La caída del Rey

No será la caída del Rey Juan Carlos I en una cacería la que termine con su prestigio y tal vez con el de la institución que representa, ni su vida íntima más o menos azarosa, sino las maniobras para lucrarse al margen de la Ley, de la mínima ética exigible en su cargo y en claro perjuicio de su propia biografía.

Conviene recordarlo: Juan Carlos fue Jefe del Estado a título de Rey por una decisión del dictador Francisco Franco, revalidada una década más tarde en la Constitución como parte de las cesiones pactadas entre distintos sectores políticos para instaurar un régimen democrático. Y fue así con el desagrado expreso de la entonces oposición política. Posteriormente su ejecutoria institucional le granjeó el aprecio generalizado y el respeto de quienes no lo habían apoyado.

Durante muchos años su conducta privada se mantuvo al margen del debate público e incluso de la información publicada, mediante un pacto no escrito con los medios de comunicación y gracias a la protección de las estructuras de seguridad del Estado. Todo ello finalmente fue abandonado a medida que se iban filtrando amistades peligrosas. Hasta llegar al momento de su abdicación forzada por las circunstancias. Nuevas informaciones posteriores llevarían a su heredero a renunciar formalmente a su herencia, si bien se le mantuvo el título de Rey emérito.

Lo que desde hace meses se investiga en distintos frentes, la Audiencia Nacional, la Fiscalía suiza y un medio de comunicación británico, está confluyendo ahora en el Tribunal Supremo. Los detalles relativos al ejercicio de comisionista o intermediario de comisionistas, son muchos y escandalosos. De las informaciones publicadas se deduce que habría recibido cien millones de euros en agradecimiento de la Casa Real saudí por lograr una rebaja en el precio del AVE a La Meca construido por un consorcio de empresas españolas. Al tiempo, una representante suya habría pactado con el citado consorcio, la recepción de una cantidad similar por gestiones de intermediación. Tan elevados honorarios no se corresponden con horas de trabajo o gastos necesarios sino que apuntan a una forma indirecta de trasladar sobornos a la cadena de intermediarios actuantes en el contrato citado.

Todavía más, el monarca habría constituido fundaciones en territorio helvético para el flujo de esos recursos, parte de los cuales habrían ido a parar a manos de una persona íntimamente relacionada con él, se desconoce el concepto, no siendo creíble la declaración de la misma atribuyéndolo al afecto.

La impunidad con la que parece haber actuado el Rey, es similar a la que han mostrado en el pasado otros importantes dirigentes, como Rodrigo Rato o Jordi Pujol, probablemente en la convicción de que eran demasiado poderosos para caer. Afortunadamente, lo que no ha resuelto el poder político con sus medios lo van poniendo de manifiesto la Justicia o la prensa en condiciones más precarias.

Ni es creíble que una persona tan próxima al Jefe del Estado no haya sido cuidadosamente investigada por el aparato del Estado, ni se sostiene que el Gobierno no tuviese información suficiente sobre los contubernios de las empresas citadas para adjudicarse el contrato, en el que mediaron gestiones gubernamentales y diplomáticas. Las empresas citadas en la investigación, una decena, tendrán que ofrecer mucha información sobre actuaciones ilícitas y sobre la presunta connivencia con quien ejercía la Jefatura del Estado.

Como en casi todos los casos de corrupción, la política ha sido incapaz de prevenir o corregir las conductas, menos aún de crear condiciones que las hagan inviables. El daño a la credibilidad de las instituciones ya está hecho. Sólo cabe esperar de la Justicia que con sentencias rigurosas sancione las conductas de quienes han mostrado no estar a la altura de sus responsabilidades. @mundiario