las pruebas eminentemente prácticas. Baste como ejemplo el modelo holandés: se inicia la selección con una prueba de inteligencia y otra de personalidad de los candaditos a jueces, para seguidamente enviar a los seleccionados a la Escuela Judicial durante seis años, con duras pruebas teórico-prácticas, de modo que sólo serán jueces titulares tras unos años de buen rendimiento.

Es indiscutible es que entre los cambios que en justicia están todavía pendientes en España, el más necesario es precisamente el que se refiere al conjunto de las medidas legislativas, ejecutivas y presupuestarias que habría que poner en marcha para reformar de raíz el acceso a la función judicial para erradicar, de una vez, la endogamia judicial y poder incorporar así la racionalidad a la carrera judicial. Entre la apelación al corporativismo o al descrédito, hay que encontrar entre todos -responsables políticos y judiciales- el espacio donde poder ofrecer a los ciudadanos la solución a un problema tan español, y que tantos nos diferencia en Europa y en el resto del mundo.

La existencia de la Escuela Judicial no aminora los “males” de las oposiciones en España
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