El juez procesa a la infanta Cristina, hermana del rey de España

La infanta Cristina. / teinteresa.es
La infanta Cristina. / teinteresa.es

La Casa del Rey expresa su "pleno respeto a la independencia del poder judicial". El fiscal recurrirá. La infanta podría renunciar a sus derechos sucesorios, como gesto personal ante la ciudadanía.

El juez procesa a la infanta Cristina, hermana del rey de España

La Casa del Rey expresa su "pleno respeto a la independencia del poder judicial". La infanta podría renunciar a sus derechos sucesorios, como gesto personal ante la ciudadanía. A su vez, la Casa Real podría retirarle el título de Duquesa de Palma.

 

El juez José Castro decidió mantener la imputación y procesar a la infanta Cristina, hermana del rey de España, por los delitos de fraude fiscal y blanqueo de dinero por su papel en el 'caso Nóos'. Ahora llegará la apertura del juicio oral. Para el instructor, la hija del rey Juan Carlos I se benefició de los negocios ilegales de su marido, Iñaki Urdangarin, cuyos beneficios iban a Aizoon, propiedad del matrimonio al 50%.

La Casa del Rey expresó su "pleno respeto a la independencia del poder judicial". Por su parte, la infanta podría renunciar a sus derechos sucesorios, como gesto personal ante la ciudadanía. A su vez, la Casa Real podría retirarle el título de Duquesa de Palma. Ambas actuaciones son por ahora meras conjeturas.

Así, pues, Cristina de Borbón sigue imputada por blanqueo de capitales y por dos delitos fiscales cometidos por su marido Iñaki Urdangarin, a través de la sociedad compartida Aizoon. Por su parte, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ya avanzó que recurrirá el auto porque "sigue sin existir ningún elemento en contra" de la infanta Cristina.

El juez de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, considera que la hermana del rey Felipe VI empleó dinero de la sociedad para gastos particulares sin relación alguna con la actividad de la mercantil, nutrida de fondos procedentes de grandes empresas y de contratos irregulares del Instituto Nóos, liderado por su marido, con administraciones públicas, principalmente de Baleares y de la Comunidad Valenciana durante los mandatos de Jaume Matas y Francisco Camps, ambos del PP.

Los duques de Palma nunca repartieron beneficios, pero si adquirieron con cargo a la empresa propiedades inmobiliarias, reformaron y decoraron el palacete de Pedralbes, en Barcelona, celebraron fiestas familiares, viajaron y pagaron las nóminas del personal doméstico.

Para el juez de Instrucción número 3 de Palma, sin el advenimiento de la infanta Cristina para crear Aizoon, su marido tampoco habría podido cometer delitos fiscales en el 2007 y el 2008, cuando tributó a través de la sociedad rentas del trabajo por sus asesorías a grandes firmas, aminorando en 337.000 euros el pago a Hacienda.

El pase a procedimiento abreviado del magistrado supone un punto y seguido, ya que será la Audiencia Provincial de Palma la instancia que al resolver los recursos decidirá quién se sentará en el banquillo del 'caso Nóos'. Lo más probable es que la decisión no se tomará antes del verano.

El juez de Instrucción número 3 de Palma  ha sacado del auto final del caso, de 167 folios, menos que el auto anterior, al secretario personal de las infantas Cristina y Elena, Carlos García Revenga, y al vicealcalde de Valencia, Alfronso Grau, entre otros.

Qué es el caso Nóos
La investigación del llamado caso Nóos se inició como pieza separada número 25 de la macrocausa del Palma Arena, un velódromo ciclista construido durante el gobierno de Jaume Matas en Baleares cuyo coste pasó de 48 a 110 millones de euros sin un solo contrato. Siguiendo el hilo, el juez de Instrucción número 3 de Palma se topó con contratos suscritos entre la Administración balear y el Instituto Nóos a dedo. La misma fórmula que antes se había iniciado en la Comunidad Valenciana, bajo el mandato de Francisco Camps, también del PP, como el ex ministro Matas.
De las arcas públicas de ambas comunidades autónomas salieron más de seis millones de euros hacia la fundación altruista que hasta marzo del 2007 presidió Iñaki Urdangarin, a quien sucedió su exsocio, Diego Torres, cuando saltó el escándalo por la denuncia del diputado socialista Antonio Diéguez en el Parlamento balear.
Para entonces, habían organizado tres ediciones del Valencia Summit, dos Forum Illes Balears, unos juegos europeos fallidos y participado del patrocinio del equipo ciclista Illes Balears.
Los entonces socios Urdangarin y Torres disponían de un entramado de sociedades mercantiles, como Aizoon, a las que desviaban la mayor parte de esos fondos mediante facturas ficticias o hinchadas. Se repartían los beneficios al 50%, según la investigación, que también ha observado cruces de facturas y empleados ficticios para deducir más gastos y pagar menos impuestos a Hacienda.
El negocio siguió funcionando después con la Fundación Cultura, Deporte e Integración Social, que llegó a operar en paraísos fiscales.
Las defensas de Urdangarin y de Torres defienden la legalidad de los contratos suscritos y la veracidad de los conceptos facturados, aunque no actuaron al unísono. Torres llegó a dejar sobre la mesa del juez de Instrucción número 3 de Palma correos electrónicos con referencias a mediaciones del Rey Juan Carlos I en los negocios de su yerno.

 

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