El juez cita a declarar a Bárcenas en la investigación sobre sobornos
La trama de corrupción del Partido Popular pica y se extiende. El financiamiento ilícito de la fuerza política más grande de la oposición española es prácticamente inocultable, pues la evidencia arroja cada vez más luces sobre lo que presuntamente se constituyó como una red de sobornos a empresarios para conseguir donaciones y sobrefacturaciones con el incentivo de las concesiones de obras públicas en jugosos contratos con el Gobierno, no solo durante el mandato de José María Aznar, sino también, posiblemente, en el de Mariano Rajoy. Es ahí donde entra en juego la pieza clave de este tablero.
Y es que el juez Santiago Pedraz, que mantiene y encabeza en la Audiencia Nacional una línea de investigación abierta sobre el delito de cohecho (soborno) reflejado en la caja B del PP, ha decidido citar a declarar el próximo lunes a Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular. El motivo subyace en que la contabilidad paralela de esa organización política estuvo alimentada por los capitales obtenidos con donaciones e ingresos no declarados a Hacienda. Entonces, además de cohecho, Rajoy, Bárcenas y otros altos dirigentes del PP pueden estar incurriendo en un delito de evasión de impuestos. Sin embargo, Bárcenas declara bajo juramento para obtener beneficios procesales que reduzcan su condena a 12 años de cárcel.
El magistrado Pedraz ha tomado esta decisión tras la última confesión del extesorero popular. El testimonio de Bárcenas dejó en evidencia su predisposición a colaborar en esta etapa del caso Gürtel, que aún permanece en instrucción, y después de que el tribunal que se encuentra actualmente juzgando la contabilidad paralela del PP haya decidido suspender la vista oral hasta, como mínimo, hasta el próximo martes. Pedraz ha programado el interrogatorio para las 10.30 de la mañana.
Por lo tanto, la actitud de Bárcenas lo deja en posiciones de mucha desventaja jurídica para obtener beneficios procesales, pues si Rajoy declara en su contra, entonces el expediente de consideración y negociación de la pena del extesorero quedaría suspendido si llega a comprobarse algún tipo de complicidad en el caso Gürtel y en la contabilidad de la caja B del PP.
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Las pesquisas sobre el cohecho, donde puede existir un nexo entre las donaciones de empresarios españoles a la caja b y la adjudicación de contratos públicos con el Gobierno, es una causa derivada de la investigación sobre la contabilidad paralela que comenzó a juzgarse el pasado lunes en la Audiencia Nacional. El PP habría financiado sus campañas electorales con dinero proveniente de sobornos, lo que a su vez podría tener un origen en lavado de capitales si la caja B está ligada a empresarios con antecedentes de evasión de impuestos y financiamiento ilícito.
Esta línea de la instrucción judicial se archivó en 2014 ante la falta de pruebas, pero se pudo reabrir tras los avances en otras tramas (como Lezo) y las confesiones de varios implicados en otros juicios, que desembocaron en la megatrama donde el PP todavía tiene el agua hasta el cuello. Según adelantó El País, Pedraz ha puesto la lupa sobre 600 millones de euros en obras concedidas durante los Gobiernos de José María Aznar, así como en distintas concesiones de la Comunidad de Madrid durante la gestión de Esperanza Aguirre, ambos del PP y con reservas financieras que pudieron haberse extendido hasta la dirección de Mariano Rajoy cuando este fue presidente del Ejecutivo. @mundiario
