La justicia peruana ratifica la prisión preventiva de la excandidata Keiko Fujimori
La excandidata presidencial es investigada por los dudosos aportes financieros a sus campañas electorales del 2011 y 2016. La resolución judicial –publicada por el diario El Comercio– señala que no existe peligro de fuga por parte de la hija del expresidente Alberto Fujimori
Un juzgado peruano ratificó este viernes la prisión preventiva de 36 meses para la lideresa de la oposición, Keiko Fujimori, quien es investigada por los dudosos aportes a sus campañas electorales del 2011 y 2016. La decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, integrada por los jueces Octavio Sahuanay, Jessica León e Iván Quispe, respaldó el fallo del juez Richard Concepción Carhuancho contra la excandidata presidencial en octubre pasado.
La resolución judicial –publicada por el diario El Comercio– señala que no existe peligro de fuga por parte de la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). Sin embargo, el colegiado indica que la obstaculización del proceso para investigar el presunto delito de lavado de activos cometido por Keiko Fujimori, es el argumento principal para que siga en prisión.
El pedido de prisión preventiva por 36 meses para Keiko Fujimori fue formulada por el fiscal provincial José Domingo Pérez, quien integra el equipo especial del caso Lava Jato en Perú. El fiscal Pérez acusa a la lideresa de Fuerza Popular de ser la presunta jefa de una organización criminal que realizó blanqueo de capitales en su campaña electoral del 2011. Fujimori recibió 1,2 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus actividades proselitistas ese año.
El fallo judicial resulta un nuevo golpe para Keiko Fujimori, quien escribió -en sus redes sociales- que “lamentaba la ratificación de la prisión preventiva por 36 meses”. La defensa legal de la lideresa opositora, Giulliana Loza, anunció que presentará un recurso de casación ante la Corte Suprema. En caso no proceda la solicitud, el Tribunal Constitucional será la última vía para buscar la liberación de Fujimori. El máximo intérprete de la Constitución peruana podría ordenar su excarcelación como lo hizo con el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia en junio pasado.
En la resolución que confirma la prisión preventiva para Fujimori, también se ordenó las liberaciones de otros integrantes de la presunta red criminal liderada por la excandidata presidencial al interior de su partido Fuerza Popular. Las apelaciones de sus asesores Vicente Silva Checa, Ana Herz Vega, el tesorero Luis Mejia Lecca, fueron declaradas fundadas.
Por la noche se conoció que la Interpol capturó en Italia al empresario Giancarlo Bertini, quien es acusado de camuflar los aportes para la campaña electoral de Keiko Fujimori en el 2011. Bertini había fugado en noviembre pasado a Bolivia cuando se realizaban las audiencias para decidir las prisiones preventivas de los investigados del caso Cócteles. La justicia peruana ha comenzado los trámites de extradición para que cumpla los 36 meses de arresto preventivo que se le impuso.
Crisis en la Fiscalía
La situación de incertidumbre continúa en el Ministerio Público peruano. Tras realizarse una Junta de Fiscales Supremos de emergencia, se conoció que el fiscal general, Gonzalo Chávarry, se negó a renunciar al cargo a pesar de los cuestionamientos en su contra por entorpecer las investigaciones del caso Lava Jato.
Los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Tomás Gálvez le pidieron a Chávarry que dimita a la jefatura del Ministerio Público por la crisis de institucionalidad que enfrentan. En respuesta, según varios medios de comunicación, señaló que “iba a tomar una decisión en las próximas horas o días”.
Chávarry, quien es acusado en un informe de la fiscal Sandra Castro de pertenecer a la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, continúo con su defensa para aferrarse como fiscal general de Perú. En su cuenta de Twitter, rechazó el proyecto legislativo presentado por el presidente Martín Vizcarra para declarar en emergencia el Ministerio Público. Como respuesta al golpe del Ejecutivo, solicitó al Congreso que investiguen al mandatario por haber declarado que los fiscales José Pérez y Rafael Vela fueron destituidos ilegalmente del equipo especial Lava Jato.
Varias bancadas del Congreso le han pedido a Chávarry que renuncie. Sin embargo, el fiscal general peruano no brinda ninguna señal de abandonar su cargo. “Así hayan varias marchas, no me dejaré intimidar”, dijo ante las masivas movilizaciones que se realizaron en los últimos días en su contra en Lima. @mundiario
