Junts obtiene competencias en inmigración a cambio de no bloquear los decretos
En un giro inesperado, Junts per Catalunya optó por no participar en la votación de tres decretos presentados por el Gobierno, facilitando la aprobación de dos de ellos. Según la formación independentista, este cambio de último minuto se logró mediante concesiones significativas del Ejecutivo, incluyendo la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la transferencia de competencias sobre inmigración a la Generalitat y esfuerzos para atraer de vuelta a Cataluña a empresas que se fueron durante el proceso independentista.
La cúpula cercana a Carles Puigdemont, expresidente huido de la justicia española, lideró la negativa de Junts a participar en la votación, expresando reticencias tanto sobre el contenido de los decretos como sobre la falta de negociación previa con los independentistas. Aunque el decreto sobre el subsidio de desempleo fue finalmente rechazado debido a la negativa de Podemos, Junts mantuvo en secreto su estrategia, esperando la aprobación de una reunión extraordinaria de la Ejecutiva del partido que al final dio el visto bueno al pacto obtenido por Míriam Nogueras en Madrid.
Las negociaciones entre Junts y el PSOE se prolongaron durante el día, buscando cambiar el “no” previamente anunciado por el partido independentista. Los acuerdos alcanzados revelan una cuidadosa preparación, con Junts logrando concesiones que tensarán su relación con ERC, que a partir de ahora desempeñará un papel más secundario dentro de las formaciones soberanistas que apoyan al Ejecutivo de coalición.
Aunque Junts puede afirmar que no respaldó al Gobierno de Pedro Sánchez al abstenerse en la votación, en la práctica, esto equivalió a apoyar los dos decretos aprobados ya que, al no participar en la aprobación, se permitió que saliera adelante con la escasa mayoría simple de la investidura.
Entre las concesiones obtenidas por Junts se encuentra la publicación inmediata de datos para calcular las balanzas fiscales de la Generalitat y la delegación de competencias sobre inmigración mediante una ley orgánica específica. El acuerdo también incluye la rebaja del IVA del aceite al 0 % y la asunción por parte del Estado de los costes de descuentos en el transporte público. Aunque algunos puntos aún no están claros, como el alcance de la asunción de costes, la controversia sobre posibles multas a empresas que no retornen a Cataluña fue mitigada.
La nota de Junts destaca que su cambio de postura se traduce en "un acuerdo para mejorar el autogobierno y las condiciones de vida de los catalanes". Contrapartidas adicionales incluyen el reconocimiento de la singularidad histórica de Cataluña en la reforma de normativas de gobiernos locales y más financiamiento para la digitalización de la justicia. @mundiario