La judicialización de la política produce titulares en lugar de resultados
La deriva judicial de los asuntos políticos es constante desde hace ya bastantes años. No persigue tanto discernir responsabilidades penales como crear un clima de sospecha sobre la legalidad o transparencia de las decisiones adoptadas por los gobernantes. Una vez fijada la imagen de quien es acusado como presunto delincuente es más sencillo intentar descalificar toda su gestión. El recurso no por burdo es inútil. Cuando la política funciona casi exclusivamente para producir titulares en prensa o mensajes en las redes sociales, ningún recurso es desaprovechado. Ni siquiera los accidentes o catástrofes. Si hay muertos, la morbosidad aumenta. No solo en España. Trump fue sometido hace un año a un procedimiento de destitución a partir de una historia rocambolesca.
La pandemia no podía ser excepción. El archivo de diligencias contra el Delegado del Gobierno en Madrid ni cierra el caso, pues cabe apelación, ni incide en otras causas abiertas. Debe distinguirse entre las demandas con fundamento abiertamente político de aquellas otras promovidas por los ciudadanos afectados y que habitualmente persiguen el establecimiento de responsabilidades administrativas y en su caso de indemnizaciones. En la pandemia habrá muchas demandas de este último tipo pues las circunstancias en las que han fallecido muchas personas internadas en residencias de mayores, ofrecen una casuística que deberá de ser discernida en los tribunales.
La campaña lanzada por la oposición contra el Gobierno a cuenta de la pandemia, tiene su correlato en la similar campaña contra la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Quienes en la primera son acusados, en la segunda son acusadores. Las acusaciones persiguen el mismo objetivo: descalificar y si es posible eliminar a competidores. Todo envuelto en el altisonante ropaje de las causas éticas. Empíricamente se puede afirmar que ese tipo de campañas tiene poco futuro judicial pues es difícil probar que los gobernantes adoptan decisiones contrarias al interés general con las informaciones y recursos disponibles en el momento de la decisión. Si no hay voluntad delictiva, el error, las circunstancias imprevistas, la mala ponderación de los factores o simplemente el azar pueden explicar los resultados pero de ahí no se deriva condena judicial.
En cualquier caso las campañas citadas no siendo efectivas no dejan de ser útiles. El desgaste que producen en los acusados, la distracción que introducen respecto de los problemas principales, la incerteza del proceso judicial, son factores que durante un tiempo retrasan el programa de los gobernantes acusados. También los acusadores sufren aunque no sean siempre conscientes. La prioridad asignada al desgaste, de carácter negativo, frente a la política propositiva, será percibida antes o después por los electores. Si éstos están fuertemente polarizados no influirá en su voto pero una amplia franja de la población decide su voto en cada elección.
Es posible que esa reflexión haya influido en la votación del Ingreso Mínimo Vital, aprobado sin votos en contra, algo poco frecuente, siendo objeto del apoyo del Partido Popular. Algo que sin embargo no ha ocurrido en otros frentes igualmente necesarios. En el ámbito educativo, varias de las principales Comunidades se han negado a votar la propuesta del Ministerio. Ciertamente ésta carecía de recursos e incluso de ambición, como si los meses académicamente perdidos no hubiesen permitido reflexionar, discutir y pactar iniciativas de mayor contenido.
Idealmente, los políticos nunca deberían de acudir a los Tribunales excepto para defender su honestidad. Por ello conviene ser escépticos ante cualquier procedimiento judicial que tenga su origen directo o indirecto en la lucha política. Por mucho que se argumente, estará viciado de origen y sus objetivos alejados del interés general. En términos coloquiales, sólo se tratará de quemar y eliminar a los competidores. @mundiario
