Justicia culpa a Lesmes y dice que el Gobierno evitó por prudencia exponer al rey en Barcelona

Tras la confirmación de lo que era evidente, por parte del ministro de Justicia Juan Carlos Campo, que se vetó la presencia del Rey en la entrega de despachos a la última promoción de jueces de la Escuela Judicial de Barcelona, para sacarlo del foco de las esperadas reacciones ante las decisiones del Tribunal Supremo –-la sentencia sobre el recurso de la inhabilitación de Torra—que estaba a punto de producirse y de sus efectos, cabe una pregunta. ¿La decisión del ejecutivo fue prudente o fue cobarde?

Según el titular de Justicia, aparte del entonces inminente fallo del Tribunal Supremo sobre todo, la cercanía del aniversario del 1-0 aconsejaba no exponer al rey a los avatares que podría desencadenar su presencia en Cataluña, y que sería aprovechada por los independentistas. Esta explicación suscita alguna pregunta: ¿es que el Estado no dispone de recursos para garantizar la estancia del jefe del Estado en una parte del territorio nacional determinada con plena seguridad en todos los sentidos? Y aparte de ello, ¿es normal institucionalmente en cuanto al funcionamiento ordinario del Estado que aquel, en cuyo nombre se dictan las sentencia, moleste cuando está a punto de producirse un fallo dentro de la mecánica ordinaria de la Administración de Justicia de ese Estado?

Evidentemente, el Gobierno se plegó a lo que el ministro calificó de “razones que desaconsejaban su presencia". Pero si todo esto era así, ¿por qué no se aplazó el acto de Barcelona para poder encuadrarlo en otro momento que no coincidiera con otros asuntos conflictivos? Si el asunto era no alterar la “convivencia”, el Gobierno pudo insistir para que presidente del TS y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes aplazara el acto. Si la competencia de convocarlo era de Lesmes es evidente que se produjo una colisión entre dos poderes y cabría esperar que este último hubiera sido más razonable. Por lo tanto, este hecho hace que el asunto haya de ser examinado desde otra perspectiva: Sabido esto el asunto adquiere otro sesgo, puesto que no se trata de que el Gobierno y la Casa Real se enfrentaran, sino que si Lesmes se aviene se hubieran facilitado las cosas. Pero persiste la duda de si, en todo caso, se debería haber mantenido la prevista presencia del Rey, siendo responsabilidad del Gobierno que pudiera hacer con el adecuado resguardo y carácter simbólico del repetidamente invocado funcionamiento normal del Estado.

En resumen, revelados otros elementos de la polémica, y pese a la ausencia del Rey, el ministro de Justicia, al hacer balance, concluye que el acto se desarrolló “dentro de la normalidad institucional”, al que sólo asistieron 8 vocales del CGPJ. Faltaron 20 alumnos y tres de los cuatro presidentes de los tribunales superiores de Justicia invitados y que no se invitó a la consejera de Justicia de Cataluña. En ese sentido, volvió a cargar contra Lesmes como organizador del acto, lo que, según el ministro, refleja que es urgente llevar a cabo la renovación del Consejo General del Poder Judicial, actualmente en funciones y en prórroga. Y en el mismo sentido, el ministro ubicó la llamada del Rey a Lesmes, tras las explicaciones de la Casa Real, en un acto puramente de cortesía formal, sin que pasara de ahí ni se le pueda dar otro sentido.

Es evidente, pues, que el asunto debe ser reconsiderado a partir de que bien se pudo esperar a que la entrega de los despachos se aplazara como quería el Gobierno. La duda, dado que Lesmes mantuvo empecinadamente la fecha, era si el Gobierno acertó y si tiene razón por los motivos que aconsejaron impedir la presencia del rey. @mundiario