Juan Carlos I presenta una segunda regularización fiscal por más de 4 millones

Rey Juan Carlos I. / Twitter
El rey Juan Carlos I. / Twitter
La clave está ahora en si la segunda regularización fiscal evidencia o no que la primera no fue del todo “completa y veraz”, como exige el artículo 305.4 del Código Penal, ya que en ese supuesto se podría abrir la puerta al delito fiscal. Todo un debate jurídico por delante, a la vista de las investigaciones.
Juan Carlos I presenta una segunda regularización fiscal por más de 4 millones

Juan Carlos I ha pagado más de cuatro millones de euros al fisco en una segunda regularización fiscal por rentas no declaradas. El País ha revelado que el rey emérito, expatriado en Emiratos Árabes Unidos desde agosto, ha presentado otra declaración voluntaria ante la Agencia Tributaria por las rentas no declaradas que suman más de ocho millones de euros de pagos en especie.

​Fuentes conocedoras de la operación han detallado que Juan Carlos I ya abonó "sin consentimiento previo", el pasado 9 de diciembre, 678.393 euros al fisco, correspondientes a una deuda tributaria de 2016 a 2018, cuando había abdicado y perdido el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado.

El importe incluía "intereses y recargos" y aunque reconocía el fraude, intentaba eludir el delito fiscal al adelantarse a presentar la regularización antes de recibir una comunicación por investigación. La legislación prevé que cualquier contribuyente puede evitar ser acusado de delito fiscal si abona su deuda antes de que Hacienda o la justicia le notifiquen el inicio de actuaciones.

El artículo 305.4 del Código Penal, clave

El artículo 305.4 del Código Penal considera “regularizada la situación tributaria” si se procede al completo reconocimiento y pago de la deuda, sin que la Administración Tributaria haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación o "antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”.

La declaración voluntaria por los ocho millones de euros, presentada por la defensa del rey emérito a la Agencia Tributaria, responde a los pagos que Juan Carlos I recibió en vuelos de una compañía de jet privados pagados por la fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans. El País subraya que el disfrute de dichos vuelos se considera un pago en especie, de obligatoria tributación como IRPF a Hacienda.

El pago de estos cuatro millones de euros se estudiaba desde hace meses, pero hasta ahora no se había ejecutado debido a la dificultad que han vivido el rey emérito y sus asesores para hacer frente a la millonaria cifra.

Juan Carlos I deberá demostrar el origen del dinero con el que ha pagado a Hacienda, mientras es investigado por tres causas distintas: el supuesto cobro de comisiones ilegales en las obras del AVE a La Meca adjudicadas por 6.500 millones a un consorcio español; la disposición de dinero de un empresario mexicano por parte del rey emérito; y la presunta posesión de sociedades en paraísos fiscales con fondos millonarios. 

En definitiva, la clave está ahora en si la segunda regularización fiscal evidencia o no que la primera no fue del todo “completa y veraz”, como exige el artículo 305.4 del Código Penal, ya que en ese caso se podría abrir la puerta al delito fiscal. Todo un debate jurídico por delante, a la vista de las investigaciones que se vayan conociendo. @mundiario 

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