La Justicia de Canarias suspende el protocolo sobre la acogida de menores migrantes
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido suspender de manera provisional y “cautelarísima” el protocolo del Gobierno canario destinado a la recepción de menores migrantes no acompañados que llegan a las islas. La medida, adoptada antes de escuchar a todas las partes y de estudiar a fondo el caso, responde a una petición del Mnisterio Público, que criticó duramente el plan del Ejecutivo regional, liderado por Fernando Clavijo (Coalición Canaria). El protocolo impone nuevos trámites que podrían mantener a los menores bajo custodia policial durante horas e incluso días, algo que ha generado preocupación entre los defensores de los derechos de los niños.
La resolución del TSJC, fechada este viernes, argumenta que el protocolo introduce “una innovación no poco relevante del régimen jurídico actualmente en vigor”. Aunque el Gobierno canario defendió el plan como una medida para garantizar los derechos de los menores, el tribunal concluyó que su aplicación podría comprometer la entrega inmediata de los niños a las autoridades autonómicas encargadas de su cuidado. Esta preocupación ya había sido señalada por la Fiscalía, que advirtió de que, si el protocolo se ejecutaba, los menores podrían quedar en situación de “desamparo” y “desprovistos de atención inmediata” tras ser rescatados en el mar o interceptados al llegar a la costa por la Guardia Civil o la Policía Nacional.
El tribunal subrayó la importancia de mantener el “statu quo” normativo actual, debido a la sensibilidad y vulnerabilidad del colectivo afectado, es decir, los menores migrantes. Los jueces Pedro Hernández, Jaime Guilarte y José Suay, que firmaron la resolución, destacaron que en este caso debe prevalecer el “principio de elemental cautela”. Además, sugirieron la necesidad de fomentar la colaboración institucional para abordar de manera coordinada el fenómeno de la inmigración irregular, que afecta de manera singular a la Comunidad Autónoma de Canarias.
El protocolo suspendido fue impulsado por el presidente canario, Fernando Clavijo, y publicado la semana pasada en el Boletín Oficial de Canarias. Establecía una serie de requisitos previos para que la comunidad autónoma aceptara a los menores migrantes, incluyendo una reseña policial completa, una entrevista, un acto formal de entrega entre agentes nacionales y autonómicos, y la confirmación de plazas disponibles en los centros de acogida. Estas exigencias fueron calificadas como inviables por fuentes policiales, que señalaron que, en situaciones de emergencia, resultaría complicado cumplir con estos trámites de manera efectiva y sin poner en riesgo a los menores.
El Gobierno defiende su protocolo
Antes de que se conociera la suspensión provisional del protocolo, la consejera canaria de Presidencia, Nieves Lady Barreto, defendió el plan del Ejecutivo regional. Barreto aseguró que el protocolo respondía a una posibilidad jurídica existente y que se adaptaba a la realidad de Canarias. “El procedimiento está en marcha. Los menores están siendo entregados con foto, ficha y nombre, que era lo mínimo que se podía pedir. Están perfectamente atendidos, pero es necesario cumplir un protocolo para garantizar sus derechos”, explicó la consejera.
El conflicto de competencias entre el Gobierno central y el canario sobre este asunto será abordado en una reunión que mantendrán ambas partes el próximo lunes. Según Barreto, el Ejecutivo de Fernando Clavijo defenderá la legalidad del protocolo, aunque confía en alcanzar un acuerdo con el Gobierno de España. “La mayoría de las veces llegamos a un acuerdo cuando nos sentamos a dialogar”, afirmó la consejera, quien subrayó la importancia de la cooperación en este tipo de cuestiones.
Entre los argumentos del TSJC para suspender provisionalmente el plan, se destaca que el protocolo no incluía una previsión expresa sobre el inicio de su vigencia, lo que podría haber generado confusión respecto a su aplicación inmediata. La Fiscalía, por su parte, denunció que el protocolo vulneraba el principio de igualdad y la Convención de los Derechos del Niño, además de suponer una discriminación hacia los menores extranjeros no acompañados en comparación con otros menores en situación similar. @mundiario