La "desafección" al Movimiento fue causa de muerte civil de funcionarios en el franquismo

La expresión "desafección al Gobierno", empleada por el general jefe de Estado Mayor, Manuel Santiago, de la que tanto se ha hablado estos días, ha venido a evocar inevitablemente el recuerdo de la misma expresión, durante el franquismo, y que figura como causa y motivo de los expedientes de miles de funcionarios públicos, especialmente los maestros, y también de los cargos en los consejos de guerra que condujeron al paredón a quienes resultaban ser “desafectos al Movimiento Nacional”

La lectura de la terminología empleada en los expedientes de depuración resalta siempre que uno de los cargos de la persona depurar y condenar a la muerte civil era precisamente no haber manifestado simplemente su “adhesión el Movimiento Salvador de España” o haber mostrado simplemente alguna simpatía por los partidos republicanos, o simplemente haber asistido a un mitin de cualquier formación de izquierdas.

Pliego de cargos contra un maestro desafecto.

Lo más curioso de aquel proceso era que los acusados de ser desafectos deberían demostrar su inocencia, al contrario de lo que debería corresponder al inquisidor que debe demostrar que el acusado es culpable. Pero no sólo haber mostrado simpatía simplemente por la izquierda era prueba de desafección, sino que se consideraba tal toda intervención en la renovación pedagógica de la escuela española frente a los postulados del nacional catolicismo. Y la consecuencia para maestros y funcionarios en general era, en el mejor de los casos, la muerte civil y la expulsión temporal o definitiva de los cuerpos a los que pertenecieran. El ser desafecto tenía diversas consecuencias graduales. Si la inhabilitación no era total, si privaba al depurado para ejercer cargos directivos, de confianza y de responsabilidad política de por vida.  

El 7 de diciembre de 1936, el Presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza, el escritor gaditano José María Pemán, dirigía a los presidentes y vocales de las Comisiones depuradoras del personal de Instrucción, o sea, de los maestros, una circular que no dejaba lugar a dudas. Con él iba a colaborar como miembro de la Junta Técnica del Estado el integrista Eugenio Vegas Latapié, más tarde secretario del consejo de don Juan de Borbón y preceptor del príncipe Juan Carlos. Hay una frase que resume por si sola la filosofía de Pemán de aquel tiempo: “El Estado reserverá toda su dureza depurativa a todos los intelectuales que optaron claramente por lo antinacional o masónico, o judeo o marxista. Para ellos la salvación es imposible”.

El famoso mensaje a las comisiones depuradoras

La famosa instrucción a las comisiones depuradoras comenzaba:

Innecesario resulta hacer presente a los señores Vocales de las Comisiones depuradoras de personal docente la trascendencia de la sagrada misión que hoy tienen en sus manos. Con pensar que la perspectiva del resurgir de una España mejor de la que hemos venido contemplando estos años, está en razón directa de la justicia y escrupulosidad que pongan en la depuración del Magisterio en todos sus grados, está dicho todo.

El carácter de la depuración que hoy se persigue no es solo punitivo, sino también preventivo. Es necesario garantizara a los españoles, que con las armas en la mano y sin regateos de sacrificios y sangre salvan la causa de la civilización, que no se volverá, a tolerar, ni menos a proteger y subvencionar a los envenenadores del alma popular, primeros y mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen al mundo y han sembrado de duelo la mayoría de los hogares honrados de España. No compete a las Comisiones depuradoras el aplicar las penas que los Códigos señalan a los autores por inducción, por estar reservada esta facultad a los tribunales de justicia, pero si proponer la separación inexorable de sus funciones magistrales de cuantos directa o indirectamente han contribuido a sostener y propagar a los partidos, ideario e instituciones del llamado "Frente Popular". Los: individuos que integran esas hordas revolucionarias, cuyos desmanes tanto espanto causan, son sencillamente los hijos espirituales de catedráticos y profesores que, a través de instituciones como la llamada "Libre de Enseñanza", forjaron generaciones incrédulas y anárquicas. Si se quiere hacer fructífera la sangre de nuestros mártires es preciso combatir resueltamente el sistema seguido desde hace más de un siglo de honrar y enaltecer a los inspiradores”

El general Santiago la lío buena con lo de la "desafección".

Las comisiones depuradoras recogían informes oficiales sobre cada maestro, alcalde, cura y Guardia Civil y presidente local de la asociación de padres de familia de la localidad donde ejercía o había ejercido el maestro, así como cualquier otra información que considerara necesaria. A partir de ahí se podía rehabilitar el maestro, o si procedía, formularle un pliego de cargos que el interesado debía responder en el plazo de diez días, aportando, además, la documentación pertinente. Y aquí radicaba uno de los aspectos más perversos de la depuración: la carga de la prueba se invertía, de forma que era el interesado quien debía demostrar su inocencia, en vez de ser la comisión quien demostrara sin lugar a dudas su culpabilidad. Aunque la depuración del magisterio fue especialmente severa, similares procedimientos se emplearon con los funcionarios en general.

La depuración de funcionarios “desafectos”

Según explica en un documentado trabajo Eduardo Montagut Contreras, la depuración de los funcionarios desafectos al Movimiento, con carácter general, comenzó con la Ley del 10 de febrero de 1939, cuando la guerra seguía su curso en sus últimas etapas, como corresponde a la frase de José María Pemán, presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza, ya aludido: “el carácter de la depuración que hoy se persigue no es sólo punitivo, sino también preventivo”

Los funcionarios del nuevo Estado tenían que demostrar que eran afectos del Movimiento Nacional, sin mácula alguna en su pasado. Pero la persecución de los desafectos iba más allá y entraba en el espacio de los trabajadores no leales al Caudillo o sospechosos de no serlo, de modo que los censores franquistas imponían los que deberían ser despedido. En el sector público, según sus ámbitos, fueron nombrados los correspondientes jueces instructores que debían actuar según las órdenes de carácter general. La colaboración de la Iglesia fue decisiva y los informes de los curas párrocos determinantes.

Los funcionarios además de responder a un cuestionario sobre sus actividades políticas y sindicales antes del 18 de julio, debían demostrar que no eran “desafectos”, mediante una declaración de adhesión al Movimiento. Las explicaciones de los sometidos a expediente de depuración eran contrastadas con informes de carácter político realizados por la Policía, la Guardia Civil, la Falange y el Servicio de Información Militar. Los avales de personas adictas al régimen eran determinantes, como contrapeso.  Pero si se advertían indicios de desafección, el juez abría expediente de depuración y no era preciso demostrar aquella, sino que el acusado debía probar que era inocente, o sea, afecto.

En el peor de los casos, hasta la muerte civil y la separación del servicio, se imponían otras sanciones desde el traslado forzoso, la postergación, la inhabilitación con suspensión temporal de empleo y sueldo. Pero lo más insólito, es que el organismo al que perteneciera el funcionario tenía capacidad de rebajar o incrementar la decisión del juez, y en su caso, devolver el expdiente para incrementar la sanción.

Franco en Barcelona recibiendo adhesiones.

Pero como suele ocurrir, la actuación de las comisiones represoras no fue uniforme en todo el territorio, las hubo más laxas y más severas. En todo caso, era la aplicación retroactiva de las presuntas responsabilidades de los servidores del Estado que habían cumplido su trabajo con el Gobierno legítimo. La mera tibieza con el nuevo régimen ya era sospechosa, aunque no se diera ninguna otra significación especial. El ser avalista de un funcionario o maestro sospechoso era arriesgado y podía convertir al garante en objeto de examen de su propia conducta en una espiral sin fin. En el mes de marzo de 1939, la Jefatura de Ocupación de Barcelona anunció que serían sancionados aquellos que avalasen a los considerados como “rojos notorios”. Y como era de esperar por la picaresca española surgió un mercado de venta y falsificación de avales. Los funcionarios que se resistieron a la depuración fueron declarados culpables y separados del servicio sin necesitar de abrir un expediente. Sin más. Y los que estaban en el exilio perdieron su condición y empleo para siempre por desafectos. @mundiario