Los jueces catalanes inician el proceso para aplicar la amnistía a Mas y Torra

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). / Wikipedia.
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). / Wikipedia.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) consulta a la Fiscalía y a las defensas sobre cuatro casos ya juzgados y uno pendiente relacionado con el 1-O.
Los jueces catalanes inician el proceso para aplicar la amnistía a Mas y Torra

La promulgación de la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ya está teniendo repercusiones judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado el primer paso este martes, solicitando a las partes involucradas en cinco casos judiciales que se pronuncien sobre la posible aplicación de la amnistía. Entre los casos afectados se encuentran los de los expresidentes de la Generalitat, Artur Mas y Quim Torra, así como otro relacionado con la organización del referéndum ilegal del 1-O. Poco después, el Tribunal Supremo también se sumó a esta iniciativa, especialmente en las causas relacionadas con el procés y el Tsunami Democràtic, ambas vinculadas al expresidente Carles Puigdemont.

La sala civil y penal del TSJC ha emitido cinco providencias solicitando a las partes que, en un plazo de 10 días, presenten sus alegaciones sobre la revisión de estos casos a la luz de la nueva ley de amnistía. De estos casos, cuatro ya han sido juzgados y condenados, y la amnistía implicaría la extinción de la responsabilidad penal, incluyendo la anulación de las penas de inhabilitación y la cancelación de antecedentes penales. Los condenados por desobediencia en estos cuatro casos son: Artur Mas (junto a las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau) por la consulta del 9-N de 2014; Quim Torra por no retirar símbolos independentistas en período electoral; el exconcejal de Lleida de la CUP, Pau Juvilla, por no retirar lazos amarillos; y el exalcalde de Agramunt, Bernat Solé, por desobedecer las órdenes judiciales respecto al 1-O.

El quinto caso pendiente de juicio, programado para el 2 de octubre, afecta a Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y la consejera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga, todos ellos de ERC y acusados de desobediencia, prevaricación y malversación agravada por su implicación en el referéndum del 1-O.

En sus resoluciones, el TSJC recuerda que la ley de amnistía permite a los tribunales revisar sentencias firmes de oficio o a instancia de las partes, siempre previa audiencia del ministerio fiscal y de las partes implicadas.

El independentismo ha reaccionado rápidamente. ERC ha presentado 37 solicitudes de amnistía para miembros del partido condenados o implicados en causas judiciales. Por su parte, Jordi Turull, secretario general de Junts, ha solicitado al Tribunal Supremo la extinción de su responsabilidad penal. Turull, condenado por sedición y malversación a 12 años de cárcel y otros 12 de inhabilitación, argumenta que la ley de amnistía debe aplicarse en su caso, pues la sentencia del Supremo no atribuyó enriquecimiento personal sino la aprobación de gasto destinado al referéndum.

El número exacto de personas que podrían beneficiarse de la amnistía no está claro. Òmnium Cultural estima que 1.616 ciudadanos podrían acogerse a ella, mientras que fuentes gubernamentales mencionan alrededor de 400 beneficiarios. La amnistía incluye a los organizadores de las consultas ilegales de independencia del 9-N de 2014 y el 1-O de 2017, y a los participantes en los disturbios tras la sentencia del procés en 2019. @mundiario

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