La jueza del 8-M es acusada de abrir una causa general contra las autoridades
La causa abierta por la juez del juzgado de Instrucción de Madrid contra el delegado del Gobierno tras negarse a prohibir la marcha del 8-M como consecuencia de la crisis sanitaria sigue generando polémica. Ahora, la Abogacía del Estado avanza contra la investigación abierta por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel sobre la celebración de manifestaciones en plena expansión del coronavirus.
En un recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid, que ha adelantado El País, el órgano dependiente del Ejecutivo acusa a la juez de abrir “una causa general contra las distintas autoridades y administraciones competentes”.
Asimismo, le atribuye una vulneración del derecho de defensa del actual delegado del Gobierno en Madrid y único imputado, José Manuel Franco; así como de saltarse el decreto de alarma e iniciar una investigación “prospectiva” en busca de indicios de delito.
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El comunicado de la Abogacía, de 19 páginas y que ha avanzado está cargado de señalamientos, como la “sorprendente celeridad” de la juez al admitir a trámite la denuncia: la recibió el 20 de marzo y, tres días después, dictó el auto que da origen a la causa.
Además acusa a la magistrada de incumplimiento del decreto del estado de alarma, que suspendió los plazos procesales y, según el órgano dependiente del Ejecutivo, solo autorizaba a los instructores a seguir adelante con actuaciones “urgentes” en las causas sin presos ni detenidos. Las decisiones de Rodríguez-Medel “no eran, en modo alguno, inaplazables”, concluye el recurso, que afirma que estas prisas generan indefensión en Franco.
La juez ya tuvo en cuenta el decreto de alarma en la apertura de la causa. En su auto del 23 de marzo, recordaba a los forenses y a la Guardia Civil sus efectos y les añadía que, por tanto, “quedaban facultados para demorar en el tiempo la presentación” de los informes que les había solicitado. Sin embargo, la Abogacía se remonta a la decisión original de tramitar la denuncia que da lugar al caso: “No era urgente ni inaplazable incoar diligencias resolviendo acerca de la admisión a trámite de aquella, máxime cuando al hacerlo se acordaban diligencias de instrucción que perfectamente, podrían haberse acordado, y así debería haberse hecho, una vez alzado el estado de alarma”.
Este escrito de la Abogacía se conoce después de que se haya disparado la tensión por el caso 8-M. A la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos le siguió el escrito enviado por la juez al secretario de Estado de Seguridad para advertirle de que había dado órdenes a los agentes de la Guardia Civil para que solo le informaran a ella de sus averiguaciones. Aunado a eso, pocas horas después presentaba su dimisión el número dos del instituto armado, el teniente general Laurentino Ceña. @mundiario
