La Justicia avanza en su investigación contra Kirchner por el caso Nisman

Un juez argentino ha girado la orden de enfilar al menos 50 medidas de prueba contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, como parte del proceso en el que ésta está envuelta por supuestamente haber cubierto al grupo de iraníes que atacaron la sede de AMIA, una mutual judía establecida en la capital Buenos Aires. Esta causa tiene su raíz en la denuncia que presentó en 2015 el fiscal Alberto Nisman, quien perdió la vida cuatro días después por un tiro en la sien cuatro días después de aquello. El fallecido hizo público que la Administración Kirchner firmó un memorándum con Irán en 2013 en el que se anticipaba la toma de declaraciones a los procesados en la causa AMIA en retorno de retirar las órdenes de captura que ya tenía la Interpol, así como la firma de nuevos tratados comerciales entre ambas partes. El juez Daniel Rafecas votó la acusación en dos ocasiones argumentando "inexistencia de delito" pues ni el memorándum, ni los acuerdos comerciales ni la solicitud a la Interpol fueron concretadas en ningún momento. El año pasado, en diciembre, la Cámara Federal de Casación Penal dio la orden de apartar al juez y abrir nuevamente el expediente, que ha sido tomado por jueces que ahora trabajan a toda prisa para apurar plazos.

Ariel Lijo, recién estrenado magistrado, responsabilizó de la investigación al fiscal Gerardo Pollicita hace dos años. Al momento de emitir su fallo, Lijo solicitó instrumentar las pruebas que había solicitado en aquel instante y así poder concretar si existió de verdad un deliberado encubrimiento a los atacantes de la mutual judía, en la que 85 personas perdieron la vida. Ahora, el fiscal a cargo liderará allanamientos, citación de testigos e intercepción de llamadas entre los individuos envueltos en el caso. La propia Fernández no es la única funcionaria importante en el expediente, pues militan también diputdos e importantes líderes kirchneristas, e incluso Héctor Timerman, a la sazón (1994) canciller.

La expresidenta ha reiterado que no tiene nada que ver con las acusaciones ni con el atentado. En su defensa ha dicho que en el caso del acuerdo comercial con Teherán es una materia entre dos gobiernos, por lo que no puede ser llevado a los tribunales. También ha defendido a sus ministros y exministros, a quienes ha limpiado de ser un aparato de encubrimiento. No obstante, la muerte de Nisman, quien llevó el caso durante 11 años, no hizo sino acrecentar las dudas por las misteriosas causas que la envolvieron.

El jurista fue encontrado en su vehículo hace dos años, sin que hasta la fecha se haya podido terminar de esclarecer si se trató de un suicido o de un asesinato. La segunda opción es evidentemente la más defendida hasta por la familia de la víctima, y ahora con el caso en las cortes federales, ha tomado más fuerza. La investigación de este suceso siempre ha tenido influencia y relación directa con la investigación hecha a los políticos envueltos. Mauricio Macri desclasificó los documentos referentes a este caso, pero sus 14,000 páginas arrojan un sinfín de preguntas. @hmorales_gt