Un juzgado investiga fraude electoral en Melilla por indicios de compra de votos por correo

Oficina de Correos en Melilla. / RR.SS.
Oficina de Correos en Melilla. / RR.SS.

La Policía Nacional también investiga una supuesta trama de compra de hasta 10.000 sufragios por la vía postal, según ha confirmado la Delegación del Gobierno.

Un juzgado investiga fraude electoral en Melilla por indicios de compra de votos por correo

El Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla ha abierto una investigación por una posible trama de compra masiva de votos por correo en la ciudad autónoma, tras la avalancha de solicitudes de sufragio por la vía postal y que la Policía Nacional detectara una serie de indicios que indicarían que bandas especializadas a la compra de votos estarían detrás, según ha confirmado la Delegación del Gobierno, que agregó que el caso se encuentra bajo secreto de sumario.

La Junta Electoral de Zona (JEZ) se ha reunido este jueves de forma extraordinaria, y ha acordado que los ciudadanos que hayan pedido el sufragio por correo tendrán que identificarse con su DNI en la oficina de correos para poder entregar el sobre con la papeleta de votación. Se trata de una medida inédita que busca obstaculizar el trabajo ilegal de las bandas de compra de votos, que hasta ahora supuestamente se aprovechaban de que un solicitante del voto postal debía identificarse para pedir la documentación, pero no para entregar después el sobre en Correos, que podían ser depositados por una tercera persona, que incluso podía entregar decenas de papeletas y en diferentes ciudades.

“Aunque en esta ciudad la experiencia viene demostrando que el porcentaje de electores que optan por esta modalidad de voto es muy superior a la media nacional, este porcentaje se ha disparado en relación con los comicios inmediatamente anteriores. Estas cifras son insostenibles, y sin mayor esfuerzo intelectivo hacen pensar que pudieran existir irregularidades en el proceso del voto por correo”, afirmó la JEZ en el acta de la reunión, según recoge El País.

Para este jueves, las solicitudes de voto a distancia ascendían a 11.002, un 19,94 % del total y una cifra que supone más del doble de las elecciones municipales de 2019. Estos números están muy por encima de los de la media nacional, cuyo porcentaje es del 2,84 %, mientras que el de Ceuta es de 3,30 %. En Melilla los datos siempre han sido altos, así como la incidencia de casos de compra de votos es recurrente, pero para estas elecciones se extremó el volumen de solicitudes por correo.

Agresiones a repartidores de Correos

El sistema de votos actual permite que el votante recibe la documentación de manos del cartero en casa, y que debe identificarse con el DNI, pero que cualquier persona puede entregarlos de vuelta a la oficina de Correos, e incluso varios sobres. La sospecha de compra de votos surge cuando una persona entrega alrededor de una docena de sobres en varias oficinas o en otras ciudades, por lo que se han reforzado las medidas de seguridad en las sedes postales internas y externas, así como en el puerto y en el aeropuerto.

Según datos de la Delegación del Gobierno, hasta poco antes de que la JEZ anunciara la medida de entregar el sobre con el DNI, se habían recibido unos 700 sobres en las oficinas. La semana pasada se registraron hasta cinco agresiones contra repartidores para robarles alrededor de 80 envíos de papeletas, por lo que las autoridades fueron obligadas a reforzar la seguridad para que los carteros fueran escoltados por agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Policía Local.

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha confirmado a TVE que la Policía Nacional tiene una investigación en marcha por un posible caso de fraude electoral, con la presunta compra de hasta 10.000 votos por correo.  “Podríamos estar hablando de un tercio de representantes de la Asamblea de Melilla”, ha asegurado la delegada tomando como referencia el número de votantes de 2019.

Los captadores de estas bandas se encargan de localizar a los votantes, generalmente familias desfavorecidas y jóvenes, a los que les ofrecen pagar entre 50 y 150 euros por cada voto, así como de encontrar a los partidos políticos dispuestos a pagar para alterar los resultados. Fuentes jurídicas han indicado que incluso los propios políticos suelen acudir voluntariamente a estas bandas y se ponen en contacto para ejecutar el fraude electoral.  @mundiario

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