Kuczynski y la comisión investigadora de Lava Jato se enfrentan en Perú

Pedro Pablo Kuczynski es cuetionado de haber liderado el proceso de licitación de la Interoceánica
Pedro Pablo Kuczynski.

El jefe de Estado ha señalado que no recibirá al grupo parlamentario que busca interrogarlo por su papel en la Carretera Interoceánica Sur, cuando era ministro de Economía y Finanzas durante gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

Kuczynski y la comisión investigadora de Lava Jato se enfrentan en Perú

Una nueva disputa se avizora entre el Gobierno y el Congreso en Perú. La polémica ahora se centra en la negativa del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a recibir a la comisión parlamentaria que investiga el Caso Lava Jato en el país andino, desde inicios de este año.

La historia de la fricción política entre ambos poderes del Estado comenzó cuando –precisamente- el mandatario peruano señaló en una entrevista a la emisora radial RPP que “era un circo” el grupo congresal, que buscaba su testimonio para saber su papel dentro de la concesión de la Carretera Interoceánica Sur en los tramos II y III a la constructora brasileña Odebrecht, acusada de abonar una coima de US$ 20 millones por esta licitación al hoy prófugo y expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), sobre quien pesa una orden de prisión preventiva.

“Yo no me voy a reunir con la comisión, no tengo ninguna obligación de reunirme. Contamos con varias opiniones de constitucionalistas muy reconocidos que dicen que yo debo contestar esto por carta, cosa que estoy haciendo”.

A raíz de esta declaración, los diputados que forman parte de la comisión rechazaron las expresiones de Kuczynski. La fujimorista Rosa Bartra – titular del grupo de trabajo- manifestó que la actitud del mandatario provocaba el inicio de una innecesaria confrontación entre Ejecutivo y Legislativo, que por aquellos días coordinaban la presentación de la primera ministra Mercedes Aráoz Fernández para pedir el voto de confianza.

En la sesión de la investidura al Gabinete Ministerial,  el pasado jueves 12, la mayoría fujimorista de Fuerza Popular aprovechó la oportunidad para criticar duramente las expresiones de PPK al señalarlo de no tener la disposición de colaborar con las investigaciones por la Interoceánica. Otros sectores políticos como el aprismo, Acción Popular y un sector de la izquierda también cuestionaron al presidente.

Sin embargo, tras idas y venidas, el Gobierno salió airoso cuando se confirmó que Aráoz Fernández logró que sea ratificada en su cargo. Aunque, el pedido de la comisión Lava Jato seguía latente. El último lunes, cuando era abordado por la prensa en su viaje a la región de Puno, Kuczynski volvió a decir que no iba a recibir a nadie.

El argumento que, días anteriores, empleó para su decisión fue la forma poco agradable cómo otro grupo parlamentario que viene a ser Fiscalización,  lo interrogó en Palacio de Gobierno por el sonado primer escándalo de su gestión y que tuvo como protagonista a ex asesor Carlos Moreno – acusado de corrupción por supuestos hechos delictivos en torno al Seguro Integral de Salud y sus convenios con clínicas privadas, en febrero.

El presidente dijo que se encuentra amparado el artículo 117 de la Constitución, el cual le da la facultad de responder por escrito las preguntas que se le solicite. “Yo no voy a recibir a la Comisión Lava Jato. Tenemos una carta que contesta los temas y les vamos a pedir que nos hagan preguntas específicas, porque ellos han dado temas generales".

La respuesta, no obstante, llegó de inmediato del Congreso. El vocero fujimorista Héctor Becerril anunció una acusación constitucional contra PPK por no declarar cuál fue su rol cuando era ministro de Economía y Finanzas durante el régimen de Alejandro Toledo.

Diputados como Mauricio Mulder (Apra) y Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), en tanto, se mostraron críticos con que un pliego de preguntas se le dirija al jefe de Estado dado que –señalaron- las respuestas no iban a ser dadas por él sino por sus abogados o asesores, quienes no podrían contribuir a las investigaciones.

Varios analistas – dentro de la discusión de que si el presidente de la República debe responder o no- han sostenido que no tiene una obligatoriedad para hacerlo ni tampoco una acusación como se quiere plantear.

Preguntas respondidas

Dentro de esta intención del Congreso para el presidente Kuczynski, se recordó que éste ya había declarado por su participación en la Interoceánica Sur ante la primera comisión Lava Jato del Parlamento. Durante la campaña electoral del año pasado, el economista respondió a la citación dada por el entonces diputado Juan Pari.

El documento de la sesión, publicado por el diario El Comercio, revela que PPK deslindó en cinco puntos del pliego de preguntas. En primer lugar, negó su participación con la Ley 28670, iniciativa del ex diputado de Perú Posible Gilberto Díaz aprobada en el enero del 2006. Esta norma declaró de necesidad pública la construcción de los tramos I, II y III de la carretera Interoceánica Sur.

Sobre la exoneración de la evaluación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para la Interoceánica, dijo que la hubiera firmado sí no – en ese momento- estaba en el Perú. El ex ministro de Educación, Jaime Sota Vidal, fue quien firmó el dispositivo legal para que el proyecto sea aprobado rápidamente.

El entonces candidato de Peruanos por el Kambio, además, confesó que sí existieron estudios de pre factibilidad de la carretera e hizo referencia a las investigaciones que hizo el Parlamento, durante el segundo gobierno de Alan García, y la fiscalía sobre la concesión de la obra.

También negó que él no recibió ni se reunió con nadie antes de que el gobierno de Toledo le diera la concesión de la obra a la firma brasileña. Y por último acusó una persecución política en su contra cuando –por aquellos días- se encontraba peleando punto por punto para entrar a la segunda vuelta, donde derrotaría a Keiko Fujimori, actual lideresa opositora de su gobierno.

La corrupción de la constructora brasileña Odebrecht -como se recuerda- se descubrió en diciembre pasado cuando Jorge Barata declaró que U$S 29 millones fueron pagados en sobornos para obtener licitaciones de obras importantes entre el 2005 y 2014, involucrando a tres gobiernos. Sin embargo, hasta el momento, esta cifra no cuadra ya que se ha contabilizado más dinero que fue por el conducto de la corrupción. @mundiario

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