Justicia y medios públicos: Pilares para una democracia
La radio y la televisión pública siguen siendo un derecho inadmisible de pernada de los gobiernos y de los partidos. Es un hecho grave de corrupción y evidencia una inquietante falta de sentido democrático la injerencia de los gobiernos en los medios de comunicación.
En esos estereotipos en que solemos simplificar la historia, sin duda a Mariano Rajoy lo equipararemos con la corrupción institucional y, si en algo más lo habremos de recordar (yo prefiero no hacerlo), será por la porfiada capacidad de negar cualquier evidencia en contra suya o de su partido y, sobre todo, por esa táctica tan suya, absurda por incongruente, de negarse a sí mismo.
Hace ahora un año, en una entrevista en Radio Nacional de España (entonces, su radio) Rajoy decía lo siguiente: “Soy partidario de tener una televisión pública independiente y financiada, y que no sea objeto de las disputas entre nadie”. Y el entonces presidente ponía como ejemplo la BBC en el Reino Unido. En la misma entrevista abogaba por un consenso entre partidos para conseguir ese modelo de radio y televisión públicas propias de un sistema democrático. Meses después se llegó al consenso que sugería el presidente, lo que implicaba una gestión algo más razonable para RTVE. Pero el propio gobierno de Rajoy paralizó el trámite. Los medios de comunicación públicos, que pagamos todos, siguieron secuestrados, siendo meros órganos de propaganda del PP, con una programación generalista zafia y unos informativos que recordaban aquellos otros que llamábamos “el parte”, durante la triste etapa de la dictadura franquista.
Se habla de un Estado democrático cuando la soberanía popular se ejerce por medio de elecciones libres. El sufragio universal es lo que garantiza la soberanía popular y da legitimidad a todos los poderes del Estado. Entre ellos, la Justicia, que ha de ser totalmente independiente del poder político. En eso reside el supuesto básico de la democracia. Pero no hay una verdadera democracia si no se apoya en dos pilares principales: la Justicia independiente y los medios de comunicación públicos igualmente independientes.
A mediados de los años ochenta, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, emprendida por el entonces gobierno de Felipe González (PSOE), modificaba y pervertía el principal órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, haciéndolo depender del poder político. Esa modificación, todavía vigente, ha prostituido nuestro sistema judicial y lo ha desacreditado ante la sociedad. Prueba de la perversidad de esa reforma son los sucesivos nombramientos de jueces y fiscales designados a dedo por el Gobierno de Mariano Rajoy, según su grado de adicción al PP, y los ceses de los desafectos, para intentar librarse de las numerosas causas de corrupción que comprometían y al partido en el gobierno y hoy siguen comprometiendo mayormente al Partido Popular.
El otro sostén de una democracia real, que permite a la ciudadanía conocer fielmente el estado de la cosa pública y poder formarse un criterio consistente a la hora de elegir a sus representantes en las instituciones del Estado, son los medios de comunicación públicos, que como su nombre indica no pertenecen al gobierno de turno, sino a todos los ciudadanos.
En la cuestión de los medios públicos no hemos avanzado nada. La radio y la televisión pública siguen siendo un derecho inadmisible de pernada de los gobiernos y de los partidos políticos. Es un hecho grave de corrupción y evidencia una inquietante falta de sentido democrático la injerencia de los gobiernos en los medios de comunicación. Lo que está pasando con RTVE o la Televisión de Galicia, por poner un ejemplo cercano, es una apropiación indebida de un bien que es de todos.
Si hay algo esencialmente inexcusable, en favor de la democracia, que debería emprender el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, nacido de la moción de censura (a mi entender, muy necesaria para la regeneración política), sería las reformas de la Justicia y de los medios de comunicación públicos. Eso permitiría dar un gran paso en firme a nuestro dañado sistema democrático. @mundiario
