De lo justo a lo legal
La idea de justicia permea a lo largo y ancho de las construcciones sociales. No cabe duda de que la constitución de los Estados nacionales tuvo como idea buscar un mecanismo institucional organizado para construir orden, progreso y justicia. La definición más sencilla de justicia reza así: principio moral que inclina a actuar y juzgar con respeto a la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. En México la batalla por la justicia ha estado muy ligada al combate a la pobreza y no es para menos.
Nuestro país ha batallado por décadas por construir justicia social. Uno de los intentos más recientes fue en el sexenio de Carlos Salinas (1988-1994), gobierno en el que se construyó una política de combate a la pobreza que, con diferentes cambios, continuó vigente hasta 2018. Pocos recuerdan hoy aquel famoso Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) que tuvo como bastión y ejemplo el municipio de Chalco y Valle de Chalco. Tal fue el impulso que pretendía dar ese programa a la reducción de la pobreza que hasta acuñó un concepto guía de la nueva era pretendida: el liberalismo social.
En ese contexto, muchos notaron señales de que el entonces presidente Salinas pretendía extender su mandato más allá de los seis años constitucionales, que dicho sea de paso es el dogma medular de la política en nuestro país, sufragio efectivo, no reelección. En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encendieron señales de alarma que, entre otras cosas, prepararon el terreno para el annus horribilis de 1994.
A continuación, los cuatro presidentes que sucedieron el cargo continuaron con algunos ajustes la misma idea de política social o combate a la pobreza, sin muchos resultados plausibles a pesar de que internacionalmente fueron reconocidas varias de las estrategias de esa política. Lo que resultó central en la debacle de la clase política y de los partidos políticos en 2018 fue que todos esos gobiernos instauraron una forma de hacer política que combinaba y estaba dominada por los negocios, la política como negocio, que culminó con el periodo 2012-2018 como uno de los más aberrantes en términos de escándalos de corrupción que casi desmantelaron a las míticas PEMEX y CFE.
En 2018 la elección y el voto popular hicieron lo que durate décadas y generaciones se soñaba imposible: castigar de manera ejemplar a la clase política y sus partidos con un apoyo inédito al partido de Andrés Manuel López Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), al que no solo otorgaron la presidencia sino la casi mayoría absoluta en ambas cámaras, lo que en ciencia política se conoce como gobierno consolidado.
Hasta ese momento los enormes problemas de desigualdad e injusticia estaban fuera del discurso oficial pero sus efectos y productos eran más que evidentes: pobreza, desigualdad, violencia, y poca, muy poca esperanza en el futuro. Por eso mismo, el cambio discursivo del Presidente López Obrador refrescó el ambiente político y puso en el centro algo que había sido ignorado: la importancia de la gente en la construcción del país, el apoyo a toda esa población que pocas veces había sido el eje de las palabras del gobernante.
En ese tenor, la idea de transformación ha pegado fuerte en amplias capas poblacionales a pesar de que no queda claro qué significa y hacia dónde va esa ola de cambios, tanto que en días recientes una serie de reformas al Poder Judicial culminaron con la discusión sobre la validez de la ley en un contexto de proyecto político es decir, estamos discutiendo si es válido adecuar las leyes a una idea particular de una camarilla política aun cuando haya aspectos de evidente contradicción constitucional, algo así como si la realidad no se adapta, hay que adaptarla a las leyes y no al revés.
Este asunto no es menor, ya que lleva el trasfondo de discutir el país que queremos o quiere la mayoría a pesar de que la minoría haga evidentes esas contradicciones. Es una batalla entre lo justo y lo legal pero aderezado con la trascendente discusión sobre lo válido que puede ser modificar el marco jurídico a pesar de ir contra la tradición jurídica que, a su vez, responde a un proceso histórico y a episodios de violencia social que llevaron a que nuestras leyes y su espíritu sean como son. @mundiario
